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Mala hierba

Arbitraje de inversiones: la inseguridad jurídica contra la democracia

Publicada el 13/10/2021 a las 06:00

“Inseguridad jurídica” es el eufemismo sinvergüenza por el que los inversores conocen a la soberanía popular. Guarden la frase porque les va a hacer falta. La escribí hace unas semanas a raíz de la guerra que las eléctricas mantienen contra nuestro país, también es aplicable a la campaña contra la próxima ley de vivienda. Grandes empresas, fondos de inversión, políticos de la derecha y propagandistas de estómago satisfecho recurren a este concepto para defender sus intereses, es decir, los de la minoría privilegiada del dinero contra la democracia. No se trata de que los Estados no respeten la propiedad privada o cambien las leyes de forma opaca para hurtar el dinero de los inversores, sino que cuando legislan para proteger el interés común de las ansias especuladoras desmedidas son acusados con este eufemismo: la seguridad jurídica parece sólo entenderse de acuerdo a los índices de beneficio privado.

Todo esto me ha venido de nuevo a primer plano a raíz de un interesante informe publicado por el Transnational Institute titulado Del sueño solar de España a la pesadilla legal. En él se explica un problema al que nuestro país se enfrenta que está pasando desapercibido para la opinión pública: en la última década hemos recibido más demandas de arbitraje de inversión que cualquier otro Estado, acumulando más de 50 casos, en los que se nos reclaman más de siete mil millones de euros. Se diría que para algunos España sólo existe como concepto arrojadizo, nunca como una comunidad nacional a la que defender de los intereses privados: pulserita rojigualda, reverencia y alfombra a los fondos buitre.

¿De dónde surge este conflicto? A mediados de los dos mil se puso en marcha el Plan de Energías Renovables con el objetivo de desarrollar nuestra producción energética en líneas verdes. Se aprobó el Real Decreto 661/2007 que otorgaba primas y tarifas al sector fotovoltaico haciendo que las inversiones alcanzaran rentabilidades de hasta el 30%. En un contexto donde la crisis inmobiliaria ya se intuía, los capitales acudieron prestos a la llamada: el verde de la energía y los billetes eran todo uno. Para el año 2008 había instalada 8 veces más potencia de energía solar de la prevista en el plan que finalizaría en 2010: mientras que todos asistíamos a la explosión de la burbuja del ladrillo, otra se acababa de crear. La consecuencia más inmediata es que había una descompensación de 2.000 millones de euros que recaería sobre la factura eléctrica.

En los siguientes años se legisló para adecuar las primas a la inversión: nadie dejaría de ganar dinero, tan sólo lo haría en una menor cantidad, además de por el propio negocio, por contar aún con estas ventajas. Algo que los fondos no aceptaron, recurriendo al arbitraje de inversiones, donde se halla el gran problema de fondo. España, toda la UE, están entre los 53 países que firmaron en los 90 el Tratado Carta de la Energía, cuya finalidad no declarada era asegurar los intereses de las grandes empresas de la Europa occidental en los países de la recién desaparecida URSS. Dos décadas después este tratado está siendo utilizado por esos grandes inversores contra los Estados que lo promovieron: el neoliberalismo no conoce banderas.

¿Cómo? El Tratado Carta de la Energía, como otros muchos tratados de comercio, establece que la forma de solucionar los conflictos entre los Estados y los fondos y grandes empresas es mediante el arbitraje de inversiones, una auténtica justicia privada y paralela patrocinada por Instituciones como el Banco Mundial. Así, aunque el Tribunal Supremo fallara en 2014 a favor del Estado, considerando que obtener rentabilidades cercanas al 7% no constituía un trato discriminatorio, la gran mayoría de inversores decidieron acogerse a la abstracta regulación del tratado internacional, básicamente pensado para que el mundo del dinero pueda enfrentarse a los intereses públicos y ganar los litigios. España pierde el 83% de los casos energéticos, teniendo que pagar una serie de compensaciones millonarias, además de dedicar toda una sección de la abogacía pública a este conflicto. Sólo en costas y gastos judiciales el Estado ha tenido que invertir 60 millones de euros.

El arbitraje internacional de inversiones es un club opaco de abogados especializados y supuestos expertos que se constituyen en jueces aplicando sesgadamente unas normas ya de por sí tendentes a beneficiar al sector privado. De las 50 demandas pendientes, una ha sido discontinuada, 26 están pendientes de resolución, 4 han sido favorables a España y 19 a favor de los inversores, la mayoría sociedades pantalla para ocultar a los fondos buitre. De hecho el 89 % de los demandantes contra el Estado español no son empresas de energía renovable, sino entramados ligados a la especulación. Quienes también ganan en las demandas contra España son los bufetes, toda una industria jurídica especializada. Entre la británica Allen & Overy y la estadounidense King & Spalding manejan prácticamente la mitad de los casos. El tercer bufete, con 9 demandas, es el español Cuatrecasas.

Como decía al principio del artículo y como reconoció el Tribunal Supremo, todas estas demandas están provocadas por ganar menos dinero, no por perder, algo que por otro lado debería entrar dentro de la naturaleza de cualquier inversión: el riesgo. Pero no sólo. La gran mayoría de litigios van hacia un escandaloso más allá. Estos arbitrajes han sentenciado que se violaron “las expectativas de los inversores a futuro”: imaginen a un sindicato denunciando a una empresa porque sus trabajadores pensaron que iban a ganar más, atendiendo no a los convenios colectivos, sino a sus expectativas. Muchos de estos fondos de inversión estiman al alza sus inversiones. Foresights, por ejemplo, invirtió 25,8 millones de euros para adquirir sus intereses en tres instalaciones fotovoltaicas, pero exige 64 millones de euros. Watkins adquirió una cartera de valores de parques eólicos en 2011 y la vendió en 2016 con un beneficio de 42 millones de euros. No obstante recibió otros 77 millones de euros en compensación en el laudo final.

Más de la mitad de los demandantes, por otro lado, invirtieron a partir de 2008, multiplicando su flujo de dinero en años posteriores, cuando se empezaron a aplicar medidas de corrección a las ayudas, por lo que eran conocedores de la situación de cambio legislativo que se estaba produciendo. Cabe preguntarse si el negocio, a priori, no era ya el de las demandas mediante el paraguas de la Carta de la Energía y la mediación del arbitraje de inversiones, y no la del por sí opíparo negocio fotovoltaico. Lo cierto es que entre estos demandantes no hay ni siquiera una personalidad jurídica clara, denunciando a España mediante sociedades pantalla desde terceros países, Luxemburgo y Países Bajos, con la intención de evitar las legislaciones nacionales.

De todo este episodio podemos concluir varios elementos que, inmersos en una segunda ola de incremento de inversiones en energías renovables, deberían estar en primera línea del debate público para evitar que el país vuelva, en unos años, a enfrentar esta serie de demandas millonarias. El primero y más evidente es abandonar el Tratado Carta de la Energía, como ya hizo Italia, en un primer paso para que lo haga toda la UE en bloque: 971 millones de euros de los 17 casos ya arbitrados nos deberían indicar la magnitud del asunto. El segundo es constituir desde la UE unos auténticos tribunales de arbitraje internacional públicos, que evitaran los sesgos y la opacidad evidente de estos organismos privados del mundo del dinero. En un contexto donde las empresas se han convertido en un complicado entramado de fondos buitre se hace esencial que la justicia esté anclada al territorio donde se realiza la actividad económica. Siendo este la propia Unión Europea se hace imprescindible evitar que algunos de sus miembros, como Países Bajos y Luxemburgo, se constituyan en una especie de paraísos, no sólo fiscales, sino de bandera de conveniencia empresarial, contra otros.

Pero además convendría revisar históricamente dónde nos ha llevado el modelo de inversiones privadas, transnacionales y especulativas que bajo la excusa de lo verde constituyeron la burbuja fotovoltaica española de hace una década. Solamente con el pago de las demandas millonarias a las que está haciendo frente el Estado se podía haber cubierto la inversión necesaria con una empresa pública que se estipulaba en el plan 2005-2010. Los fondos buitre no son inversores clásicos, sino máquinas de economía extractiva que saquean a los grandes países como ya hicieron con las economías en vías de desarrollo. No es sólo peligroso dejar sectores estratégicos como la energía en manos privadas, o sectores esenciales como la vivienda, sino que además, como explica este informe del TNI, se corre un gran riesgo al dejar los conflictos en manos del arbitraje privado. Al final resulta que sí hay inseguridad jurídica, la que sufre la democracia a manos del mundo del dinero.

 

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20 Comentarios
  • JPCjpc JPCjpc 16/10/21 14:27

    Muchas gracias Daniel por tu detallada información. Sería excelente conseguir que estas explicaciones pudieran alcanzar a la población del país en medios públicos más amplios. Deberíamos conseguir mayor concienciación de los votantes. Fuera la monarquía.

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  • Makarenko Makarenko 15/10/21 13:37

    Estos son los Tratados, ocultos a la ciudadanía, que potencia la Comisión Europea, para beneficiar a los fondos buitre y las empresas privadas. El ISDS, o mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados, que se ha constituido en un saqueo de las arcas públicas, al permitir el poder político que las diferencias, que deberían dilucidarse en los tribunales ordinarios, se hagan en tribunales hechos a la medida de las empresas y los fondos. Lo triste es que la izquierda en el parlamento europeo, no denuncia estas cosas para que la ciudadanía las conozca, o al menos no en correspondencia con la importancia que esto tiene para la legitimación del sistema democrático. En la siguiente direccción web se puede leer específicamente cómo ha afectado a España este Tratado.

    https://www.tni.org/files/publication-downloads/ect_study-anexoespana.pdf

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  • Jose Espuche Jose Espuche 14/10/21 09:13

    Hacer una prensa del máximo de prestigio requiere tiempo. No hay que ser impaciente por llegar sino valorar los contenidos de la prensa, en este caso, InfoLibre.

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  • Jose Espuche Jose Espuche 14/10/21 09:07

    Los socios de InfoLibre tenemos parte de culpa de lo que esta pasando. Nos importa más el nombre de quien escribe que la escritura en si misma. Pretendo que no me influye el nombre de quién sino el contenido de lo escrito. Posiblemente no este acertado pero mi importa más lo que se escribe que el nombre de quien lo escribe.

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  • Grandota Grandota 14/10/21 08:06

    Gracias Daniel por el artículo, no tenia ni idea de este entramado tan beneficioso para los de siempre  

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    • Anamaloa Anamaloa 14/10/21 21:07

      Yo digo lo mismo

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  • Angel10 Angel10 13/10/21 12:11

    En el siglo XX predominaron los Estados fuertes, sean totalitarios como los fascistas o comunistas pero también los democráticos como Reino Unido o Francia y en esas circunstancias las actividades económicas consideradas estratégicas estaban mayoritariamente en manos del Estado, a partir de la revolución neoliberal de Reagan y Thacher a finales de los 80, esto cambió y se propugnaba un Estado minúsculo que no interfiera en los negocios privados, se privatizaron la mayoría de las empresas públicas y el estado es incapaz de dar respuesta a sus propios ciudadanos, porqué la globalización también ha quitado competencias a los propios Estados en beneficio de las empresas.

    La cuestión es que un modelo económíco en el que las empresas tienen tanto o mas poder que los estados, pero no se someten a elecciones, no es un sistema democrático o es una democracía controlada por los mercados que es tanto como decir que tenemos a los zorros cuidando el gallinero.

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    • Camarenero Camarenero 14/10/21 14:00

      Democracia no es. Yo denominaría al sistema político como oligarquía electiva donde el único papel que se asigna al ciudadano de a pie es el de elegir que sector o personaje de esa oligarquía va gobernar en contra de su propio interés y a favor de las élites (gobierne quien gobierne). Si nos dejan elegir entre sectores de las élites es simplemente para crearnos la ilusión de que pintamos algo y para evitarlos a ellos (las élites) el papelón de tirarse los tratos a la cabeza por ver auuen de ellos asume el poder.

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    • Jose Espuche Jose Espuche 13/10/21 13:26

      Sí te apetece leer como pienso, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA, me han publicado en libres pensadores un artículo.

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  • Angel10 Angel10 13/10/21 11:48

    Lo perverso es que hablan de seguridad jurídica pero no dicen una palabra de democracia, de justicia social o de economía sostenible. ¿Donde queda la seguridad jurídica que en la constitución dice que España se constituye en un estado SOCIAL y democrático de derecho? ¿Como puede prescindir un Estado de su propio sistema jurídico para tragar con uno privado?

    Y lo mas perverso es que muchos de estos fondos de inversión, se constituyeron y se nutren de las aportaciones de los trabajadores a sus fondos de pensiones y de otras formas de ahorro de la gente corriente, el problema son los gestores de esos fondos que tienen sueldos multimillonarios y bonus por rentabilidades a corto plazo, lo que hace que les importe un rábano los destrozos que van causando, ellos pegan el pelotazo y se forran, si el siguiente sale mal, no importa, ya están forrados y vuelven a intentarlo por otro lado.

    Lo de los países piratas de Luxemburgo o Países Bajos con sus políticas fiscales traidoras a la UE ya es de libro que no se les llame al orden, quizás sea porque algunos de los que podrían revertir esos hechos se benefician de esa piratería a nivel personal.

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    • Jose Espuche Jose Espuche 13/10/21 13:17

      Estimado Ángel 10 le puedas las vueltas que quieras pero tenemos, la gente sencilla, las de perder. Nosotros no somos capaces de hacer lo que hacen las derechas. Solo hay un camino, conseguir avanzar sin prisas. Estamos condenados avanzado lentamente. No es mi prioridad, pero no somos como las derechas. A esta gente, o gentuza, no se le mueven los entresijos interiores, ¡¡NUNCA!!

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  • senenoa senenoa 13/10/21 11:18

    Excelente artículo Daniel. Lo que explicas es una muestra más de la guerra mundial en la que estamos inmersos. La guerra de los ricos contra los ciudadanos (o contra los pobres); y la van ganando ellos con diferencia. Fundamentalmente porque los simples ciudadanos no creemos que esa guerra exista. Y así nos va.

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  • jorgeplaza jorgeplaza 13/10/21 10:56

    ¿Quién le obligó al Estado a prometer unas rentabilidades bestiales? ¿Le puso alguien la pistola en el pecho al Gobierno de ZP para cometer un error tan flagrante? ¿De qué nos quejamos si, dándose el Estado cuenta del error demasiado tarde, pretende recortar las rentabilidades en más de un factor cuatro, vulnerando así los contratos firmados? La responsabilidad principal es del Gobierno, que metió la pata hasta el cuello y eso no hay quien lo mueva. Me recuerda al fraude del lino, que aquel sí fue un fraude, pero inducido por la estúpida política de incentivar la plantación, por un lado, y pagar el producto a un precio garantizado muy superior al de mercado, por otro: móvil perpetuo garantizado En aquel caso es verdad que hubo delito y no por parte del Estado, que fue simplemente idiota. En este de las renovables solo se da lo segundo: el Estado hizo el idiota.

    Y no hay conspiración de las eléctricas contra el Estado español o no más que el resto de las eléctricas europeas respecto a sus respectivos Estados. Aquí puede ver cualquiera, incluido el señor Bernabé, que los precios de la subasta eléctrica para hoy son más altos en casi cualquier país europeo que en España, siendo, eso sí, disparatadamente altos en todos ellos: https://www.energylive.cloud/

    Mejor buscarse explicaciones no morales. Para empezar, que los errores se pagan.

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    • Jose Espuche Jose Espuche 14/10/21 07:31

      Le he contestado varias veces pero usted no tenido la deferencia de contestarme ni una sola vez. ¿Qué gobierno tira piedras a su tejado? No escriba como si todos fuéramos iguales, las derechas son las principales responsables responsables de lo que esta pasando con las eléctricas. Se nota que usted es una persona culta pero equivocada. No lo voy a contestar más a sus comentarios si no tiene la deferencia de contestar a los míos. Se lo he dicho varias veces "pero predicar en desierto sermón perdido".

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  • jmateosf jmateosf 13/10/21 09:12

    Ayer visité el Parque nacional de Monfragüe (Extremadura). Primero navegué por parte del río Tajo, digo parte, porque el caudal ("gracias" a Iberdrola) ha bajado casi diez metros. Me acerqué a Serradilla, tierra de bandoleros en tiempos de Carlos III. Después fui a la presa "Saltos de Torrejón", quería ver la obra que en 1965 por negligencia causó decenas de muertos y que el régimen casi silenció . Con indemnizaciones irrisorias nunca hubo culpables pese a los informes de los peritos. En 1956  el gobierno franquista concedió a Hidroeléctrica el aprovechamiento de los caudales de los ríos Tajo y Tiétar por 99 años. En poco más de 10  se finalizaron  3 presas, Valdecañas (1964), Saltos de Torrejón (1967) y Alcántara (1969), además de los embalses de Gabriel y Galán y Valdeobispo. Todo ees territorio extremeño. Torrejón nunca se inauguró, Alcántara sí, en 1970 por Franco y Oriol Urquijo, presidente de Hidroeléctrica (casiná).
    Monfragüe es precioso. Entre buitres, ciervos, garzas, y una vegetación fantástica, desde Los Saltos me dirigí vía Serrejón (unos miradores hermosos en esa ruta) hacía al autovía pasando por la central nuclear de Almaraz (tiene dos reactores), pertenece a Iberdrola, Naturgy y Endesa (otro casiná).
    "Y en Monfragüe.....!buitres negros! ", cantaba Robe (Extremoduro). Esos pájaros ahora no tienen alas, ni los bandoleros andan por Serradilla, ambos habitan en ecosistemas oscuros como los mencionados en estas líneas y los que nos desvela el magnífico artículo de don Daniel. Es muy importante actuar contra ellos, no solo por la cuestión económica, también por la naturaleza, pues quiero seguir yendo a Monfragüe y navegar más por el río, ver más buitres (de los buenos), ciervos, gacelas, vegetación....

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