Los Presupuestos de 2017: grano para ricos, paja para pobres

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que se debate este lunes en el Congreso es la cortina de humo perfecta de un Gobierno bajo sospecha. Como la treta del general griego Epaminondas para ocultar el movimiento de tropas, los PGE esconden una prórroga recortada del presupuesto de 2016, por mucho que el ministro de Hacienda se esmere en transmitir que son otra cosa. Nos dicen que la economía está creciendo, pero los presupuestos siguen siendo de crisis y austeridad.

Estamos ante un presupuesto sietemesino, cojo, irreal, empobrecedor, insolidario y antisocial, que maltrata a la mayoría de las comunidades autónomas y que sigue agravando el desguace del Estado del Bienestar. Grano para ricos, paja para pobres. Más que unos presupuestos, son una operación propagandística —¿“Un presupuesto para la recuperación”?— de cara a la ciudadanía y a Europa. Venden la estabilidad de un Ejecutivo que más bien sobrevive en un momento convulso, ensimismado en sus casos de corrupción y en una operación de obstrucción a la justicia.

Las contrarreformas en materia laboral, de pensiones, sanitaria, educativa y de dependencia continúan vigentes. Persiste el deterioro y se mantienen los recortes y privatizaciones. No hay nada social en unos presupuestos que dejan un mínimo y jibarizado Estado del Bienestar. Por no decir que la propuesta de presupuesto carece de estudio de impacto de género y demuestran que el PP sigue sin esforzarse lo más mínimo en la lucha contra la violencia machista.

Propaganda ha sido también la rebaja de impuestos que no deflacta la tarifa y hace recaer la carga sobre los trabajadores y sectores medios, que siguen financiando al Estado en ausencia de las grandes fortunas, las plusvalías y las empresas multinacionales: se recorta hoy a las clases medias y trabajadoras lo que ayer se perdonó a las grandes riquezas.

Su carácter pretendidamente social es mera propaganda cuando los pensionistas, a quienes se promete un incremento insultante del 0,25% en sus pensiones, perderán el 3,75% de su poder adquisitivo con una previsión de aumento de los precios en un 4%. Y cuando los desempleados seguirán perdiendo cobertura social. Además, se recupera sólo un 10% de lo recortado en dependencia. Mientras tanto, sube un 32% el presupuesto de Defensa, a la par que se estanca la I+D y se desploma de nuevo la inversión pública. Los anuncios del Gobierno en torno a la culminación de infraestructuras pendientes, como el ferrocarril de largas distancias o cercanías, quedan en papel mojado.

Constatamos que la única obsesión del Ejecutivo de Rajoy es el déficit fiscal, no el social, como demuestra la drástica reducción del déficit de las Administraciones Públicas, a un ritmo innecesaria­mente alto (del 4,3% al 3,1% del PIB). En un momento en que las autonomías —Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña o Castilla y León— se rebelan contra el tijeretazo de las inversiones públicas y su reparto clientelar, Montoro tiene la desfachatez de decir que sus presupuestos “fortalecen a las CCAA”, criticando que piden más inversiones en “puentes sin ríos”. Olvida el ministro que su partido sembró España de aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches. Lo cierto es que los PGE 2017 reparten en contra de los servicios públicos de autonomías y municipios, en sanidad, educación, servicios sociales y empleo, sin lograr recuperar siquiera los niveles anteriores a la crisis.

Afirma el ministro de Hacienda que su modelo de financiación autonómica “no privilegia a nadie”, cuando su Gobierno, sumido en una extrema debilidad por la corrupción, cede en todo a las presiones del PNV. El lehendakari, tras conseguir el apoyo del PP a los presupuestos vascos, ha sido hábil para asegurar 15 años de paz fiscal, una versión moderna de los panes y los peces: más presupuesto, más transferencias y menos devolución del cupo adeudado al Estado por los servicios prestados en el País Vasco, con una rebaja de 1.400 millones. Este mercadeo muestra la necesidad de un Senado digno de tal nombre y de una reforma electoral que recupere el precepto constitucional de “una persona, un voto”.

Alardea el también ministro de Administraciones Públicas de que Fomento incrementa sus inversiones en un 24,2%. Gran mentira, pues dicho porcentaje mide el supuesto aumento en relación a lo ejecutado en 2016, a sabiendas de que el Gobierno apenas ejecutó nada el pasado ejercicio por estar en funciones. La realidad es que se recortan en un 21% las inversiones en infraestructuras.

En el capítulo de ingresos, arrastramos las malas ideas y peores políticas, como la amnistía fiscal o la rebaja del IRPF en sus tramos altos, lo que supuso incumplir con el déficit y una nueva vuelta de tuerca de la UE para 2017 y 2018, desaprovechando oportunidades fiscales como las aplicadas por el gobierno portugués. Las previsiones de recaudación de Montoro son “ilusorias”, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El propio gobernador del Banco de España ha cuestionado su "exceso de optimismo": 7,9% en los procedentes de los impuestos (sobre todo del IRPF) y 6,3% en las cotizaciones. Y si las cuentas están infladas del lado de los ingresos, se desinflarán del lado de los gastos.

Lo que sí reconoció por primera vez el ministro en la presentación del proyecto de los PGE es que “la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo” y que “en la X Legislatura” se practicaron “recortes sociales” y se inyectaron “30.000 millones de euros al sistema bancario”.

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“Estos presupuestos –expresó Montoro en su día–no son el séptimo cielo ni las siete plagas. Ni nos llevan a la cima, ni nos precipitan al abismo”. Desde Actúa sí que vemos que son unos presupuestos que nos mantienen empantanados en la ciénaga. Después de una borrachera de recortes, el ministro se va de copas para celebrarlo. Y lo peor es que, con probabilidad, conseguirá sacarlos adelante tras negociar “con quien se ha dejado negociar”. Después de haber sorteado el escollo de siete enmiendas a la totalidad, lo previsible es que los PGE 2017 del PP se apruebe gracias al apoyo de sus coaligados UPN y Foro Asturias, además de Ciudadanos, PNV y CC, con la mirada puesta en el disputado voto del diputado Quevedo para superar el trámite de las enmiendas parciales.

Por ello, es cada vez más imprescindible la acción inmediata para la construcción social y política de un programa básico de regeneración democrática y de recuperación de los derechos sociales. Un programa basado en una lucha efectiva contra el fraude y la aplicación de una reforma fiscal progresiva, al tiempo que se flexibiliza el déficit para poner en marcha medidas sociales y de recuperación económica asentadas en el empleo digno, una política de demanda interna sostenible, etc. Alcanzar este objetivo será imposible con un gobierno débil y degradado como el del PP, preocupado por obstruir a la justicia e incapaz de negociar dentro y fuera el necesario plan de recuperación económica y social. _____________________

Montserrat Muñoz de Diego y Gaspar Llamazares Trigo son portavoces de IzAb y promotores de Actúa.