Los bárbaros

Cuando fue ascendido a la primera categoría de la Carrera Fiscal y nombrado Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix carecía notoriamente de los méritos y la capacidad suficientes que justificaran semejante distinción, a pesar de lo cual fue elegido por el Fiscal Maza y nombrado por el Gobierno de Rajoy.

En su haber tenía Moix entonces varias décadas de ejercicio irrelevante de su profesión, en el que no se distinguió por encargarse de un solo proceso judicial de importancia, y que coronó durante su desempeño como Fiscal Jefe de Madrid con el favorecimiento indisimulado de destacados militantes y compañeros de viaje del partido de ese Gobierno tan agradecido que le puso al frente de la lucha contra la corrupción: Esperanza Aguirre, la señora que aparca en el carril bus de la Gran Vía y arremete con su vehículo contra los Agentes de Movilidad que se lo reprochan; Ignacio González, el emprendedor que construye campos de golf en terrenos no urbanizables del Canal de Isabel II; Miguel Blesa, el iceberg que hundió a golpes de tarjeta black la Caja de Madrid que creíamos insumergible; Rodrigo Rato, el exministro metido a banquero que fue capaz, a costa de sus fieles ahorradores preferentes, de hundir otra vez el mismo Titanic reflotado como Bankia con dinero de todos. Ese era Moix: a decir de Ignacio González –que por lo visto, sabe bastante de corrupción– un candidato cojonudo.

No podían equivocarse el Fiscal General ni los seis vocales que votaron a favor del ascenso y nombramiento de Manuel Moix en aquella sesión del Consejo Fiscal del 22 de febrero, pues conocían sobradamente esa trayectoria profesional mediocre y sesgada.  Si alguna duda les hubiera quedado de que Moix era el menos idóneo de todos los candidatos que aspiraban al cargo, tendría que haber sido despejada por la conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana –de la que todos fueron informados expresamente en aquella sesión en la que le eligieron Fiscal Anticorrupción– en la que el expresidente de Madrid le aseguraba al exministro que Moix era un tío bueno y serio.

No han podido sorprenderse, pues, el Fiscal General y la mayoría de sus consejeros, de que nada más tomar posesión de su cargo, Manuel Moix entrase en la Fiscalía Anticorrupción como elefante en cacharrería, prohibiendo a los fiscales del caso Lezo solicitar entradas y registros, removiendo a los fiscales del caso 3%, censurando a la Guardia Civil por imputar varios delitos a Cristina Cifuentes, amparando al Secretario de Estado de Interior que recibió en su despacho a los investigados que hoy duermen en prisión, omitiendo investigar a la Magistrada de la Audiencia Nacional que reveló a los mismos imputados que sus teléfonos estaban intervenidos, o –lo nunca visto haciendo declaraciones públicas para anunciar los registros que pensaba realizar en Colombia y Brasil, esos países andinos.

He sido Fiscal muchos años, y nunca he sentido tanta pesadumbre por el Ministerio Fiscal como estos días. La corrupción se apoderó hace muchos años de nuestra política, infiltró partidos y sindicatos, gobiernos y parlamentos, municipios y tantas otras instituciones, pero no es por casualidad que ese cáncer organizado se haya vuelto ahora vorazmente contra tribunales y fiscalías, contra la UCO y la UDEF, procurando a la desesperada someterlas para contener la hemorragia de los procesos judiciales que le desangran. Esos gobernantes venales mienten sin vergüenza: no quieren acabar con la corrupción, solo pretenden esconderla. Para eso nombran a personas como Manuel Moix.

No me extraña que heredase junto a sus hermanos una sociedad off-shore panameña, que en tantos años no encontrase la forma ni el momento de disolverla, que no se acordase de informar a la Inspección Fiscal de que la tenía, ni cuándo la heredó ni cuándo solicitó ser nombrado Fiscal Anticorrupción. Tampoco me sorprende que ocultase la verdad a los medios de comunicación. Es coherente con su trayectoria que ayer mismo declarase que él no veía motivos para dimitir. Probablemente, era sincero.

Lo que sí resulta sorprendente es que alguien comparta a estas alturas su opinión, y más que sea precisamente el Fiscal General, José Manuel Maza, quien todavía hoy dice no encontrar motivo alguno para destituirle al tiempo que acepta su dimisión voluntaria. Hay que preguntarle si piensa permitir a Moix reincorporarse sin más a la Fiscalía del Tribunal Supremo conservando la categoría de Fiscal de Sala a la que fue ascendido sin merecimiento, después de que haya abrasado en tres meses el prestigio atesorado durante décadas por los fiscales anticorrupción.

Me sorprende el silencio de la mayoría del Consejo Fiscal. Los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales le negaron su voto a Moix en febrero, y procuraron infructuosamente su destitución en mayo. Los demás, ¿a qué esperan para disculparse, para recuperar en lo posible la confianza de la sociedad y restaurar la credibilidad gravemente dañada del Ministerio Fiscal? Me sorprende igualmente que la Inspección no haya abierto ya un expediente disciplinario a Manuel Moix, por el chalet de Villalba, por la sociedad de Panamá, por la ocultación a la Inspección, por su gestión escandalosa al frente de la Fiscalía, por sus declaraciones extravagantes. Me sorprende, también, que no se haya iniciado ya la revisión de oficio de un nombramiento que era manifiestamente nulo de pleno derecho desde el momento mismo en que fue acordado.

Como los españoles no nos merecemos vivir en una ciénaga, espero, si nadie rectifica, que también el Fiscal General dimita, tan voluntariamente y sin motivo alguno como lo ha hecho Manuel Moix; espero la renuncia de los integrantes del Consejo Fiscal que apoyaron el nombramiento, que todavía hace menos de un mes rehusaron destituir a Moix, que ignoraron su reprobación por el Congreso, que negaron el amparo a los fiscales removidos por él. Espero, al menos, que la sociedad reaccione, que nos movilicemos para recuperar entre todos las instituciones que nos pertenecen, que mantenemos con nuestros impuestos, que deberían estar al servicio de los intereses generales y nos han sido arrebatadas. Estos días me viene recurrentemente a memoria la lamentación de J. M. Coetzee en Esperando a los bárbaros: "Nunca debimos abrir las puertas de la ciudad a quienes sostienen que existen consideraciones más importantes que las de la decencia".

Cerremos las puertas, pero esta vez, asegurémonos de que les dejamos fuera. ____________________

Carlos Castresana Fernández es abogado, Fiscal del Tribunal Supremo y Fiscal Anticorrupción en excedencia.

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Este artículo ha sido actualizado en la noche del lunes 5 de junio para introducir unas correcciones del autor acerca de la votación del Consejo Fiscal sobre el nombramiento de Manuel Moix.