¿Quiere nuestro Gobierno otro 'Dieselgate'?

Los mensajes nos llegan por todas partes y son contradictorios.

Mientras que en España está en marcha el proceso para la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética para, según los ministerios competentes (Industria y Medio Ambiente), cumplir con los compromisos ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París, y mientras se controla el tránsito de vehículos en nuestras ciudades según sus emisiones, van tomándose decisiones que podrían hacer que esta ley y las medidas de control de contaminación en las ciudades sean poco efectivas.

Tomemos como ejemplo el escándalo Dieselgate.

Han pasado dos años desde el escándalo Volkswagen, dos años desde que la Comisión Europea propusiera una reforma del actual sistema de homologación de vehículos. Esta reforma se encuentra hoy en fase final de negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, aprobada y reforzada por la Eurocámara y debilitada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo. Y en este intento por restar ambición a la reforma, España tiene mucho que ver. Y no lo entendemos.

¿Por qué?

Porque hoy sabemos que no fue sólo Volkswagen la marca que utilizaba dispositivos fraudulentos en sus tests de emisiones (detrás se fueron descubriendo otros "gates" como Fiat, Nissan, Dacia, etc.).

Porque la mayor parte de los Estados miembros, España incluida, tiene abiertos procesos de infracción al no cumplir con los límites de emisión establecidos por la UE.

Porque las políticas ambientales que se implementan actualmente en las ciudades se basan en el cumplimento de los estándares europeos y es por ello crucial que se respeten estos límites y que los sistemas de homologación se correspondan con la realidad en carretera.

Porque es necesario que las autoridades públicas puedan confiar en el sistema de homologación, y para ello es necesario que las pruebas en conducción real incluyan pruebas de emisiones de CO2 y de eficiencia de consumo de combustible.

Porque incluso en un informe realizado por el MINECO (entonces, MINETUR) se confirmaba que las actuales pruebas no permiten detectar dispositivos fraudulentos. Y que en todos los casos se superaron los límites de óxidos de nitrógeno (NOx) fijados por la normativa europea cuando las pruebas se hicieron en conducción real.

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Porque sabemos que el diésel emite más CO a la atmósfera, incluso, que la gasolina y que por tanto es clave que las pruebas de emisiones sean exactas. Sólo así se podrá cuidar la calidad del aire que respiramos y conocer cómo contribuyen nuestros coches al cambio climático.

No queremos más Dieselgates.

¿Y nuestro Gobierno, qué quiere?