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Plaza Pública

El Parlamento se somete al Supremo

José Antonio Martín Pallín
Publicada el 29/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 28/05/2019 a las 21:12
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La decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, replegándose ante las pretensiones y conminaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, plantea una cuestión de organización o preeminencia constitucional, que, en mi opinión, se ha resuelto de la peor manera posible. Constituye una regla de oro del derecho parlamentario, acuñada a partir del funcionamiento del Parlamento de Westminster, cuna del parlamentarismo, que ha proclamado, como una doctrina respetada universalmente en las Constituciones democráticas, que la raíz del sistema democrático, se asienta en la supremacía del Parlamento, como órgano que encarna la soberanía popular.

Me he tomado el trabajo de repasar unas cuantas Constituciones de muy diversos países, incluida la del Japón, y puedo afirmar que ninguna admite que los miembros electos por la soberanía popular puedan estar inmersos en un proceso penal, sin el previo conocimiento y autorización de las Cámaras correspondientes. La concesión se hace, bien en sesión plenaria o a través de los órganos de funcionamiento, como sucede en España con la Mesa del Congreso de los Diputados. Es más, en algunos sistemas constitucionales, el propio Parlamento puede solicitar e incluso no autorizar la prisión preventiva, por considerarla injustificada, excesiva y atentatoria contra los derechos y libertades de los parlamentarios y una intromisión en el normal funcionamiento de las Cámaras.

Descartada esta última opción en nuestro sistema, nadie puede discutir que proclama la preeminencia del Congreso de los Diputados, para decidir la concesión o no del suplicatorio a las personas que están siendo objeto de un proceso penal, sea cual sea la fase procesal en la que se encuentre, ya que no existe ningún apoyo legal que elimine, según la ley orgánica que regula el Reglamento del Congreso, la necesaria petición de suplicatorio cuando ya está en marcha el juicio oral, aun cuando, como sucede en este caso, la actuación judicial esté abocada a una decisión, más o menos inmediata, en forma de sentencia. Cuestión distinta es la de ponderar cuál debe ser la respuesta, en función de las circunstancias procesales de cada caso en concreto. En el caso de los acusados en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, la decisión, absolutamente autónoma de la Mesa del Congreso de los Diputados, lógicamente, habrá de tener en cuenta el hecho de que el juicio oral esté a punto de terminar.

En ningún caso será la Ley Procesal sino el Reglamento del Congreso el que tiene que decidir, con arreglo a su normativa, sobre las ineludibles peticiones de suplicatorio. De forma absolutamente insólita, reveladora de una cierta prepotencia, quizá basada en el apoyo, prácticamente masivo, de los medios de comunicación y de gran parte de la opinión pública, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no encarna el Poder Judicial, solo es una parte del mismo, en su resolución de 14 de mayo de 2019, comunicada a la Presidencia de la Cámara, le traslada un Acuerdo, con cierto aire conminatorio, en el que de entrada se dice, de manera absolutamente impropia de un órgano que debe someterse al imperio de la ley, que: "No ha lugar a solicitar autorización a las cámaras legislativas mediante la remisión de suplicatorio".

¿Cuál es el fundamento de este insólita toma de postura?. Pues, ni más ni menos, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha arrogado la atribución de interpretar el Reglamento del Congreso y más concretamente de su artículo 21.1.2º.

En el zigzagueante informe de los Letrados de la Cámara se establece que la decisión de la procedencia o no de la suspensión de los diputados electos le correspondería (obsérvese el condicional) a la Mesa, como dispone textualmente el contenido del precepto que contempla la suspensión: "Cuando concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta" (Artículo 21.1.2º.).

De forma totalmente contraria a la prioridad de los valores y principios en juego, los letrados de la Cámara consideran, en términos cuasi dogmáticos, que el artículo 21.1.2º del Reglamento debe interpretarse en los términos de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su auto de 14 de mayo. Esta afirmación resulta asombrosa y doblemente preocupante, en cuanto que considera como doctrina una decisión totalmente aislada que podría ser interpretada en otros términos por una Sala con una composición distinta, ya que no existen precedentes, y, por otro lado, los letrados informan a la Mesa que, en este conflicto, el único órgano competente para interpretar su Reglamento es el Tribunal Supremo.

Siguiendo con su oscilante y acomodaticio informe, se adentra por un camino que les lleva a una flagrante contradicción, al citar un auto y una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se impone "a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o facultades que integran el status constitucionalmente relevante del representante político". De forma incongruente e incompatible con lo que han expuesto anteriormente, terminan reconociendo que no sería aplicable al caso que nos ocupa la suspensión prevista en el artículo 21.1. 2º del Reglamento al no concurrir la totalidad de los elementos requeridos en el mismo, es decir, aunque los letrados lo soslayan, reconocen que falta la inexcusable petición de suplicatorio. Si alguien considera que este informe es coherente, motivado y razonable, creo que debería esforzarse en hacer una meditada reflexión sobre su contenido.

A continuación, los letrados entran en el análisis de la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza la suspensión de los parlamentarios procesados por rebelión, mientras estén privados de libertad. Su constitucionalidad es más que dudosa, pero incuestionablemente no se puede discutir ahora, porque fue declarada conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Para introducir más confusionismo, citan el artículo 751 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos lleva a conclusiones absolutamente dispares con todo lo que ha dicho anteriormente. No hace falta ser conocedor del derecho, basta con su lectura. Su texto es claro: "Se pondrá también en conocimiento del cuerpo colegislador respectivo la causa que existiere pendiente contra el que, estando procesado, hubiese sido elegido senador o diputado a Cortes". No creo que nadie tenga dudas de que los candidatos electos, sometidos a juicio, están procesados y han sido elegidos senadores o diputados. Ante una interpretación que tiene que ser taxativa e indubitada, los letrados se permiten afirmar que dicho requisito está implícito en el acuerdo, tantas veces aludido, del 14 de mayo de 2019 y se permite aceptar, con un seguidismo digno de mejor causa, que la prisión preventiva "por sí misma, no implica una vulneración de sus derechos políticos", aunque después, y también de forma incoherente, opinan que el ejercicio de las funciones del cargo de diputado deviene imposible cuando se encuentra en situación de prisión preventiva. Es algo así como si los presos preventivos que tienen limitada, como es lógico, su libertad de movimientos fuesen privados también del derecho a la patria potestad porque efectivamente su ejercicio, mientras está en la cárcel, deviene imposible.

Pero lo más sorprendente son las conclusiones. La primera es rotunda, la procedencia o no de la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados que se encuentran en situación de prisión preventiva corresponde a la Mesa de la Cámara (sic). ¿Alguien mantiene alguna duda, ante esta rotunda afirmación? En la conclusión segunda señalan que es necesaria la petición del suplicatorio pero como ésta no se ha producido, la Cámara tiene que acatar, sumisamente, la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los letrados, expertos en derecho parlamentario, mantienen que la solicitud es una decisión soberana del Tribunal Supremo y que la Mesa de las Cortes nada tiene que decir en el caso de que decida saltársela o incumplirla.

Ahora viene lo más llamativo. Así como considera al Tribunal Supremo competente para interpretar el derecho parlamentario, en la conclusión quinta, de manera sorprendente e insostenible, afirma que la Mesa del Congreso tiene competencia para aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la suspensión de la prisión provisional de los procesados, aun cuando no se haya solicitado el suplicatorio.

Quizá el autor de estas líneas no alcance a comprender, en toda su dimensión, la profundidad del impacto de la decisión de la Mesa del Congreso sobre la jerarquía de valores de un sistema democrático. Por supuesto saldrán voces, desde los actores políticos y los medios de comunicación y algunos profesionales del Derecho, afirmando con entusiasmo, casi coreando, que España es un modelo de Estado de Derecho y uno de los más garantistas del mundo. (Por favor no confundir Estado de Derecho con Estado de leyes).

Una lectura coherente y sistemática de todos los preceptos que venimos manejando nos hubiera podido llevar a una solución que respetase la preeminencia del Parlamento y de la soberanía popular y, al mismo tiempo, permitiese al Tribunal Supremo, una vez cumplido con el requisito inexcusable de la petición de suplicatorio, continuar con un procedimiento que, si no surgen imprevistos, está abocado a terminar en una sentencia. Conviene aclarar que, según nuestro derecho procesal, todos los juicios orales pueden terminar abruptamente cuando las partes acusadoras, normalmente el Ministerio Fiscal, retira la acusación, cosa que no es previsible que se produzca en estos momentos, en atención a la posición que ha mantenido a lo largo de las sesiones del juicio oral.

En todo caso, no encuentro problema alguno para respetar la competencia de los jueces para acordar las prisiones provisionales, si bien con un carácter absolutamente restrictivo y garantista, sometido al principio constitucional, favorable a la libertad que han consagrado, de una manera reiteradamente abrumadora, el propio Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En mi opinión, la Mesa hubiera podido solicitar una explicación, más detallada e individualizada, sobre las causas que motivan la privación de la libertad, que, como se sabe, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Los afectados no solamente están sufriendo las consecuencias lesivas y gravosas de un proceso, sino que además están privados de libertad, sin que algunos entendamos muy bien en qué se fundamenta este empecinamiento en mantenerlos privados de libertad.

Cuando nos encontramos con una decisión no ajustada a los valores sustanciales de la libertad y del pluralismo político, a todos debe invadirnos la preocupación de si se está actuando de manera correcta o si se están socavando los pilares de la democracia. La cuestión no es superflua, aunque algunos tengan muy claro que los que ya han condenado como golpistas y rebeldes deben pagar por un crimen que no se sabe todavía si lo han cometido o en qué medida o en qué grado, circunstancia o categoría delictiva puede ser incluida su conducta.

No debe extrañarnos, por tanto, que en otros países, con unas costumbres democráticas más consolidadas y quizá con un mayor sentido de lo que supone la soberanía popular encarnada en el Parlamento, se hayan sorprendido no sólo por la calificación como rebelión de una actuación parlamentaria, sino que a consecuencia de ello se haya acordado la prisión preventiva y se prive a los que han resultado electos de sus inalienables derechos políticos.

Cuando se subvierten los valores constitucionales y se comprueba, con profunda preocupación, el sometimiento de un Parlamento a las injustificadas pretensiones de un órgano del Poder Judicial, no podemos sustraernos a la sensación de estar ante un proceso de postración de nuestro sistema político parlamentario, basado en la supremacía de la soberanía nacional.
_______________
 
José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y abogado de Lifeabogados.
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22 Comentarios
  • tonyga tonyga 30/05/19 10:38

    Obviamente Martín Pallín es un prestigioso abogado y desconozco si su opinión es para los juristas internaciones obviamente cierta. Ahora bien, imaginemos que un Sr., llamemosle 'Barcenas' por poner un nombre, esté siendo juzgado por cuestiones de corrupción relativas a un determinado partido y no relacionadas con su actividad parlamentaria. Su partido político con intención de protegerle, le incluye en la lista electoral y sale elegido diputado. Luego, el tribunal que le está juzgando por un asunto anterior, pide un suplicatorio para seguir con el juicio (como argumenta el Sr. Martin Pallin) y el parlamento con mayoría absoluta de dicho partido no lo concede. ¿Es eso lo justo? En mi opinión NO. Sería un verdadero nicho de impunidad para los políticos.

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  • Gsus Dejesus Gsus Dejesus 29/05/19 21:31

    Ufff, por ahí abajo, algunos se van al psiquiatra, no me extraña, creían que tenían una democracia pata negra.

    Perdonen que moleste pero ¿a cuántas de las democracias pata negra, la ONU les dice que tiene presos detenidos ilegalmente y exige su inmediata liberación?

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    • luzin luzin 30/05/19 14:04

      La ONU y sus relatores ... yo seré un enfermo mental pero usted es un manipulador de tres al cuarto

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  • ArktosUrsus ArktosUrsus 29/05/19 20:48

    Digan lo que digan algunos comentaristas, muchas gracias señor Martín Pallín. A mi juicio pone usted el dedo en la llaga. Mucho se habla de constitucionalistas cuando realmente se debería hablar de cientocincuentayucinquistas, porque el resto de la Constitución la olvidan cada vez que mandan. Es evidente que el Tribunal debe pedir el suplicatorio. La gran debilidad de la democracia es su fortaleza: sus poderes deben cumplir la Ley aunque ello suponga favorecer a quienes no la cumplen. Si el TS no cumple la Ley y no pide el suplicatorio, quiere decir que podrá saltarse la ley contra cualquier ciudadano como le venga en gana. Aún resuenan en mis oídos los gritos del culpable y las condenas en tiempos muy recientes, a inocentes que fueron exonedaos tras unos añitos de cárcel y linchamiento mediático. No comparto el secesionismo. Primero porque soy internacionalista y detesto la división en países que simplemente enfrentan a sus pueblos. Segundo porque este nacionalismo catalán en concreto actúa como si le asistiera una mayoría ingente cuando la realidad es que apenas el 45% de los electores (que no de los votantes ni por supuesto de la población) les apoya. Y ello tras un acoso y derribo estúpido e irresponsable de la derecha "constitucionalista" al Estatut de 2010. La derecha es muy de pedir que se respeten las leyes cuando ellos se las pasan por el ardo del triunfo. Para saber quiénes son mis enemigos, me basta con conocer a sus amigos. Y si los amigos de la derecha española son banqueros, militares nostálgicos, empresarios corruptores y políticos corruptos, todo aquel que se les enfrente merece mi respeto aunque no comulgue con sus ideas.

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  • antonino antonino 29/05/19 13:15

    Cuando se cerrará la puerta trasera de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que abrió el Sr. Cosidó?

    Lo demás son discusiones que no llevan a ninguna parte.


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  • luzin luzin 29/05/19 12:02

    El final es apoteósico,y como ciudadano lo primero que me pregunto es quién ha atentado contra la "soberanía nacional" ¿El TS? ¿El TC? ¿La mesa del Congreso? ... Precisamente quiénes atentan contra la soberanía nacional son los encausados por el intento de secesión, por la proclamación de la República Catalana, por el atentado contra la soberanía nacional en el Paralamento de Cataluña, por el referendum del 1-O ... A no ser que nuestro experto jurista considere que existen diferentes soberanías nacionales ... algo que uno duda ...

    Pero un ciudadano que acometa la lectura de la Ley Electoral observará como en diferentes casos está cercenado el derecho a ser elegible. Por ejemplo, si atraco un banco, me pillan y me condenan no puedo resultar elegible. Como atracador de bancos puedo estar realizando un acto de justicia universal, voy a repartir el botín entre los más pobres devolviéndoles lo que les fue sustraído, pero a pesar del acto tan justo no tendré derecho a presentarme mientras dure mi condena. Claro, que se podrá argumentar que el atracador está condenado pero los presos secesionistas no lo están. Pero cualquier ciudadano entiende que si un maestro es investigado por presunta pederastia se le suspenda de sus funciones, incluso no sería un gran problema dado que si el juez opta por ponerle en libertad hasta la celebración del juicio seguro que los ciudadanos podrían defenderse no llevando sus hijos a la escuela, algo que sucedería.
    Pero no estamos hablando de atracar bancos o de pederastia, estamos ante delitos de una mayor gravedad, de una infinita gravedad, dado que las consecuencias de las actuaciones de estos señores pueden ser desastrosas para el conjunto de la sociedad. Por eso los delitos de rebelión son tan gravemente penados, evidentemente cuando la rebelión fracasa, porque cuando triunfa suelen ser los que se opusieron a la rebelión los que finalmente son condenados. Y que dice el legislador sobre el delito de rebelión, dice con claridad que si están siendo investigados y se encuentran en prisión preventiva no pueden ejercer cargo o función pública ¿está claro? Está clarísimo y es absolutamente lógico y lo entiende cualquier ciudadano.

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    • luzin luzin 29/05/19 12:17

      Cualquiera entiende que el sr. Tejero dejara inmediatamente sus funciones como teniente coronel de la Guardía Civil, pero resulta que no podemos entender que el sr. Jonqueras deje de ser vicepresidente de la Generalitat, diputado en el Parlament, diputado en el Congreso o ahora en el Parlamento Europeo. Por lo visto, el sr. Jonqueras debería mantenerse porque ha sido elegido por el pueblo soberano o el sr. Puigdemonto podría ser elegido por el Parlament como President de la Generalitat. Así, si el sr. Tejero fuera elegido por el pueblo soberano tendría derecho a seguir como teniente coronel ...
      Claro, resulta que el legislativo no legisló la posibilidad de que el propio legislativo "reventara" la soberanía nacional, y no impidió la posibilidad de que los que rompen la soberanía nacional con luces y taquígrafos, volvieran a intentar estar al frente de las herramientas que usaron para intentar romper dicha soberanía. Pero esta falta grave del legislador, que ya se veía venir, en la ley electoral si es recogida en la ley de Enjuiciamiento Crriminal, con absoluta lógica y sentido común, por lo que se produce una contradicción. Un problema que general el legislativo, y no el judicial. Un error que debe ser enmendado a la mayor brevedad posible por la gravedad de los delitos que se están juzgando.

      Pero no se equivoque sr. Martín Pallín, el TS no tiene poder, el poder judicial es "casi nulo" como bien afirmaba Montesquieu, el poder judicial, un juez, o un Tribunal, no tienen la capacidad que viene usted a atribuirle, los que tienen la capacidad de cuestionar, secuestrar, o cercenar la "soberania popular" son los ejércitos, los cuerpos armados, ... y los legislativos y ejecutivos ... por eso su poder debe estar separado y limitado, y el texto constitucional debe garantizar esa efectiva separación. Y los que han intentado subvertir los valores constitucionales son los encausados y no los miembros del TS ... que le quede a usted claro ...

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      • luzin luzin 29/05/19 12:36

        Claro que cualquiera que entienda que los españoles censados en la comunidad autónoma de Cataluña constituyen un "pueblo soberano" tendrá muy claro que los sr. Jonqueras y cia son inocentes, incluso serán tomados como héroes. Pero esto responde a cuestiones ideológicas y no legales, es como los muchos que consideran a los atracadores de banco como auténticos héroes justicieros ...

        Por otra parte el sr. martín Pallín nos remite a un pretendido estudio comparado de diferentes constituciones y/o sistemas legales, pero no nos cuenta el relato real de todos los intentos de secesión realizados, los que triunfaron y los que fracasaron ... y lo mejor, no evalua sus consecuencia. Claro que eso está evaluado en el código penal y en la gravedad de los delitos. Y es esa gravedad y la capacidad de los presuntos autores (aunque lo hicieron delante del morro de todos nosotros) lo que lleva a tomar las medidas cautelares de prisión provisional, con todo el sentido, más cuando una parte de los autores intentan escapar de la acción judicial. Pero me consuela que el sr. Martín Pallín reconozca que debe ser un juez el que tome esta decisión, menos mal sr. Martín Pallín ... pero claro, como estos srs., gracias a los agujeros de la ley, se pueden volver a presentar ahora resulta que debe consultarse primero al legislativo si puede continuar el juicio, cuando es claro que la propia ley les impide ejercer su función y por tanto tener el "privilegio" parlamentario de la petición de suplicatorio.
        Pero en el fondo de la cuestión, que es lo que debe preocuparnos a los ciudadanos, hoy el Tribunal de Estrasburgo ha sido meridianamente claro, estos srs. que se saltan todas las leyes y socavan nuestra "democracia", tienen un camino posible, la C78 les permite cambiar el titular de la soberanía respetando los procedimientos que ella misma establece. Lo tienen cerca, de momento tienen el apoyo de Podemos y sus confluencias, sectores del PSOE, en las provincias ricas puede sumar a bastantes con el argumento de quitarse a los pobretones del sur, ... argumentos, medios y apoyos no les falta, ... así que ya saben, sigan un gran consejo, las "embajadas" deben ponerlas en cada una de las provincias

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        • BASTE BASTE 29/05/19 13:27

          La REBELION exige el uso de la violencia armada, A partir de ahí se puede retorcer al pájaro hasta que píe nuestra canción.Todo lo demás "pura paja polluda" y el tiempo será testigo.

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          • luzin luzin 29/05/19 13:44

            Será paja polluda para usted, pero hay un tribunal que está juzgando ese aspecto, eso es lo que se está dirimiendo y los acusados tienen su defensa garantizada ... Tal vez debamos todos hacernos una paja polluda y darle a usted la facultad de dictar sentencias, elaborar leyes y ejecutarlas al frente del estado ... menudo cefalópodo ...

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            • BASTE BASTE 29/05/19 14:08

              En mis 74 años he visto muchos tribunales y muchas defensas "garantizadas",algunas tanto que también las enchiquelaron y a otras que las grabaron y a otras que....,vamos que he visto de todo.Me gusta su cultura de play-boy (la revista) y su desconocimiento de la lengua castellana. Y los cfalópodos mejos a la feira, aunque a los mesetarios les gusta más a la romería.

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              • luzin luzin 29/05/19 17:30

                Uhm ... que ha visto de todo ... menuda palitroca:

                Me trompecé el'otro día con un forasteru,
                mu compuestu y mu finu,
                que se llegó ende la capitá,
                y decía que semus lus extremeñus incurtos y de mu mal jablá.

                No soy yo una jembra de mucha gramática ni tampoco mu estudiá,
                pero asina jablaba mi madre, asina jablaba mi agüela,
                asina jablaban lus de mucho más pa'trás,
                y asina jablo yo, pá que no se me olvide nunca ni una letra
                de la que jablan también nuestrus más grandes poetas.

                Sepa usté, señó mío,
                que cuandu un extremeñu jilvana toas y ca una de las letras,
                empalma comu una melodía tras otra
                lo que no es otra cosa que la lengua que se jabla en nuestra tierra.

                Sepa usté, forasteru, qu'en cá lugá se jabla una lengua.
                Y si no, aviente, aviente usté una mirá por lus jondones
                de la jistoria a vé si se da cuenta que no semus
                lus extremeñus más incurtos que lus que
                nacierun ajuera de la nuestra Extremaura.

                Sepa usté, forasteru, que sabemus mu requetebien leé y escrebí lus extremeñus.
                Pa eso, cuandu eramus zagalinas, un maestro mu resabio,
                y mu letrau, nus enseñó en la escuela.
                Y pa encandilá lus nuestrus pensares no
                nus jacen falta ni las eses, ni las jerres.
                Y ya, pa terminá, si tiene una miajina de vagá,
                aviente usté una ojeá por lus librus de
                Luis Chamizo ó de Gabriel y Galán a ve si encuentra usté,
                señó mío, arguna incurtura en su pluma desgarrá.

                Play-boy?? Menudo espantaju

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                • BASTE BASTE 29/05/19 20:33

                  Siga masturbando su caletre,haber si le sale algo, tiempo parece que tiene.

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                  • luzin luzin 29/05/19 20:51

                    Le veo especializado en castellano mesetario ... pero en el no mesetario no anda muy ducho ...

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                    • BASTE BASTE 30/05/19 09:07

                      En cuanto se abamdona la tierra de conejos aumenta la diversidad y la cosa se complica .

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  • serrekunda serrekunda 29/05/19 08:05

    Muy buen articulo, pero vaya, poca gente lo leera y algunos de los que lo lean, quiza el Sr. Pallin les parecera solo un "anciano" adorable.-bakau

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  • Gsus Dejesus Gsus Dejesus 29/05/19 01:13

    Artículo 1.2 CE: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
    Artículo primero, preeminente, está colocado por encima de los demás, por tanto, la preeminencia es del pueblo. Por encima de los poderes del estado, está el pueblo español.
    Hace exactamente un més que el pueblo votó, pero parece que votó mal.
    El Judicial se ha dignado en corregir la composición del parlamento alterando sus mayorías, "sometiendo", como muy bien dice Martín Pallín, al Legislativo y ante la aclamación y aprobación del cuarto poder, haciendo trizas el principio de Separación de Poderes. Es gravísimo.
    Recuerden, entre el Franquismo y el modelo actual hubo una transición, no una ruptura.

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    • luzin luzin 29/05/19 17:54

      Uffffffffff .. que grave gravisisisimo ... un golpe de estado de las fuerzas franquistas al régimen que no transicionó ni rupturó y que un gato-pardo puede distinguir con facilidad ... y es que Franco lo tenía todo previsto, incluida la ley de Enjuiciamiento Criminal y el propio Tribunal Constitucional. Bueno, el testamento del Generalísimo culón tenía por lo menos 100 artículos de la C78 .. lo dejó todo atado y bien atado ... Menudos tártagos ...

      Y como dice el sr. Martín Pallín, el citado artículo y la Ley de Enjuiciamiento es constitucional, incluido el rechazo al recurso de inconstitucionalidad que planteó el gobierno vasco (nazi-onanistas variados y cia) ... por cierto, el presidente del TC en esa ocasión era Francisco Tomás y Valiente, a éste si que le "rupturaron" y no lo "transicionaron", imagino que por franquista o algo así ... cualquiera sabe ... menuda patulea ...

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    • BASTE BASTE 29/05/19 13:28

      Más que transición un mantenimiento gatopardiano.

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      • Gsus Dejesus Gsus Dejesus 29/05/19 17:16

        Ja, ja.
        Cambiarlo todo para que nada cambie.
        Muy bien visto.

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        • luzin luzin 29/05/19 18:55

          Jajajajajaja que bien y que divertido ... vamos a ver cambiar todo para que nada cambie y para que no parezca que nada ha cambiado entonces damos un golpe haciendo trizas la separación de poderes que no habían sido separados para que parecieran que estaban separados y ahora quedan de nuevo unidos para que creamos que antes se habían separado pero que permanecían juntos como cualquier gato pardo puede observar .... jajajjajajajaj ... todo cambia pero nada cambia tras hacer trizas lo que ya estaba hecho trizar .... el retritizador que retritiza buen desentritizador será .... joder ... he vuelto a entrar en bucle ... me voy al psiquiatra ...

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          • BASTE BASTE 29/05/19 20:36

            Parece que el autodiagnóstico funciona, haber si también lo hace la automedicación. ¡SUERTE!: que se cure.

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