Blindar la igualdad

Las palabras no son inocentes: “Los actos del 'Orgullo gay' son una imposición ideológica, vulneran derechos de los vecinos, normativas municipales y se malversan bienes y dinero de titularidad pública”. Este es el resumen del ideario del ultraderechista partido Vox extraído de su propia página web. Toda una declaración de principios que deja vislumbrar por qué derroteros transita la formación de Santiago Abascal cuando accede, con mayor o menor protagonismo, a la gestión pública municipal, autonómica o estatal. 

Como precedente tenemos la retirada de carteles sobre violencia machista de las Juntas de distrito que llevó a cabo el ayuntamiento de la capital de España a los tres días escasos de la investidura del nuevo alcalde del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Haciendo gala de su característica opacidad, no sabemos si esta decisión del PP fue previamente convenida o si la tomó en solitario con la única intención de contentar a sus socios más feroces. Ciudadanos por su parte, muy en su línea, echó balones fuera. Desde la oposición el portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica se preguntaba: “¿Qué ha cambiado? ¿Han dejado de matar mujeres?”. Es una pregunta que nos hacemos todos, indignados ante la irresponsabilidad de estos gestos que por insignificantes que parezcan, desandan el camino que hemos recorrido hacia la igualdad.

Este es sólo el comienzo. La hoja de ruta de Vox va mucho más allá, al punto de exigir, dentro del juego de pactos que se cuecen en Madrid, que los de Albert Rivera firmen un acuerdo público a tres bandas en el que se incluyan una serie de exigencias que, de aprobarse, echarían por tierra importantes adelantos en una serie de temas álgidos para los derechos humanos. Apuntaban los de Abascal a dos leyes: la Ley 2/2016  de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. En el primer caso a los ultraderechistas les estorba la protección a la diversidad familiar, la adopción y el acogimiento y el amparo legal contra la violencia de género entre otros aspectos. Y en el segundo, no les gusta que los medios de comunicación se hagan eco del respeto a esta identidad y expresión de género o el desarrollo de la estrategia integral de educación sobre esta materia en las escuelas.

Al igual que en Madrid, Vox se ha quitado la careta en Murcia pero aún con más dureza, pues para apoyar al candidato popular a la presidencia de la región, exige la eliminación de las leyes LGTBI y deportar a los inmigrantes ilegales. Si sus socios del PP y Ciudadanos así lo acuerdan, perpetrarán un atentado a los derechos humanos y nos retrotraerán a las sombras del fascismo.

No es España el primer país en el que el avance de la ultraderecha dispara la alarma social. En Brasil se incrementaron los matrimonios homosexuales nada más conocerse la victoria de Jair Bolsonaro y en la celebración del orgullo, tradicionalmente una auténtica fiesta de la diversidad, el jolgorio se está tiñendo de reivindicación y declaraciones contra el retroceso en los derechos conseguidos.  Hablamos de un país cuyo principal dignatario ha aplicado como insulto el término homosexual contra su predecesor Lula da Silva; ha manifestado que antes que homosexual preferiría que su hijo falleciera en un accidente y que ha dejado de manifiesto su rotunda opinión de que “Brasil no puede ser un país de turismo gay”. En la misma línea, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos ha provocado un retroceso de la mano de los movimientos más conservadores: como una menor presencia de personas transexuales en el Ejército o que entre otros asuntos, un par de Estados incluyan en los textos escolares conceptos del estilo de que la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable. En Europa, las fuerzas oscuras pelean en diversos países del centro para evitar la consolidación de los derechos de la comunidad LGTBI, como el vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo, apoyando en exclusiva la existencia de una única familia, la convencional.

¿Hasta qué punto es capaz un partido gobernante de reformar el andamiaje jurídico de un país en detrimento de los derechos conseguidos? ¿Pueden a su antojo derogar la legislación que protege a un colectivo social históricamente vulnerado y actualmente vulnerable? Claramente no, no al menos sin infringir la Constitución. El artículo 14 de nuestra Carta Magna expresamente declara: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  En desarrollo de este precepto existen dos leyes estatales específicas y vigentes para el colectivo:  la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En cuanto a la legislación territorial, doce comunidades autónomas cuentan con su propia legislación sobre la materia. Son Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Canarias, Murcia y País Vasco.

Para mayores garantías, los colectivos afectados reclaman una unificación de criterio para todo el Estado. La respuesta a esta demanda está varada en el Congreso de los Diputados y en concreto en la Comisión de Igualdad. Me refiero a la Ley de Igualdad LGTBI cuya tramitación se inició en 2017 mediante un documento elaborado por el colectivo y que presentó Podemos. Su admisión se demoró y si bien no todos los grupos estuvieron de acuerdo, sí se aceptó su tramitación que, a dos años, lleva por tanto un retraso considerable. En la misma situación de stand by se encuentra la Ley de igualdad de trato y no discriminación. Y actualmente a la espera y muy relacionada con ambos paquetes legislativos, tenemos la Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de Género. Todo ello está aguardando a que se proceda a la formación de Gobierno y arranque la legislatura.

El objetivo de estos proyectos es desarrollar la igualdad consagrada constitucionalmente y blindar los derechos que de acuerdo a ella poseen las personas LGTBI como el colectivo reclama. Es una tarea urgente porque, según el Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio que el Ministerio de Interior ha presentado en enero de este año, los delitos relacionados con orientación sexual suponen un 19 por ciento del total con un incremento de año en año. Y más grave aún cuando según el informe de la Federación de asociaciones LGTBI, La cara oculta de la violencia, más de la mitad de los casos suelen darse en un ambiente muy próximo, trabajo, escuela, el domicilio, el vecindario…

Como temas indispensables, las asociaciones quieren participación en tareas públicas y visibilización; que la administración intervenga cuando exista sospecha de discriminación o situación de riesgo de las personas LGTBI y sus familias, como atención integral a las víctimas y protocolos policiales específicos. Además, Fiscalías especializadas; formación obligatoria para los operadores judiciales, fuerzas de Seguridad del Estado y seguridad privada; programas de información en centros educativos y las garantías de no discriminación para niños y jóvenes LGTBI o pertenecientes a este tipo de familias. Algunos de estos aspectos, como el referido a la acción en centros educativos, ha suscitado el debate en la Comisión de Igualdad, en la que los distintos representantes políticos mantienen posturas en ocasiones muy combativas contra algunas de estas reivindicaciones.

La situación en otros países tampoco es tan boyante. María R. Sahuquillo relataba hace ahora un año en El País cómo al menos 19 países, entre ellos Rusia, Lituania, Libia o Indonesia disponen de leyes de moralidad que sirven para frenar la difusión de contenidos relacionados con estos derechos. Señalaba que en 72 países se consideran ilegales y en 12 de ellos pueden comportar pena de muerte. Sin obviar detenciones y sanciones por mantener relaciones homosexuales, habituales en Nigeria o en Egipto.

Por el contrario, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 30 países, y en una docena de Estados se permiten las uniones civiles en estos casos, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación.

En Europa ha sido definitiva la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en los últimos años ha avanzado en el camino del consenso paneuropeo para combatir prácticas discriminatorias basadas en la orientación sexual y la identidad de género del individuo. El TEDH ha trabajado en la línea de la plena equiparación de derechos entre personas hetero y homosexuales partiendo de las diferencias existentes en los diversos  ordenamientos jurídicos.  Entre su jurisprudencia destaca el derecho al matrimonio o la posibilidad de que los homosexuales puedan adoptar. Es decir, el tribunal ha adaptado la protección a estas minorías a la percepción de la sociedad que sin duda ha ido avanzando en nuestro continente. En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca la pauta de la igualdad y de sus sentencias y resoluciones se desprende con contundencia que no es posible dar pasos atrás.

Cuando se trata de la conquista y consolidación de los derechos humanos, no caben retrocesos legislativos. La interpretación de cualquier norma constitucional o de tratados o convenios internacionales siempre debe ser pro actione, porque las libertades y los derechos constituyen el núcleo que sustenta toda la arquitectura democrática y constitucional, y cualquier merma de aquellos se interpretaría como una restricción de los derechos de las víctimas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su vieja, pero importantísima, sentencia de 9 de octubre de 1979  afirmaba que «El principio de progresividad es inherente en todos los instrumentos que se refieren a derechos humanos a medida que se elaboran y amplían, que con frecuencia incluyen disposiciones que expresa o tácitamente prevén la expansión de los derechos en ellos contenidos, hace que la obligación del Estado de observar y defender los derechos humanos implica una puesta en vigor de esos derechos y un deber del Estado de implementarlos, sea cual sea, el nivel de desarrollo de un Estado». Hoy, esta afirmación tiene más vigencia que nunca. Ningún responsable político o institucional dispone del derecho de restringir el goce y disfrute de los referidos derechos fundamentales. Por ello, este retroceso no debería estar ni tan siquiera en el debate público.

Y, si tanto la Constitución como el TEDH resaltan la protección de estos derechos, la fuerza bruta de Vox no puede pretender, ni se le debe permitir, ninguna corrección o restricción de los mismos. Tal posibilidad es no solo inconstitucional, sino antidemocrática. El derecho a la igualdad solo se protege con su progresiva expansión para que otorgue más protección a quienes han carecido de ella previamente. Como dice el profesor Goig Martínez: “Las decisiones políticas fundamentales pueden ser objeto de reforma constitucional, pero su modificación sin reforma implica la destrucción constitucional”.

Habrá que pensar si no es esa devastación la que busca Vox.

El 28 de junio de 1969 tuvieron lugar en Nueva York, Estados Unidos, una serie de manifestaciones en ocasiones violentas contra una redada de la policía en el bar llamado Stonewall Inn del Greenwich Village. De ahí nació el primer movimiento que se enfrentó a un sistema que penalizaba el hecho de la homosexualidad. Cincuenta años después, esa protesta incipiente ha tomado una forma sólida y madura.

En España, el colectivo LGTBI ha conseguido grandes avances desde aquella Ley de vagos y maleantes del franquismo que tanto sufrimiento produjo. Pero la historia nos enseña a estar alerta. El regreso de los herederos de aquellas prácticas fascistas debe poner en alerta a toda la sociedad para proteger los logros sociales que no son solo de sus protagonistas, sino que se han convertido en patrimonio democrático de todos. No podemos permitir ni un solo paso atrás. Hay que blindar la igualdad. ______________Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR