Plaza Pública

Salud pública, economía y política

Un hombre con mascarilla a la salida del Hospital Gregorio Marañón (Madrid) este lunes.

Albino Prada

En medio del colapso social y económico derivado de la actual pandemia del coronavirus está siendo demasiado frecuente escuchar dos presuntas verdades que considero tóxicas, confusas e ideológicas.

Según la primera no existiría ninguna contradicción entre la mejor gestión de la salud pública y de la economía pues, se dice como algo de Perogrullo, la economía se recuperará si al mismo tiempo la salud pública lo hace. Habría aquí un delicado equilibrio que guardar.

La segunda de ellas, por el contrario, invierte toda la carga negativa: sí existiría una contradicción entre salud pública y política. Porque en este caso son las disputas entre partidos las que impiden tomar decisiones adecuadas para superar la pandemia.

Razonaré brevemente que tanto una como la otra son falsas o, si se quiere, tergiversadoras. Creo, además, que la segunda actúa de cortina de humo para camuflar la falsedad de la primera. Empecemos, por tanto, por la segunda. ¿En qué sentido existe contradicción entre salud pública y decisiones políticas?, ¿porque existen disputas y discrepancias?

En relación a cualquier amenaza a nuestra salud pública, sea ésta una contaminación biológica como el coronavirus, ambiental como la derivada del tráfico rodado o la atómica derivada de un accidente nuclear, los expertos en salud pública saben muy bien por experiencia que no resulta nada fácil que los representantes políticos se pongan de acuerdo sobre las medidas a tomar para reducir al mínimo tal amenaza. Sea este el caso de confinar el acceso del tráfico motorizado a Madrid Central (¿se acuerdan?), o sea ahora el de hacerlo con confinamientos de residentes en áreas urbanas.

El acuerdo es difícil porque detrás de esas decisiones (de normas, niveles, precauciones, protocolos, etc.) hay siempre consecuencias económicas sobre sectores que se resisten a encajarlas. Sea el lobby de la automoción, de la energía o de las actividades no esenciales (turísticas, servicios minoristas, etc.). Y es así que unas opciones políticas se ajustarán más a los intereses parciales de los sectores afectados por las normas que protegen la salud pública, mientras otras opciones lo harán (aunque esto es cada día que pasa más infrecuente) por los intereses del conjunto de la sociedad.

Es así que las disputas políticas entre partidos reflejan una saludable confrontación entre intereses generales e intereses particulares. No es que exista contradicción entre salud pública y política. Al contrario, la defensa de la salud pública reclama traumáticas decisiones políticas que hagan prevalecer los intereses generales sobre los particulares de un grupo o sector social. Y tal cosa, cuando los representantes políticos no están abducidos mayoritariamente por grupos de presión particulares, reclama que afloren y se enfrenten los intereses contrapuestos previa toma democrática de decisiones.

Una vez que tenemos esto claro, la otra verdad de Perogrullo salta por los aires. Pues lejos de no existir, sí hay contradicción y conflicto entre salud pública y economía. Al menos si la economía es de mercado y guiada por el máximo lucro. Porque en este caso las actividades económicas afectadas por eventuales normas o decisiones de salud pública presionarán para no verse afectadas (o alternativamente compensadas con fondos públicos, o por ser afectadas en la menor medida posible) aunque eso suponga no alcanzar el mejor nivel de salud pública.

Y es esta contradicción económica la que los partidos políticos tienen que encauzar como un conflicto democrático para garantizar, o no, la salud pública. Y cada ciudadano debiera evaluar de qué lado está en estas disyuntivas y quién lo representa. Aquí no hay acomodo posible para los populismos que venden no estar contra nadie y a favor de la gente corriente. No existe tal posibilidad.

Claro que también se puede resolver este conflicto con lo que llamaría música ambiental: normas que son papel mojado y que, de facto, subordinan el interés general a los intereses particulares. Equilibrismo.

Ya al comienzo de esta pandemia recordaba en este diario cómo el Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la OMS asumía el criterio de “reducir la propagación internacional de una enfermedad con un mínimo de trabas para el tráfico internacionalmínimo de trabas” (art. 15.2.) (negritas mías), es decir, interrumpir lo mínimo posible el turismo y las cadenas globales de negocios.

Entramos en arenas movedizas, pues la protección de la salud pública global se subordina –de facto– a intereses económicos particulares. Y solo cuando la salud pública salta, al final, por los aires, aquellas trabas se imponen de forma radical. Miles de muertos después.

El futuro incierto

El futuro incierto

Porque los que primero prefieren verlo así: “Mi prioridad seguirá siendo la salud y la economía abriendo nuevos caminos … no hay contraposición entre salud y negocio” (23 de mayo) están condenados a, tiempo más tarde (3 de octubre), verlo así: “Tenemos que atajar la pandemia radicalmente. Si no hay salud, no hay economía”.

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Albino Prada es miembro de ECOBAS y ensayista

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