La importancia de la Educación Tributaria

Más allá de lamentar que, una vez más, una cuestión tan clave como la educación, al aprobarse una nueva ley, no haya podido ser pactada, quiero centrarme en un asunto relevante que ha sido objeto de atención en la nueva norma: la inclusión de la educación tributaria en la enseñanza secundaria, en el contexto de los contenidos que deben impartirse dentro de la materia Valores Cívicos y Éticos.

Se trata de una cuestión de gran importancia y muy abandonada en nuestro país. Muchos ciudadanos, alentados desde posiciones liberales extremas, siguen considerando que los impuestos no son sino un coste que nos vemos obligados a asumir sin demasiada justificación y que, si podemos evitarlos, mejor, o al menos que es necesario demandar que bajen los impuestos que agobian a los contribuyentes. Las posiciones más extremas, incluso, hacen afirmaciones como que “la naturaleza de los impuestos se acerca más a la de un robo que a la de una cuota o donación voluntaria”. Una barbaridad que parece olvidar el significado de los impuestos en las sociedades democráticas y la exigencia de su aprobación a través de leyes votadas por los representantes de los ciudadanos en el Parlamento. Hace algo más de un año, en un artículo publicado en El País con el título “Bajar los impuestos”, insistía en la falta de sentido de estas propuestas, especialmente si comparamos nuestros niveles de presión fiscal con los que tienen la mayoría de los países que integran la Unión Europea actual.

Mucha gente suele olvidar que cuestiones tan importantes como la limpieza de las calles y su iluminación, la recogida de basuras, el cuidado de los parques y las zonas comunes, las pensiones, la educación (también la concertada) o la atención en los centros de salud o en las urgencias de los hospitales cuando nosotros o nuestros hijos nos ponemos enfermos serían imposibles de mantener sin el pago de los impuestos. En el mismo sentido, sin el pago de impuestos habría sido inviable que el Estado se hiciera cargo de los gastos originados por la grave pandemia que aún padecemos.

Desde luego, hay que garantizar que esos servicios funcionen bien, que no haya despilfarros o desviaciones de recursos no justificadas o que no se multipliquen los casos de corrupción. Por eso es esencial estimular la evaluación de lo que hace el sector público, para procurar asegurar la eficacia, la eficiencia y la calidad de servicios y prestaciones públicas. Afortunadamente, cada vez más, los medios académicos y políticos (sirvan de ejemplo los trabajos de la AIReF al respecto) se ocupan de estas cuestiones, proponiendo múltiples alternativas o mejoras. Pero la demanda de un sector público más eficiente no puede ser una excusa para cuestionar la obtención de recursos a través de los tributos.

El pago de los impuestos es una característica esencial del concepto de ciudadanía europea y, en línea con lo que la Constitución Española expresa en su artículo 31 –“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”–, soy defensor del principio de generalidad en la imposición. “Todos”, dice la Constitución, en expresión contundente y feliz. Solo somos ciudadanos de una Europa social si disfrutamos de una amplia carta de servicios y prestaciones sociales “y”, en paralelo, pagamos los impuestos con los que se financian.

Si no fuera así, como desgraciadamente ocurre en otros países, se ofrece una imagen de separación radical entre dos grandes colectivos de la población: quienes aparentemente “no pagan impuestos” y reciben servicios de baja calidad, y quienes “los pagan” y no utilizan los servicios públicos, por disponer de medios para obtener servicios privados. En realidad, las cosas no son tan simples, puesto que los impuestos indirectos, de una u otra forma, los pagan todas las personas; pero, en todo caso, sociedades tan segmentadas como las señaladas, crecientemente polarizadas, difícilmente pueden garantizar la estabilidad social y la seguridad de sus ciudadanos.

Es importante que todas las personas, desde sus primeros años, entiendan el porqué del pago de impuestos, recordando, por todos los medios posibles, que el dinero que se paga en impuestos sirve para mantener y mejorar los bienes y servicios que se reciben desde los poderes públicos. Sin embargo, tal vez porque consideramos que ya somos un país desarrollado, apenas hablamos de impuestos (de no ser para demandar que se bajen), no explicamos por qué debemos pagarlos y no dedicamos recursos a educar a la población sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales y combatir el fraude y la evasión fiscal.

Por eso, es una buena noticia que la nueva ley educativa incluya alguna referencia a una cuestión tan trascendente, y me parece un escándalo que se pueda criticar su incorporación en una disciplina como Valores Cívicos y Éticos, incluida en la nueva ley. Que se invite a los ciudadanos a participar conscientemente en la financiación de los servicios públicos y que, como dice el mencionado artículo 31 de la Constitución, lo hagan según su capacidad económica, es un buen camino para reforzar la idea de cohesión social y justicia que caracteriza al Estado de bienestar europeo.

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Jesús Ruiz-Huerta es catedrático de Economía y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas.