Acuerdo de Asociación UE-Israel, es hora de actuar
En realidad, hace ya mucho tiempo que los Veintisiete deberían haber pasado de las palabras a los hechos ante las reiteradas violaciones israelíes de los derechos humanos de los palestinos y de las normas más básicas del derecho internacional en relación con sus vecinos. Se trata no solamente de ser coherentes con los principios y valores que dicen defender, sino también de que el violador sienta que su comportamiento tiene un coste, con la aspiración última de que eso le impulse a cambiar su pauta de comportamiento para ajustarse a lo que cabe esperar de quien, contra toda evidencia, insiste en autoproclamarse una democracia plena al frente del “ejército más moral del planeta”. En esa línea, el anuncio por parte del gobierno español de plantear en la Unión Europea la anulación del Acuerdo de Asociación con Israel, vigente desde el 1 de junio de 2000, cobra pleno sentido.
Además de ofrecerle un diálogo político regular, dicho acuerdo establece una zona de libre comercio que le permite a Israel introducir sus bienes y servicios en condiciones muy ventajosas –hasta el punto de que la UE es, desde hace tiempo, su primer socio comercial, por delante de EEUU y China–. Asimismo, le garantiza acceso a muy diversos programas comunitarios, como el Horizonte Europa (investigación tecnológica, incluyendo proyectos de doble uso civil y militar), el Programa Audiovisual Euro-Med y otros en el terreno de los intercambios juveniles, la cooperación cultural y científica y la promoción de startups. Sobradamente conocido es que, a pesar de que oficialmente esté expresamente prohibido, Israel también lleva años colocando en el mercado comunitario productos elaborados en los ilegales asentamientos de Cisjordania.
Son otros los que tendrán que tapar sus vergüenzas por no sumarse a una iniciativa tan elemental como esta
Hasta ahora, la UE –al margen de lo que ha hecho individualmente alguno de los países miembros– no ha sido capaz de ir más allá de los lamentos y las condenas meramente discursivas cada vez que el más extremista gobierno de la historia de Israel se ha saltado las reglas de juego. Es decir, nada más que palabras cuando el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza, anexionándose definitivamente Cisjordania, ocupando por vía militar más territorio soberano de Siria y Líbano, agrediendo ilegalmente a Irán o aprobando una ley que establece la pena de muerte solo para los ciudadanos árabe-israelíes (en abierta contradicción con la idea misma de la democracia).
Esa permanente inacción se hace aún más insostenible desde junio del pasado año, cuando, venciendo resistencias de algunos gobiernos, la propia Unión Europea se atrevió a realizar un examen sobre el terreno para determinar si realmente Israel estaba violando sistemáticamente los derechos humanos de los gazatíes. Cabe recordar que el artículo 2 del citado Acuerdo de Asociación establece que el respeto de los derechos humanos se convierte en la vara para medir las relaciones entre ambos actores. La revisión efectuada por el Servicio de Acción Exterior de la UE no dejó duda alguna sobre la responsabilidad israelí en esa materia. Sin embargo, y hasta hoy, los Veintisiete no han sido capaces de traducir en hechos esa contundente conclusión, dejando a la propia UE desprestigiada como referencia moral y política, desamparados a los palestinos y aún más convencidos a los gobernantes israelíes (y a su población) de que, efectivamente, nada ni nadie los va a detener en su intento de imponer su dictado en la región, redibujando los mapas y las fronteras a su gusto.
Desgraciadamente, ya era conocido de antemano que la propuesta española no iba a prosperar. Y eso ha llevado a algunos a recurrir nuevamente a nuestro más famoso hidalgo, intentando ridiculizar una posición de la que cualquier demócrata y defensor de los derechos humanos debería enorgullecerse, al tiempo que otros (poco ocurrentes) han vuelto al consabido “brindis al sol”. La propuesta española –con el añadido de Irlanda y Eslovenia– es cualquier cosa menos un gesto inútil. Por un lado, es una exigencia ética para todo demócrata y es absolutamente coherente con la conclusión alcanzada por la misma UE. Por otro, sirve para retratar a cada uno, mostrando nuevamente la ceguera y el temor de quienes no quieren ver la realidad y se asustan ante las posibles consecuencias de defender la legalidad internacional. Y, por supuesto, el hecho de que esa postura pueda tener un determinado efecto en términos electorales para quien la presenta, ni la invalida ni la hace menos digna de apoyo.
Mucho más que excusarse por mostrar que el rey está desnudo (Netanyahu tiene una orden de busca y captura por crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional y se enfrenta a tres causas judiciales en su propio país), son otros los que tendrán que tapar sus vergüenzas por no sumarse a una iniciativa tan elemental como esta.
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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
