De amenazas y estigmas en campaña

Asisto con sorpresa y malestar al hecho de que, por parte de los principales medios de comunicación, se hable de una persona con diagnóstico de esquizofrenia como presunto autor de la carta de amenaza a la ministra y candidata Reyes Maroto.

Daría con ello la impresión de que el trastorno mental de la esquizofrenia fuese sinónimo de una mayor tendencia a la violencia, y al tiempo como si el diagnóstico sirviese para rebajar la gravedad de la escalada de las amenazas que se están produciendo en esta campaña electoral.

En primer término, y a pesar de que forma parte de todas las estrategias y planes de salud mental en Europa, no se sabe si se aplica un mínimo código de conducta sobre cómo prevenir y evitar el estigma del trastorno mental, tanto en la dirección de las fuerzas de seguridad como en las de los medios de comunicación, aun cuando se trata de uno de los principales problemas de derechos humanos en el ámbito de la salud mental.

Porque, además, la imagen de una mayor violencia y de agresiones contra los demás en el trastorno mental grave, y en particular en la esquizofrenia, es un prejuicio que hace tiempo que se sabe que no se corresponde en absoluto con la realidad. Por el contrario, la conducta violenta tiene una menor incidencia que en el resto de la población, mientras que la que sí ocurre con mayor frecuencia, sobre todo en los momentos de desequilibrio, es contra uno mismo, como la autolisis o el suicidio.

El dato pues, tiene la misma trascendencia que comunicar que padecía úlcera gastroduodenal, porque el dolor pueda alterar el ánimo del paciente. En resumen, que no dice nada, pero se puede deducir todo. Si de agitación o de conducta agresiva hablamos, ésta se encuentra más ligada a las situaciones de normalidad o a adicciones como el alcohol o las drogas.

Una información que además puede vulnerar también de forma preocupante el derecho a la autonomía del paciente y, más en concreto, a la privacidad de su información clínica, ya que, aunque es verdad que no se da el nombre de la persona, éste aparece en el remite de la misiva y es por tanto de conocimiento público.

En definitiva, que ha habido varias cartas con amenazas de muerte y se trata de un hecho grave que merece el conocimiento público y la denuncia. Las investigaciones en marcha también tienen interés, pero siempre guardando la confidencialidad de los datos y no estigmatizando la enfermedad mental ni vulnerando la privacidad del paciente.

El problema no es solo la frecuencia de las amenazas, ni siquiera la progresión de su escalada, con ser alarmantes. Es sobre todo que primero se relativicen por parte de la ultraderecha, poniendo en duda su existencia sin que hasta ahora se haya producido la debida rectificación, y que hoy haya quien lo pretenda aprovechar para banalizarlo con el estigma del trastorno mental dirigido hacia uno de sus supuestos autores.

Porque el hecho de que el ejecutor de alguna de las amenazas pueda ser un lobo solitario o incluso una persona en situación de desequilibrio, no resta un ápice de gravedad a las amenazas ni a su cuestionamiento o banalización, sobre todo en el contexto actual, y tenemos ejemplos con consecuencias trágicas muy recientes en relación con el Brexit en Gran Bretaña o la inmigración en Alemania.

Por otro lado, lo de no hacer pública la amenaza en el contexto electoral y sus repercusiones en la dialéctica de partidos es algo que pertenece fundamentalmente a las víctimas de las mismas, a su seguridad y también a las respectivas estrategias políticas, porque de amenazas políticas se trata. No es excusa para banalizarlo ni vetarlo.

Salvando las distancias, también en el debate inicial de los malos tratos se dudaba en hacerlo público al compararlo con el estímulo al suicidio vicario. Posiblemente con el conocimiento público y el reproche social consiguiente, podamos contribuir a frenar la escalada del discurso de odio, las amenazas y la degradación de la política actual.

Pero, con todo ello, de lo que no me cabe duda es que la salud mental es también otra de nuestras asignaturas pendientes, y no solo de la sanidad pública, sino también de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en la sociedad española.

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Por último, y para evitar caer en la frivolización, habrá que diferenciar también con claridad los trastornos mentales, su atención integral y la lucha contra el estigma y en favor de los derechos humanos de los pacientes, de la dinámica casi imparable de la psiquiatrización del malestar social y de la vida cotidiana.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.