Delitos y sentencias contra la democracia

Después de escuchar estos días las condolidas opiniones de quienes lo acompañaban esa noche, todo parece indicar que el asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña pudo tener un carácter homófobo. Lo sugiere una repulsiva y abominable expresión que suele preceder siempre a las agresiones y crímenes de los que son víctimas los homosexuales, cada vez más frecuentes. 

Bien quisiéramos que el berrido “¡maricón de mierda!” estuviera borrado del lenguaje de las jóvenes generaciones, habiendo sido como fue esa una de las expresiones represivas de un tiempo viejo y oscuro de persecución y cárcel. Pero no, el avance en las libertades arrastra rémoras como esa y otras cuentas, que reverdecen cuando los partidos regresivos de extrema derecha afloran y a las jóvenes generaciones les falta el conocimiento y poso de la memoria democrática, esa que al fin y ahora tendrá por fin la ley de su nombre.

Este lunes pudimos ver en los telediarios, tras la múltiple convocatoria de protesta en muchas ciudades de España por la muerte de Samuel, en qué medida faltan esas libertades en países como Georgia, donde los clérigos ortodoxos encabezan algaradas violentas para que la voz reivindicativa de quienes viven otros tipos de sexualidad no se deje oír. 

El rostro crispado de uno de esos monjes predicando en las calles de Tiflis a sus fieles fanáticos era la cabal expresión del odio. El odio que se acumula en las palabras y puede conducir al odio que lleva a cometer crímenes como el de A Coruña, condenado este mismo lunes por miles de personas en nuestro país, a la espera de que la justicia sea diligente en investigar y dictar sentencia contra los culpables. 

Mientras ocurren hechos tan graves, hay jueces en la Audiencia Provincial de Madrid que defienden la legalidad del cartel racista que utilizó Vox para promocionar al partido en las pasadas elecciones autonómicas celebradas en Madrid. Los jueces consideran que se trata un "eslogan electoral", y aunque reconocen que puede tener datos falsos, argumentan que no puede tratarse de "ideas a prohibir" cuando existen otras "tan criticables o más que estas”. Los magistrados llegan a asegurar que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores] representan un evidente problema social y político".

Leo que el ponente de esta sentencia con ribetes de columna periodística en un medio de comunicación reaccionario es uno de los magistrados que condenaron a Isa Serra, ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, a 19 meses de cárcel por tratar de impedir un desahucio.

Ante sentencias de esa guisa, siempre me pregunto por qué en España existe una asociación con el nombre de Jueces y Juezas para la Democracia, como si las demás tuvieran otro objetivo o no les importara que una referencia tan substancial para todas nombrara solo a una. Lo cierto es que sentencias como la comentada, efectivamente cuestionan o van en contra de la propia democracia.

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Félix Población es periodista y escritor. su último libro es La memoria nombrada (Ed. El viejo topo, 2018)