Los jueces podrán imponer la custodia compartida contra el criterio de padres y fiscales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes el proyecto de Ley de Corresponsabilidad Parental. La norma será la encargada de determinar a quién corresponde la custodia de los menores en los casos de separación y divorcio e introduce dos cambios fundamentales.

En primer lugar, se elimina "la excepcionalidad" de la custodia compartida, de tal forma que entregársela únicamente a uno de los progenitories no sea la norma predominante. En segundo lugar, se amplía el margen discrecional de los jueces, que a partir de ahora podrán decidir a quién entregan esa responsabilidad incluso por encima de los acuerdos entre las partes y en contra del criterio de la Fiscalía. La ley se completa con otras medidas y, en palabras de Gallardón, busca siempre el "interés del menor".

Custodia compartida: ya no es la excepción

Hasta ahora, la custodia compartida sólo se establece si la piden tanto el padre como la madre y si el fiscal emite un informe con carácter vinculante favorable al respecto. Según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2011, menos de uno de cada ocho casos de divorcio (12%) se resuelve mediante la custodia compartida. Con la nueva norma, los jueces deciden: "El juez, en cada caso, atendidas las circunstancias y actuando siempre en interés del menor, decidirá cuál tiene que ser la solución", ha explicado Gallardón.

El procedimiento con la nueva regulación será así en caso de separación: tras la presentación de la correspondiente demanda, las partes estarán obligadas a presentar un plan de patria potestad conjunta donde expresen cómo desean asumir la custodia de los menores implicados. El juez atenderá a las partes y recibirá un informe de la Fiscalía. Sin embargo, tanto el plan de los padres como los documentos que aporte el fiscal tendrán carácter no vinculante. El Poder Judicial, ha dicho Gallardón, será "el que determine cómo debe resolverse, pero siempre en interés del menor". En lo referente a la custodia ha añadido que el objetivo no es pasar "de una rigidez monoparental a una custodia compartida", sino "eliminar rigideces".

La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC) valora de forma positiva la eliminación de la excepcionalidad de la custodia compartida, pero rechaza el amplio margen que se concede a los jueces. Su presidenta, Pilar Marco, asegura: "Vamos a darle al juez el poder de que haga con nuestras vidas lo que le dé la gana. El juez tiene que disponer de una ley clara en la que basarse. No quiero que opine sobre mi vida, quiero que aplique una ley".

En el mismo sentido se han pronunciado varias asociaciones de mujeres. La presidente a Themis, Ángela Cerrillos, ha señalado que los niños recibirán un tratamiento menos garantista en los procesos de separación que el que se da "por ejemplo, en el derecho de propiedad". Ahí, ha insistido Cerrillos, "no se deja al juez decidir si un contrato se rompe o si un desahucio se hace: tiene que aplicar lo que dice la ley". En opinión de Cerrillos, la custodia compartida es un "modelo válido" que, sin embargo, requiere de una evaluación individualizada, caso a caso, que no todos los jueces sabrán ejercer: "Habrá jueces muy válidos en sus decisiones y otros que no. Se requiere un plus de sensibilidad", ha indicado.

De igual modo, Yolanda Besteiro, presidenta de la FMP, ha incidido en que una custodia compartida impuesta a unos padres en conflicto "no puede funcionar", que "es muy perjudicial para los menores" y que dificulta "la estabilidad necesaria para su desarrollo". La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género dependiente del Consejo General del Poder Judicial se ha expresado en los mismos términos. Su presidenta, Inmaculada Montalbán, ha señalado que la imposición de una custodia compartida no pactada puede "provocar una fractura, unos daños inmensos y unos sufrimientos" a las partes que las instituciones "deben evitar".

Finalmente, tanto Cerrillos como Besteiro han criticado la actitud del Ministerio de Justicia que, según su versión, se ha reunido con las asociaciones de hombres por la custodia compartida pero no con las de mujeres a la hora de elaborar la nueva norma.

Protección en los casos de violencia de género

En la presentación del anteproyecto de ley, Alberto Ruiz-Gallardón ha subrayado que los casos de violencia de género serán la excepción a la posibilidad de otorgar la custodia compartida: "No se otorgará la guardia y custodia al progenitor contra quien exista sentencia firme por delitos de violencia de género", subraya Moncloa en un comunicado.

De igual modo, también se excluye la posibilidad de la guardia y custodia compartida en los casos en los que existan "indicios fundados de la comisión" de delitos de violencia de género e, incluso, cuando durante el procedimiendo civil el juez observe "indicios fundados" de que se ha podido cometer alguno, aún si no existe denuncia.

Mediación familiar y residencia

Entre las medidas adicionales que contempla el texto legal, destaca la separación de la concesión de la guarda y custodia y de la asignación de la vivienda. Así, si el cónyuge que obtiene la responsabilidad sobre el menor dispone de recursos suficientes para su manutención, el hogar familiar podrá ser asignado por un plazo de hasta tres años a la otra parte siempre que demuestre encontrarse en una situación de necesidad.

Otra novedad es la inclusión de la mediación familiar como medida para alcanzar el entendimiento entre las partes. Este tipo de negociaciones estará regulado en el Código Civil y podrá iniciarse a instancias del juez o del de común acuerdo entre las partes.

Por último, las asociaciones de jueces han advertido del coste económico de la medida. Según Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial, la propuesta requiere de un mayor número de psicólogicos para elaborar informes. Además, los casos ya resueltos podrán revisarse de acuerdo a la nueva norma, por lo que ha alertado de un posible incremento en el número de demandas. "Se van a necesitar refuerzos, por lo que no se trata de una reforma a coste cero", ha sentenciado.

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Toni Cantó, a favor; el PSOE, en contra

Tras la difusión del contenido de la norma que planea aprobar el Gobierno, el diputado de UPyD Toni Cantó ha asegurado que el texto marca "un paso adelante en igualdad", que "los hombres serán tratados de manera más igualitaria" y que las mujeres podrán conciliar la vida familiar y el trabajo, "uno de los problemas de este país", ha asegurado.

Por su parte, el PSOE ha rechazado la propuesta del PP. La secretaria de Igualdad de los socialistas, Purificación Causapié, ha advertido de que la norma puede generar "conflictividad": "No entendemos por qué con carácter general un juez impondrá cómo deben vivir personas que no han cometido ningún delito". "Apostamos por el acuerdo entre progenitores y no por la imposición, que es lo que pretende el Gobierno", ha concluido.