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Queda en libertad la activista española de Femen

  • La feminista está obligada a comparecer ante el juez
  • Sus compañeras, al ser extranjeras sin domicilio en España, serán trasladadas directamente a los juzgados de Plaza de Castilla
  • Las tres se enfrentan a penas que pueden llegar hasta los 12 meses de prisión

infolibre
Publicada el 09/10/2013 a las 18:25 Actualizada el 09/10/2013 a las 18:26
Activistas semidesnudas protestan en el Congreso.

Activistas semidesnudas protestan en el Congreso.

EFE
La Policía Nacional ha puesto en libertad a la única española de las tres activistas de Femen que este miércoles han interrumpido semidesnudas el Pleno del Congreso para defender el aborto, aunque ha decretado que está obligada a comparecer ante el juez. Las otras dos activistas, extranjeras, van a ser trasladadas directamente ante los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla al no haber podido acreditar un domicilio en España, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Fuentes del entorno de la activista española han informado de que esta no va a abandonar la comisaría de Policía de Moratalaz a la que fueron trasladadas tras su acción en el Congreso hasta que lo hagan sus compañeras en dirección a Plaza de Castilla. El traslado a estas dependencias policiales, donde se encuentra el registro central de detenidos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se produce a los efectos de realizar las diligencias oportunas, leerles sus derechos y tomarles declaración (a lo que se pueden negar) antes de pasar a disposición judicial, que puede ser directamente o tras decretarse su libertad con la obligación de comparecer ante el juez. La Policía suele trasladar directamente a los detenidos ante el juez cuando se dan circunstancias como la de las dos activistas extranjeras que, al no contar con domicilio fijo en España, asciende el posible riesgo de fuga.

Las penas a las que se pueden enfrentar las tres activistas viene recogida en el artículo 497 del Código Penal, en el que se específica que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones. Cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses".
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