Jueces para la Democracia rechaza la reforma del aborto y defiende la constitucionalidad de la ley de plazos

Jueces para la Democracia ha mostrado este miércoles su rechazo a la reforma legal del aborto que impulsa el Gobierno y ha solicitado su retirada.

La asociación judicial progresista desmonta el argumento del Gobierno de la necesidad de adaptar la legislación a la doctrina del Tribunal Constitucional. . La vigente ley de plazos es constitucional, razonan, porque los derechos fundamentales de las  mujeres están por encima de la protección que el alto tribunal otorgó en su día a los concebidos pero no nacidos. La legislación actual, subrayan, se adapta perfectamente a las necesidades de la sociedad.

El proyecto impulsado por Gallardón, aseguran, no sólo nos alejará del sistema que rige en la gran mayoría de países europeos sino que "en la práctica supone la imposibilidad de practicar aborto alguno" porque las exigencias formales dilatan en el tiempo cualquier decisión y "las represalias y efectos" en el personal médico "llevarán a que nadie quiera asumir el riesgo de finalizar en prisión por practicar un aborto".

Valores anacrónicos

Los jueces progresistas sostienen que la reforma legal del aborto "pretende imponer la moralidad católica" y "recuperar los valores anacrónicos de una sociedad que tiene que poco que ver con la presente”.

Otra de las preocupaciones de Jueces para la Democracia es que la nueva norma va a agravar las desigualdades sociales porque en "un espacio europeo sin fronteras" sólo las mujeres con recursos podrán interrumplir su embarazo viajando a otros países. Las que no los tengan se verán obligadas a hacerlo en la clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud física y psíquica.

La propuesta del Gobierno representa además una "grave contradicción" porque "obliga a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones" precisamente en un momento en el que el propio Ejecutivo ha retirado las ayudas a la dependencia.

La asociación judicial progresista señala además el “carácter paternalista” de la reforma, que trata a las mujeres como víctimas a las que hay que tutelar al partir "del concepto de la mujer como ser humano capitidisminuido, sin capacidad de discernimiento ni de voluntad propia".