La violación de los derechos de los menores inmigrantes, al descubierto

Las administraciones españolas vulneran de forma sistemática los derechos de los menores inmigrantes de acuerdo con la denuncia de la Fundación Raíces, que ha hecho público este miércoles el informe Sólo por estar solo elaborado en colaboración con la Fundación de la Abogacía Española. Según el trabajo, España ignora la validez de pasaportes y partidas de nacimiento de forma arbitraria y practica pruebas para determinar la edad de inmigrantes de forma que contraviene la propia legislación española.

El informe ha sido realizado a partir de casos de menores inmigrantes que han tenido contacto con la administración española y a los que la fundación ha prestado asistencia legal y social. Del análisis de aproximadamente 40 casos de los más de 300 atendidos por la organización, se desprende que los decretos de determinación de edad españoles violentan varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño, que "atentan contra la dignidad del menor" y que revelan un "trato degradante" hacia los menores en España.

En concreto, la Fundación asegura que los jóvenes sufren "malas prácticas" consistentes en el desprecio arbitratio de la documentación que aportan, incluso si proceden de países con representación diplomática en España que haya acreditado la veracidad de los pasaportes. Según el informe, la Fiscalía invalida esa documentación de manera sistemática cuando los menores llegan solos a España, no así cuando llegan acompañados por sus familias. 

De acuerdo con el trabajo, eso provoca, en no pocas ocasiones, que los menores queden en la calle "totalmente indefensos" y en posesión de pasaportes que acreditan su minoría de edad, lo que acarrea la imposibilidad de hacer efectivos derechos como solicitar la residencia en España o recurrir a mecanismos asistenciales reservados a mayores de 18 años.

El texto critica especialmente que la determinación de la edad de los inmigrantes en España a efectos legales esté en manos de la Fiscalía y que su decisión, a través de decretos, sea difícilmente recurrible. Los expertos llaman la atención sobre la circunstancia de que incluso si otras administraciones no cuestionan los pasaportes de los menores, es la Fiscalía la que decide en solitario la edad del afectado.

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Además, los autores sostienen que cuando se estiman en los tribunales las pretensiones planteadas a favor de los menores las decisiones llegan habitualmente con mucho retraso, incluso cuando los menores habían cumplido la mayoría de edad, invalidando el efecto de esa victoria en sede judicial. "Existe una falta absoluta de eficacia y efectividad de los recursos legales", se comenta a este respecto, algo a lo que se pide poner remedio en la futura reforma de la Ley Orgánica de Extranjería.

Finalmente, el trabajo contiene un apartado de recomendaciones y propuestas. En ese capítulo se incluyen cuestiones como primar la condición de menor frente a la de extranjero, evaluar la vulnerabilidad de los jóvenes y valorar las necesidades específicas que presenta cada caso. También se exige respeto hacia la normativa, que establece que las pruebas de determinación de edad sólo pueden practicarse a aquellos extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.

En esa misma línea, se pide crear mecanismos de recurso contra los Decretos Fiscales de determinación de la edad y un turno especial de letrados formados en materia de menores extranjeros. A juicio de los autores del documento, la actual inexistencia de este procedimineto vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Igualmente se reclama que no baste un simple prueba médica para desacreditar la veracidad de los documentos tales como pasaportes que aporte el menor y que se presuman falsos.