x

Nos gustaría enviarte notificaciones de las últimas noticias y novedades

PERMITIR
NO, GRACIAS
X

La buena información es más valiosa que nunca | Suscríbete a infoLibre por sólo 1 los primeros 15 días

Buscador de la Hemeroteca
Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
infolibre Periodismo libre e independiente
Secciones
Corrupción

El exalcalde socialista de Seseña se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo

  • La Audiencia de Toledo está juzgando el presunto blanqueo de entre 1,5 y 2 millones de euros en el marco de las operaciones urbanísticas de El Pocero
  • Varios de los comparecientes declaran que el alcalde sabía que no podían aprobarse las obras el día en que se aprobaron

infoLibre
Publicada el 16/03/2016 a las 17:14 Actualizada el 16/03/2016 a las 17:15
El empresario Francisco Hernando, 'El Pocero', este miércoles en la Audiencia de Toledo.

El empresario Francisco Hernando, 'El Pocero', este miércoles en la Audiencia de Toledo.

EFE
El exalcalde socialista de Seseña (Toledo) José Luis Martín, así como tres de sus hijos, se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, causa que también afecta a dos promotores con quienes habrían tenido compartido negocios.

Así lo indicó este miércoles el abogado de la acusación popular, Juan Ramón Crespo, en declaraciones recogidas por Europa Press durante un receso del segundo día de juicio. Crespo quiso recordar que la querella que desató este proceso la interpusieron el por aquel entonces coordinador regional del IU, Cayo Lara, y el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes.

El abogado explicó también que a los procesados se les juzga por blanquear "entre 1,5 y 2 millones de euros", cantidad que habrían movido entre diferentes cuentas. "Lo que se pretende es aclarar si la procedencia de esos capitales es ilícita, pero en este juicio no se les juzga ni por prevaricación ni por cohecho, que fue el inicio de la querella", matizó.

Por estos supuestos delitos –continuó Crespo– la acusación pide cuatro años para José Luis Martín y tres para el resto de los cinco implicados. También se solicita de forma provisional una multa para cada uno de ellos, en relación con la cantidad de dinero que hubiesen blanqueado.

Por su parte, la Fiscalía pide cuatro años de prisión para el exalcalde y una multa de más de 2,4 millones. Tres años para dos de sus hijos (multa de 1,4 millones) y tres años también para el tercero de los hijos y sanción de 1,7 millones.

En el caso de los promotores (por un delito de blanqueo continuado de capitales), la representante del ministerio fiscal pide una pena de dos años de prisión y una multa de casi un millón de euros, según su escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

'El Pocero' niega que beneficiara al alcalde

En la segunda sesión del juicio compareció Francisco Hernando, el constructor conocido como El Pocero, quien aseguró que en la tramitación del proyecto urbanístico El Quiñón, nunca y en ningún caso benefició al entonces alcalde del PSOE. Del mismo modo dijo que fue Manuel Fuentes (el alcalde que le sustituyó y el denunciante) el único responsable que "aprobó todo" lo necesario para dar luz verde a las obras. "Daba las licencias por decreto y en tres días", añadió el empresario.

No obstante, El Pocero sí reconoció haber vendido al socialista un chalé de una promoción construida anteriormente, del mismo modo que también adquirió un inmueble de esta promoción uno de sus hijos. Francisco Hernando explicó además que mantenía reuniones "frecuentes" con el ahora acusado por su calidad de alcalde en lo que ha definido como una relación habitual entre un empresario y un dirigente municipal.

En todo caso, dijo que "nunca" hubiera cometido alguna irregularidad beneficiando al entonces alcalde teniendo en cuenta "la gran cantidad de dinero" que tenía previsto invertir en el proyecto. "No me puedo prestar a esas cosas. Y me molesta un poco que me haga esa pregunta", le espetó a uno de los abogados de la defensa.

Mantuvo reuniones con Bono para "hablar del tema"

Francisco Hernando aseguró que desde que ideó el proyecto en 2002 él mismo mantuvo muchas reuniones con el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, para "hablar del tema".

"He tenido reuniones con todas las altas esferas para hablar de esto. El presidente Bono una vez me recibió y me dijo estas palabras: 'Usted viene aquí a trabajar. Usted no es como Los Albertos –en referencia a Alberto Alcocer y Alberto Cortina, implicados por aquella época en el escándalo urbanístico Urbanor–. Usted viene a crear riqueza y puestos de trabajo", reclaró El Pocero.

"El proyecto no estaba preparado para ser aprobado"

Otro de los testigos citados a declarar este miércoles, el exconsejero de Obras Públicas cuando el Ayuntamiento aprobó el proyecto urbanístico, Alejandro Gil, dijo al respecto que en el momento de aprobación del Plan –el 8 de mayo de 2003– "había problemas que aconsejaban no hacerlo". Además, este proyecto no podía recibir el visto bueno del Consistorio mientras el Gobierno regional no aprobara el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), lo que no se produciría hasta varios meses después.

Según Alejandro Gil, en 2002 El Pocero le presentó el proyecto de construcción de viviendas, pero lo delegó en su homólogo provincial, Santiago García Aranda, para las gestiones pertinentes ya que que correspondía al Gobierno autonómico "comprobar la legalidad del proyecto con respecto a la LOTAU en vigor".

"Ni el PAU [el proyecto urbanístico] ni el PEI estaban en condiciones de ser aprobados, y el PEI tiene que estar antes que el PAU, por lo que el proyecto no estaba preparado para ser aprobado por el Ayuntamiento de Seseña", insistió.

El alcalde sabía que no podían aprobarse las obras

Gil detalló cómo el mismo día 8 de mayo, día en que se aprobó en Pleno el proyecto inmobiliario, el entonces alcalde pidió reunirse con él, cita a la que acudió, entre otras personas, con el promotor de las viviendas, Francisco Hernando (El Pocero), cuya asistencia no se esperaba.

En esa misma reunión se aclaró al alcalde que mientras el Gobierno regional no aprobara el PEI, el Ayuntamiento no podría aprobar las obras de El Quiñón ya que este plan previo es el que garantiza que en la zona a edificar haya servicios como el acceso al agua corriente, saneamiento o electricidad.

"Era imposible aprobar el PAU el 8 de mayo. El PEI se aprobó finalmente a finales del año 2003", indicó Gil, recordando que el nuevo equipo de Gobierno que se hizo cargo del Consistorio desde junio de 2003 anuló la aprobación del PAU del mes de mayo. En este punto, puso el acento en que el exalcalde ahora juzgado le pidió "dos veces y por escrito" que el Gobierno regional levantara la suspensión del PEI para posibilitar la aprobación del PAU.

En su intervención, Alejandro Gil negó que los tres hijos del exalcalde de Seseña se hubieran puesto en contacto con él durante todo este proceso.

Aprobación del proyecto que construyó 'El Pocero'

La sesión del martes arrancó con la declaración de Crescencio Leñero, que era ingeniero oficial cuando se aprobaron las obras de El Quiñón, un conjunto residencial construido por El Pocero. Leñero declaró que el exalcalde socialista se reunió tanto con los promotores de la empresa de El Pocero como con otros promotores inmobiliarios.

De su lado, Isabel Domínguez, que era portavoz del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Seseña, explicó que este proyecto les daba "miedo" por su envergadura y que el equipo de Gobierno que lideraba Martín quería sacarlo adelante "a toda costa" y con más prisa que otras promociones que estaban paralizadas.

A pesar de admitir que su grupo no pidió la suspensión del pleno, en el que la mayoría socialista sacó adelante las obras de El Quiñón con la oposición del resto de grupos, reiteró que votaron en contra por no tener información suficiente sobre este gran proyecto.

También testificó Felipe Torrejón, que que era por entonces concejal de Cultura y que dejó el cargo por "desavenencias" con el Grupo Municipal. Torrejón dijo que votó a favor de la aprobación de este proyecto inmobiliario porque había disciplina de voto y porque les dijeron que los informes eran favorables.

El proyecto salió adelante sin cumplir los requisitos

El exalcalde de IU Manuel Fuentes, que fue quien presentó en julio de 2006 una denuncia ante al Fiscalía Anticorrupción por presunta "especulación urbanística" en El Quiñón, recordó que cuando se aprobó en pleno –convocado con carácter de urgencia– no se había aprobado el correspondiente Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que era vinculante y que finamente vio la luz en diciembre de 2003, meses después de la aprobación.

Dicho esto, y tras recordar que se opusieron a esa actuación del Pocero por ser una "barbaridad", Fuentes explicó que IU interpuso un recurso de reposición contra ese pleno en el que se aprobaron las obras y pidió al alcalde socialista que retirara ese punto del orden del día por falta de documentación.

El martes también declaró el que fuera delegado provincial de Obras Públicas, Santiago García Aranda, según el cual, fue el consejero del ramo, Alejandro Gil, quien le pidió que tuviera "cuidado" en la tramitación de este proyecto urbanístico dado el elevado número de viviendas que contemplaba y a fin de no cometer "ningún error que les pusiera en situación comprometida".

Aranda recordó que en la tramitación del expediente los servicios técnicos de la Consejería hicieron correcciones, y que cuando el Pleno aprobó el proyecto el Plan Especial de Infraestructuras estaba "suspenso". En ningún caso un ayuntamiento podía recepcionar obras sin antes tener un PEI, añadió.

También aseguró que asistió a una reunión en la consejería con el consejero, alcalde y el agente promotor (El Pocero) en el que se le resolvieron las dudas, y que fue después, una vez se aprobó el proyecto, cuando supo que había otro empresario que pretendía quedarse con las obras.

Los promotores niegan relación con el alcalde o sus hijos

También declararon varios representantes de mercantiles relacionadas con el ladrillo, asegurando todos ellos no haber tenido contacto con el exalcalde de Seseña ni con sus hijos a la hora de adquirir terrenos en Estepona y Marbella.

Mariano Nicolás, que vendió unas fincas rústicas por medio de los promotores a los que se está juzgando por blanqueo de capitales, afirmó que no le extrañó que le pagaran alrededor de 70 millones de pesetas por esos terrenos, que después fueron revendidos por los promotores a la empresa de El Pocero.

Nicolás si que aseguró que el exalcalde de Seseña estaba presente cuando hicieron la escritura de compraventa porque era socio de los citados promotores.
Más contenidos sobre este tema




1 Comentarios
  • Raúl Suárez Raúl Suárez 17/03/16 08:36

    ¿Corruptelas accidentalistas? Cuesta creer que haya corrupción en el partido de Suresnes... ¿O no?

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    0

 
Opinión