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Caso de los espías

El Ayuntamiento de Madrid acusa de malversación a excargos del Gobierno Aguirre por el 'caso espionaje'

  • El Ayuntamiento de Madrid, que está en la causa en nombre del exvicealcalde Manuel Cobo, asegura que éste fue espiado para saber "las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba"
  • La magistrada Carmen Valcarce acuerda la expulsión del PP como acusación popular al no haber formulado escrito de acusación: "Su presencia carece de finalidad jurídica"

Publicada 20/12/2016 a las 13:50 Actualizada 20/12/2016 a las 18:10    
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El exvicealcalde de

El exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

PP
El Ayuntamiento de Madrid, en representación del exvicealdalde del PP Manuel Cobo, presentó un escrito de conclusiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Carmen Valcarce, en el que acusa a seis excargos y exempleados de la Comunidad de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos, según el documento al que ha tenido a acceso infoLibre.

El Consistorio madrileño, ahora gobernado por Ahora Madrid pero que ejerce la acusación en nombre del denunciante Manuel Cobo, responsabiliza en concreto al que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y que "impartió las órdenes", al mismo tiempo que dirigió las investigaciones y los seguimientos. Pero también contra el que fuera el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande, al considerar que también se aprovechó de sus cargos, por lo que les califica a ambos como cooperadores necesarios del espionaje.

El Consistorio, que no reclama penas de cárcel para ninguno de los acusados, solicita también el procesamiento de los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, como autores del espionaje.

En nombre de Manuel Cobo

En concreto, la representación de Manuel Cobo asegura que los seguimientos se realizaron "por motivos ajenos a la finalidad de la Administración autonómica". Y en concreto, "estaban dirigidos a la investigación de las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba". Todo ello, según el escrito del Consistorio, "con un marcado fondo relacionado con la actividad en el aspecto de la política, no de la seguridad ni de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid".

Los acusados, personal al servicio de la administración de la Comunidad de Madrid, fueron destinados, según el escrito, "a las labores del servicio de vigilancia y seguimiento del vicealcalde de Madrid y otros cargos públicos, encargos que ocupaban sus jornadas laborales por completo y por las que se remuneraba con un salario mensual y dietas, y para las que se le facilitaba un material específico, que sin bien era compartido (excepto los teléfonos móviles), no era utilizado por otras personas de la administración".

Y las funciones que los excargos de Aguirre asignaron a los investigados, completa el escrito de acusación, "no forman parte de las previstas para la Comunidad de Madrid en materia de seguridad, por lo que tanto el dinero destinado a su salario como el que se utiliza para la compra y mantenimiento de material, que ha sido cuantificado, fue incorrectamente utilizado. Este dinero formaba parte de los fondos de la Comunidad de Madrid".

"Penalmente responsables"

La acusación de la Comunidad de Madrid también ha solicitado la apertura de juicio oral contra los acusados, al considerarlos "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

"Una gestapillo"

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

Un portavoz oficial del Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena ha explicado a este periódico que el Ayuntamiento mantiene la acusación del caso de los espías habida cuenta de que la persona afectada era entonces vicealcalde del Consistorio. Además, en el Consistorio madrileño relatan que Cobo no ha renunciado por escrito a esta acusación popular.

Por otra parte, la magistrada Carmen Valcarce ha acordado la expulsión del PP como acusación popular del caso de los espías, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. La jueza acuerda la salida del PP al no haber formulado la formación política un escrito de acusación, por lo que su presencia en el proceso "carece de finalidad jurídica".


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