Las presiones para que Puigdemont convoque elecciones se multiplican desde varios frentes

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña está cada vez más próxima, y el Gobierno autonómico está recibiendo muchas presiones para tratar de evitarla a través de una convocatoria de elecciones. Tanto un sector del independentismo como sindicatos, patronales y partidos políticos están presionando para ello al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y este mismo martes la CUP admitió que la opción de celebrar unos comicios –que los anticapitalistas rechazan de plano si se hacen de acuerdo con la legalidad autonómica– está encima de la mesa de Junts pel Sí.

El pleno del Parlament se reunirá el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, apenas un día antes de que lo haga el pleno del Senado, que previsiblemente aprobará el viernes las medidas planteadas por el Gobierno para intervenir las instituciones catalanas al amparo del artículo 155 de la Constitución. En los últimos días, el independentismo había valorado la posibilidad de presentar y aprobar en ese pleno tres resoluciones: una condenando las cargas policiales del 1 de octubre, otra apelando a la necesidad de un proceso constituyente y una tercera para declarar formalmente la independencia.

No obstante, las fuentes consultadas señalan que esta opción se encuentra, ahora mismo, "paralizada". Y, tal y como expresó la CUP este miércoles y confirmaron fuentes del bloque independentista a este diario, se ha puesto otra alternativa encima de la mesa: la de convocar elecciones autonómicas, algo que el pasado domingo descartaba expresamente el conseller de Presidencia, Jordi Turull, pero que en las últimas horas ha cobrado fuerza.

Según fuentes de los conservadores catalanes, "la opción de convocar elecciones siempre está encima de la mesa", toda vez que podría servir para "preservar el autogobierno de Cataluña". Si se eligiese finalmente esta opción –que por ahora únicamente se ha planteado como una de las posibilidades–, los comicios tendrían lugar bajo la legalidad española y estarían regulados por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) –la ley electoral estatal–, dado que Cataluña carece de una norma propia, explica un dirigente del PDeCAT.

En este supuesto, los independentistas calificarían las elecciones de "constituyentes", ya que la Ley de Transitoriedad Jurídica –la norma, suspendida por el Tribunal Constitucional, que debería servir para guiar los primeros pasos de un Estado catalán independiente– establece que de los primeros comicios tras el referéndum del 1-O debe salir el Parlament encargado de redactar la Constitución catalana. Así, el independentismo repetiría la jugada de las elecciones de septiembre de 2015, unos comicios que llamaron "plebiscitarios" y que consideraron un referéndum sobre la independencia pese a que, legalmente, la convocatoria fue de carácter autonómico.

Las diferencias sobre esta estrategia en el seno del secesionismo se hicieron públicas este martes. Fue la CUP la encargada de denunciar que está "sobre la mesa" la opción de convocar elecciones, algo que para los anticapitalistas "sería un acto de sumisión, de vasallaje", "el arma nuclear para acabar con el proceso de independencia catalán". "Nos tratan como una colonia. Convocar elecciones autonómicas sería la herramienta más demoledora para parar el proceso de independencia", denunció Carles Riera, diputado de la CUP en el Parlament. Poco después, Jordi Turull se negaba a comentar nada sobre una alternativa que él mismo había negado el domingo. "Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones", sostuvo.

Lo cierto es que, en los últimos días, diferentes actores han presionado en público y en privado al Ejecutivo para que llame a las urnas en un intento de evitar la aplicación del artículo 155. El sector más moderado del PDeCAT, en el que se encuadran dirigentes como el conseller de Empresa, Santi Vila, o la coordinadora general del partido, Marta Pascal, apuesta por esa vía. También lo hizo el lunes el Cercle d'Economía, que pidió acabar con "una dinámica, prolongada e intensa, de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano". El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó por su parte que Puigdemont debería convocar elecciones para que la autonomía catalana "pueda mantener intactas todas sus competencias".

Partidos de diferente signo, como Unidos Podemos, el PSC o el PNV, también se pronunciaron a favor de la convocatoria electoral. La portavoz en el Congreso de la coalición morada, Irene Montero, señaló con respecto de las elecciones que "cualquier opción para paralizar el 155" es "algo positivo", mientras el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aconsejó a Puigdemont que convoque nuevos comicios porque "la prioridad" es evitar la intervención de la autonomía catalana. Por su parte, tanto el expresident José Montilla como la alcaldesa de L'Hospitalet, Nuria Marín, ambos del PSC, también se mostraron a favor de la convocatoria de unas "elecciones normales", en palabras de la regidora.

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Pero, además, de decidir si se convocan o no elecciones, Puigdemont tiene que tomar otras dos decisiones en las próximas horas: en primer lugar, decidir si acude al Senado para exponer su posición –podría hacerlo el jueves por la tarde o el viernes por la mañana–, y en segundo lugar, determinar si declarar o no formalmente la independencia en el pleno del Parlament. En caso de que el president optase por esta alternativa, debería también disponer si esta declaración de independencia tendría que ser votada por los diputados o no. Y es que varias fuentes consultadas explican que los parlamentarios que apoyasen una DUI se expondrían a consecuencias civiles e incluso penales, algo que genera recelos a ciertos sectores del independentismo. 

En cualquier caso, se tome la determinación que se tome por parte del Gobierno catalán, no está claro ya que el Ejecutivo central fuera a paralizar el 155 incluso si se convocasen elecciones, aunque esa opción podría quebrar el apoyo que el PSOE está prestando al Gobierno. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba este martes que "en este momento, el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones", y señalaba que también sería necesario que el president confirmase que "no ha declarado la independencia de Cataluña" y mostrase su compromiso de cumplir "con la legalidad". Pero la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, sostenía esa misma tarde que "no hay base jurídica" para aplicar el 155 si Puigdemont convocase comicios autonómicos de acuerdo con la normativa electoral española.