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Servicios sociales

La inversión en servicios sociales vuelve a niveles precrisis aunque se mantiene la disparidad territorial

  • Un estudio de profesionales del sector  revela la existencia de diferencias "extremas" por comunidades en la mayoría de indicadores
  • Los expertos, sin embargo, aprecian riesgos de retorno al "asistencialismo" en detrimento de los servicios de calidad

Publicada 20/12/2017 a las 14:42 20/12/2017 a las 14:42    
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Imagen de archivo de una enfermera acompañado a un anciano en una residencia.

Imagen de archivo de una enfermera acompañado a un anciano en una residencia.

Los recortes ejecutados durante los años más duros de la crisis por las administraciones estatal, autonómicas y municipales han tenido un gran impacto en la red de servicios sociales, muy relevante por su misión de atender a las personas más desfavorecidas y evitar que caigan en la marginalidad y la exclusión social a través de prestaciones como ayudas a domicilio, residencias, rentas de inserción, comedores, dependencia... 

En los años 2011 a 2014, en conjunto, se invirtieron 8.641 millones de euros menos en estos servicios si se compara lo gastado en cada uno de esos años con lo consignado en el pico de financiación de 2010, tal y como documenta un informe publicado este miércoles por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La tendencia de restricciones presupuestarias comenzó a revertirse a partir de 2015, así continuó en 2016 y será probablemente en la ejecución presupuestaria de 2017 cuando, según los expertos, se evidencie la recuperación del nivel de gasto de 2010, cuando se consignaron 18.053 millones de euros.   

Sin embargo, entre las secuelas de los recortes está la gran dispersión territorial de la que adolece el desarrollo de los servicios sociales en España. Esta es una de las principales conclusiones de la evaluación del grado de madurez de estos servicios en las distintas autonomías que ha desarrollado la citada asociación a partir de tres parámetros: los derechos de los ciudadanos regulados por ley (a los que otorga 1,5 puntos en su puntuación máxima), la inversión económica (3 puntos) y la cobertura real que se recibe (5,5 puntos).

A su vez, estas tres variables incluyen datos de una treintena de indicadores obtenidos de fuentes oficiales como los ministerios de Sanidad y Servicios Sociales o Hacienda o el Instituto Nacional de Estadística. Entre esos factores están la normativa existente, el nivel de gasto, la cobertura de las rentas de inserción, las plazas residenciales, o los servicios de teleasistencia, entre otros.

Diferencias territoriales 

El trabajo explica que aunque en 2017 las diferencias territoriales "se amortiguan a nivel general", se siguen constatando brechas "que resultan extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios".

Atendiendo al gasto de cada gobierno autonómico, País Vasco invirtió 611,8 euros por habitante en 2016 en servicios sociales, y Navarra, 600,37 euros, pero también hay varias comunidades de régimen común que superaron los 400 euros por cabeza: Extremadura, La Rioja y Cantabria. Por contra, en Murcia fueron 262,39 euros y en la Comunitat Valenciana, 251,16 euros por ciudadano. 

Los expertos señalan en que gastar más no es necesariamente hacerlo mejor e insisten en que la vertebración y la descentralización son determinantes para la eficiencia del sistema. De este modo, territorios con una ratio más baja (excesivo gasto para la cobertura que ofrecen) han coincidido con aquellos en los que la organización presenta baja participación local en la gestión y entrega de servicios sociales: Extremadura, Asturias o Cantabria presentan índices de cobertura bajos (entre 3,4 y 4,0) para un esfuerzo económico muy elevado (entre 7,7 y 9,7).

Lo que es sí es evidente es que las diferencias presupuestarias y organizativas tienen efecto en prestaciones concretas. Por ejemplo, mientras en algunas comunidades más del 10% de la población potencialmente dependiente recibe una prestación o servicio del Sistema de Atención a la Dependencia (Andalucía, País Vasco, Murcia, Castilla y León o en la Rioja), en otras es inferior al 5% (Canarias y la Comunitat Valenciana).

En la misma línea, sólo el 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones en virtud de la ley de dependencia están en lista de espera en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%. Además, el 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Murcia sólo lo recibe el 2,2%.

El informe también constata diferencias relevantes las plazas residenciales. Mientras que en Extremadura se ofertan 4,5 plazas de financiación pública por cada 100 mayores de 65 años, en Galicia hay 1,08. Además, en País Vasco hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, cuando en Extremadura son 15,44.

¿Vuelta al asistencialismo? 

Por otro lado, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la principal duda que plantea la evolución del sistema público de servicios sociales es si no se está produciendo una involución hacia formas "asistenciales",  que son más propias de "épocas ya superadas". Los expertos creen que existe este riesgo cuando, por ejemplo, se asocia a los ocho millones de trabajadores pobres de los que hablan las estadísticas con la pobreza y exclusión social y se aborda su situación con respuestas asistenciales en lugar de con políticas de fondo que acaben con los bajos salarios o la temporalidad del empleo. 

"Se traslada a los servicios sociales la responsabilidad de atender las situaciones de pobreza desde prácticas asistenciales. La proliferación y diversidad de ayudas para paliar carencias materiales (vivienda, energía, alimentos…) convierten a los servicios sociales en oficinas de checking social para clasificar a los ciudadanos y en oficinas pagadoras, con cargo a sus propios y limitados recursos", explicó en rueda de prensa Gustavo García, coordinador del informe. 

El experto puso de ejemplo el nuevo mecanismo de funcionamiento del bono social eléctrico aprobado de manera reciente el por Gobierno. Este desarrollo legislativo prevé que, en el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, los servicios sociales autonómicos o locales tendrán que financiar el 50% de su factura, lo que según el colectivo podría costar 300 millones de euros. "Este tipo de actuaciones sobrecargan las estructuras básicas de servicios sociales con tareas puramente gestoras de una ayuda asistencial", explicó García. 


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