Junts y Esquerra planean de nuevo investir a Sànchez para visibilizar que el Estado no le “permite ejercer sus derechos políticos”

Cuarto intento de investidura a la vista. Después de haber tratado de que el Parlament pudiese votar la candidatura a la Presidencia de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull —el único que pudo someterse a votación, aunque no obtuvo apoyo suficiente—, Junts per Catalunya y Esquerra vuelven a poner sobre la mesa que la Cámara invista al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) —Jordi Sànchez— a pesar de que la CUP ya ha dejado claro que en ningún caso piensa apoyarle.

La primera vez que Junts y Esquerra intentaron promover la investidura de Sánchez, en prisión en la cárcel de Soto Del Real (Madrid) desde hace 171 días, el juez instructor de la causa contra el procés independentista lo impidió al negarle el permiso que había solicitado para poder acudir al Parlament. En aquella ocasión, la decisión de ERC de mantenerse dentro de la ley para evitar nuevas acusaciones judiciales cegó la posibilidad de someterle a la investidura de forma no presencial, tal y como defendían algunos diputados de Junts y los cuatro de la CUP.

El nuevo intento de investir a Sànchez sin que las circunstancias que impidieron el primero hayan cambiado —sigue en prisión, nada hace pensar que Llarena vaya a dejarle salir y la CUP continúa negándole su apoyo— tiene que ver con el interés del soberanismo de tratar de desacreditar internacionalmente al Estado. El presidente del Parlament, Roger Torrent, dedicó el viernes a una ronda telefónica de consultas con los diferentes grupos.

En busca de argumentos que le permitan agrietar el respaldo internacional al Gobierno de Mariano Rajoy, Junts quiere explotar al máximo la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de admitir a trámite una demanda interpuesta por Sànchez en la que el organismo internacional, aunque no entra en el fondo de la cuestión, pide expresamente a España que le garantice “ejercer sus derechos políticos”. Este comité, integrado por 18 expertos independientes, se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Violación” de derechos

La intención de los soberanistas es utilizar la petición del comité para volver a pedir a Llarena que autorice la salida de prisión de Sànchez y poder celebrar la sesión de investidura. Y si, como es previsible, el juez del Supremo rechaza otra vez la petición, utilizar su resolución para volver a denunciar fuera de España la “violación” de los derechos políticos del candidato y una nueva interferencia judicial en la decisión del Parlament elegido democráticamente el pasado 21 de diciembre.

Junts y Esquerra saben que la investidura de Sánchez, aunque Llarena le dejara salir de Soto del Real, es inviable, porque la CUP no está dispuesta a votar a favor y sin los diputados que continúan fuera de España —Toni Comín y el propio Puigdemont— no tiene votos suficientes para elegir president. Así que diferentes medios interpretan esta decisión como una manera de ganar tiempo a la espera de que se aclare la situación judicial de Carles Puigdemont: en unas semanas sabremos si la justicia alemana entrega al expresident para que sea juzgado por el delito de malversación de fondos públicos o si, por el contrario, deniega la euroorden del Supremo y le deja en libertad.

En las filas de Junts no falta quien cree que aún es posible replantear la investidura de Puigdemont, al que el Supremo —a diferencia de otros procesados como Oriol Junqueras— no podrá inhabilitar antes de ser juzgado porque ya no se le podría imputar el delito de rebelión. En su caso, además, la CUP sí está dispuesta a votar a favor. Quedan 46 días hasta el 22 de mayo, fecha en la que tiene que haber president o Rajoy, que es quien conserva la competencia gracias al artículo 155 de la Constitución, convocará nuevas elecciones en Cataluña.

Mientras tanto hay tiempo para que el Parlament intente por segunda vez investir a Sánchez y, sobre todo, para que la Justicia alemana resuelva si los hechos que se le imputan a Puigdemont son punibles bajo la ley alemana.

Si el tribunal que se ocupa del caso decide que tampoco hay motivos para entregar a Puigdemont por el delito de malversación, el expresident será libre de volver a Bruselas y poner en marcha el Consell de la república desde el que los secesionistas quieren tutelar el Govern de la Generalitat y promover internacionalmente la causa independentista catalana. Si Alemania no acepta la euroorden, será muy difícil que lo hagan otros países, lo que anticipa que tampoco serán entregados a España los demás fugados.

La batalla por la opinión pública internacional

Paradójicamente, en ese escenario Llarena podrá mantener el procesamiento de Puigdemont por rebelión y eventualmente el Supremo tendrá en su mano condenarle por ese delito, aunque se vería obligado a hacerlo en rebeldía. El Gobierno de Rajoy, en cambio, vería tambalearse su estrategia internacional frente a los independentistas. La decisión de la Justicia alemana desacredita que sigan defendiendo fuera de España que los promotores de la secesión utilizaron métodos violentos por los que merecen condenas severas.

En cambio, si el tribunal alemán entrega a Puigdemont a España, es la instrucción de Llarena la que tendrá que adaptarse a los límites impuestos. Ya no podrá imputar el delito de rebelión al expresident, lo que significa que el máximo responsable político del procés quedará a salvo de las condenas de 25 años a las que sí se enfrentan los demás dirigentes independentistas acusados de haber cometido este delito. Eso suponiendo que el juez no se vea obligado a replantear toda la causa, toda vez que siempre ha sostenido la comisión de “un delito de naturaleza plurisubjetiva mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”.

De hecho, el pasado diciembre él mismo aseguró que si se excluye a una parte de los imputados de la acusación de rebelión —exactamente lo que acaba de pasar con Pugdemont—, el proceso podría conducir “a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes” y acabaría favoreciendo a los fugados en comparación con quienes no abandonaron España.

Este escenario —la entrega de Puigdemont sólo por malversación— impidiría que el expresident pudiese continuar con sus actividades en Bruselas pero no el descrédito internacional de la instrucción del Supremo en lo que se refiere al intento de acreditar la existencia de violencia.

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Mientras los trámites judiciales avanzan, Carles Puigdemont aprovechará la oportunidad que acaba de recuperar como altavoz de las demandas del independentismo para tratar de ganar aliados internacionales que se sumen a su llamamiento al diálogo con el Gobierno español. Una estrategia que lleva intentando, hasta ahora con poco éxito, desde que huyó a Bruselas, pero que se propone acometer con renovado impulso después de que la Justicia alemana haya establecido que la declaración de independencia se hizo sin recurrir la violencia.

En esa línea, nada más salir de prisión exigió “la liberación inmediata” de todos los presos independentistas y llamó al diálogo para resolver la situación política catalana. “Es el momento de dialogar” y no hay excusa para que las autoridades españolas no quieran negociar con las instituciones de Cataluña, subrayó.

“Pedimos diálogo en los últimos años y sólo hemos recibido una respuesta violenta y represiva. Es hora de hacer política”, concluyó antes de trasladarse a Berlín. El expresident ha establecido en la capital alemana su residencia provisional a la espera de que el tribunal decida si lo entrega a España por el delito de malversación. Desde allí aprovechará la expectación que ha vuelto a despertar su caso para ofrecer este sábado una rueda de prensa.