Otros diez políticos y altos cargos del PP podrían haber aprobado asignaturas del mismo máster que Cifuentes con actas falsificadas

La polémica continúa. La última información que engorda aún más el escándalo sobre el máster en el que se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es que no sólo la presidenta regional tuvo tratos de favor dentro del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Este martes se desveló que la líder conservadora aprobó tres asignaturas mediante convalidaciones cuya acta tenía, al menos, cinco firmas falsificadas. Pero el nombre de María Cristina Cifuentes Cuencas no aparecía solo, le acompañaba el nombre de otros nueve alumnos. Según desveló este miércoles eldiario.es, esas personas son políticos del PP y altos cargos.

El nombre más conocido entre los aprobados por convalidación en esas tres materias es el de Pedro Calvo, entonces teniente de alcalde de Madrid y número tres de Alberto Ruiz-Gallardón. Conoce a Cifuentes desde hace décadas, pues la presidenta fue asesora del exalcalde madrileño en la Asamblea de Madrid. Además, convivieron en el grupo parlamentario durante tres legislaturas.

También figura en la lista Dionisio Ramos, la mano derecha de Gustavo Villapalos, el rector de la Universidad Complutense al que Gallardón después nombró consejero de Educación. En esa época se puso en marcha la URJC, donde Cristina Cifuentes formó parte del primer consejo de administración. Además, Ramos presidió en 2001 el tribunal de oposición donde Cifuentes aprobó su actual plaza como funcionaria.

Otro nombre destacado es José Ignacio Sanz Cerezuela, exgerente entre 2012 y 2014 de la Agencia EFE, una empresa pública donde fue nombrado tras la llegada al poder de Mariano Rajoy, y exdirectivo del periódico ABC. Asegura que no tiene constancia de la convalidación: "El que lo haya puesto, lo sabrá", asegura. 

Entre la convalidación general consta también la abogada Susana Ángel que durante años fue la número dos de Pedro Núñez Morgades –un histórico dirigente del PP que ha sido delegado del Gobierno en Madrid bajo la presidencia de José María Aznar– en la Fundación Legalitas, de la que hoy está desvinculada. Inmaculada González de Molina Martínez es otro nombre destacado. Es responsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, y fue nombrada en 2012, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy.

Elena Gismero Mendieta, por su parte, aparece como trabajadora de la empresa Tragsatec, filial del grupo público Tragsa (perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), una empresa con fuertes vínculos con las administraciones. 

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Ricardo Enrique Medina Mailho está vinculado a la empresa Cualtis, una entidad "nacida a partir de la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social", según pudo comprobar eldiario.es en su propia página web. José Antonio Gurpequi Palacios, por su parte, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá. 

Del último nombre, A.M.H., no pudieron averiguar nada.