El movimiento feminista sale a la calle para reclamar un compromiso presupuestario

El sábado 7 de noviembre de 2015 el movimiento feminista salía a las calles de Madrid para teñirlas de morado en lo que años después se recordaría como la primera gran marcha estatal contra la violencia de género y el preludio de un mandato que comenzaba entonces a tomar forma: la necesidad de un pacto contra la violencia machista. Casi dos años después, en septiembre de 2017, el Congreso de los Diputados daba luz verde al acuerdo, respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo Unidos Podemos –al considerar que no se ajustaba a las demandas feministas–. El documento final cuenta con 213 medidas que dependen de una partida presupuestaria de mil millones de euros para los próximos cinco años, es decir, 200 millones anuales a partir de 2018, de los cuales 100 millones irán destinados a comunidades autónomas y otros 20 millones a entidades locales. Así queda establecido al menos sobre el papel. La realidad es que, en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el Gobierno aprobó incrementar en 80 millones las partidas destinadas a la puesta en marcha del pacto estatal, mientras que los 120 millones restantes deberán ser asumidos por comunidades y ayuntamientos con su propia financiación y no a través de una partida específica y directa.

Las organizaciones feministas, que han sido las principales impulsoras del acuerdo, se han unido para responder a la escasez presupuestaria. Casi 300 agrupaciones, impulsadas por la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, se han adherido a un llamamiento: salir a la calle bajo el lema "Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue, nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!".

Las organizaciones convocantes, indica la Plataforma 7N, protestan por el incumplimiento en el proyecto presupuestario del Gobierno, frente a los asesinatos de más de 934 mujeres en los últimos quince años, según cifras oficiales –es decir, teniendo en cuenta únicamente a las víctimas en el ámbito de la pareja o expareja–. Las activistas feministas se preguntan "a costa de cuántas vidas de mujeres, niñas y niños han hecho propaganda y publicado falsas promesas de mejora el presidente y la ministra de igualdad, Dolors Montserrat" y recuerdan que "no es que no haya dinero, es que las prioridades son otras". infoLibre habla con algunos de los distintos colectivos que se han sumado a la convocatoria sobre los motivos por los que creen necesario salir a la calle este miércoles.

Reclamar lo pactado

  Lolín Pastor preside el colectivo valenciano Dones Malva, nacido en el año 1994. "Somos un grupo de mujeres y estamos descontentas", explica al otro lado del teléfono. El Gobierno, dice, sacó adelante el Pacto de Estado y fijó un presupuesto para "distribuirlo y que se gastara entre la gente que lo necesita, las mujeres que están sufriendo la lacra de la violencia machista". Sin embargo, añade, "esto no se ha cumplido, no se ha dado el dinero que se prometió". Ante dicho escenario, las feministas no tienen más opciones que "reclamar lo que se pactó" y la "única fuerza" con la que cuentan es "salir a la calle, hacerse ver y manifestarse". "Estamos indignadas y la única forma de expresarnos es salir a la calle y que se nos oiga", subraya, "salimos simplemente para exigir que eso se cumpla".

"El Pacto de Estado fue un ademán de una exigencia del movimiento feminista en su momento, durante la manifestación del 7N en el año 2015, que a pesar de las negociaciones entre los partidos políticos quedó más corto de lo que se exigía". Habla Paula Díaz, activista feminista y miembro de organizaciones como Rede Feminista Galega o Mulheres Nacionalistas Galegas, que se han sumado a la convocatoria de este miércoles. A su juicio, lo mínimo que corresponde al Gobierno es cumplir con "esos 200 millones anuales, que son imprescindibles si realmente hay voluntad de acabar con la violencia machista". Díaz entiende que el PP "se hizo la foto en su momento, con la aprobación del pacto, y después con el lazo morado en el 8M porque no le quedó más remedio". Que el resultado de los gestos políticos sea "un proyecto presupuestario que no cumple ni unos mínimos, parece que dice mucho de cuál es su voluntad real", denuncia.

Diferentes perspectivas y una demanda común

Patricia Ponce dirige la organización Haurralde Fundazioa, afincada en Donostia. Explica, en conversación con este medio, que en lo que respecta a su ciudad "la convocatoria se ha lanzado desde el Consejo de Igualdad del Ayuntamiento, varias compañeras han explicado que había que estar el 16 en las calles y a partir de eso se ha ido haciendo un conjunto de cartelería, cada comunidad autónoma le pone su letra, su idioma particular, pero el lema es el mismo: La lucha sigue, nos vemos en las calles".

La falta de presupuesto destinado a comunidades y ayuntamientos afecta de forma directa a las labores de prevención, detección precoz y atención integral porque "las administraciones locales al final son las de cercanía", razona Paula Díaz. "Las mujeres en situaciones de violencia acuden a estas administraciones, pero el techo de gasto de los ayuntamientos les impide que puedan atender realmente las responsabilidades que a su vez no son propiamente de los ayuntamientos", de forma que la situación, lamenta, resulta insostenible. Al final, entiende la activista gallega, "la cuestión es que si realmente hay una voluntad política de que las cosas no queden sólo en el papel, es necesaria una inversión presupuestaria".

Con ella coincide Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres). "Necesitamos un Pacto de Estado, nos prometieron que iban a liberar un dinero, no ha sido así y nos sentimos engañadas", reconoce, al tiempo que insiste en que "sin dinero no se pueden llevar a cabo las medidas transversales propuestas contra la violencia de género". La escasez presupuestaria, en la medida en que afecta especialmente a las administraciones locales, repercute de forma directa en el mundo rural. "Si nos quedamos sin ese presupuesto, y eso afecta al medio urbano, no hace falta imaginar cómo lo hará en el medio rural", apunta Idáñez, quien aclara que "son medidas que no van a llegar de ninguna forma".

En el mundo rural, continúa, las mujeres se encuentran "más esparcidas en muchos kilómetros a la redonda, hay que dar con los servicios de atención y las mujeres no se desplazan igual que en el medio urbano". Además, añade, "en muchos casos no tienen ni redes sociales", de manera que están "más aisladas", con las consecuencias que ello conlleva. "Todo nos afecta doblemente", recalca. 

Dina Garzón coordina la Red Ecofeminista, que con su presencia en las manifestaciones de este miércoles reclama además una perspectiva que integre ecologismo y feminismo como parte de una ecuación indisoluble. "Consideramos, como feministas y también como ecologistas, que los recortes en los presupuestos no son admisibles, y por eso participamos", dice en conversación con este diario. Garzón cree que "la mirada ecofeminista" es la gran ausente del Pacto de Estado, aunque celebra que sí esté cobrando mayor presencia gracias al movimiento de calle y a la huelga de consumo del 8M. "Hay un resurgimiento, hasta hace poco nadie nos tenía en cuenta y ahora es verdad que hay un repunte del ecofeminismo, así que vamos por el camino adecuado", estima la activista, quien defiende que el ecofeminismo "puede aportar mucho en la prevención de la violencia".

La labor de las asociaciones

El incumplimiento presupuestario en detrimento de los recursos y labores autonómicos y locales, denuncian las activistas feministas, provoca que sean las organizaciones sociales quienes asuman las labores propias de la administración. "Las campañas tampoco llegan con claridad a las mujeres, los recursos son escasos e ínfimos" advierte Paula Díaz, de modo que son las asociaciones feministas las que tienden a acompañar a las víctimas, "aunque sólo sea para que sepan dónde hay recursos a su alcance o en qué horario". Al final, agrega Díaz, "tenemos que suplantar esa parte que sería obligación de las propias administraciones, cada una con sus responsabilidades". 

También Inmaculada Idáñez reconoce que tales labores se están haciendo "de una manera solidaria y empatizando con las mujeres". En el medio rural, señala, "las que tenemos información y formación estamos para poder ayudar, prestamos nuestra atención y esfuerzo para poder llegar a esas mujeres, lo hacemos porque somos las más afectadas y las que sabemos de la necesidad que tenemos". A su entender y en base a su experiencia, "hay que vivir el problema de cerca y saber las deficiencias con las que nos encontramos, si no es imposible".

Patricia Ponce reflexiona asimismo sobre la labor del movimiento feminista en cuanto al asesoramiento y acompañamiento de las víctimas, y entiende que "las organizaciones de base vienen cubriendo desde hace más de una década un hueco que es el que no cubre la Administración pública". Las mujeres organizadas, aclara, "tanto desde la propia militancia y el voluntariado puro como desde las entidades subvencionadas", asumen una tarea "a veces de manera muy precaria, que es una cuestión de solidaridad, de tejido social muy importante en todas las comunidades autónomas". Este hecho, agrega, "no deslinda que el Estado y la Administración pública tengan una obligación que está por encima" y es que no puede hacer "dejadez de sus responsabilidades y dejarlas en manos de las organizaciones sociales de base, sobre todo si después los recortes son tan importantes que no hay para pedir presupuestos".

La prevención y la atención, insiste, no pueden quedar en manos del voluntariado porque en ese caso se produce "una precarización de todo el tejido social feminista, que es fuerte, formado y potente, pero que si se abusa de él y se le exige más cosas de las que puede hacer", corre el riesgo de debilitarse. "Como tejido social nos corresponde seguir a pie de calle sin perder la incidencia política para que el Estado asuma sus responsabilidades", concluye Ponce.

Los frentes de la lucha feminista

"¡Gobierno machista, lucha feminista!"

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En este sentido, continúa la activista, "la situación es preocupante" porque la violencia de género, sexual y de otros tipos, tiene que ver con el desinterés institucional. La lucha en las calles, dice, "es una forma de lucha, pero no es la única que el movimiento feminista debe tener o puede abanderar, hay otras luchas que se hacen a nivel de espacios como los Consejos de Igualdad o a través de la lectura de los presupuestos en cada comunidad desde una perspectiva de género". En esta línea, Ponce recuerda que fueron muchas quienes salieron "el 7N o el 8M, quienes plantaron cara, y sin embargo la política va en detrimento de los derechos de las mujeres". Por ello, plantea que "los frentes son muchos y no hay que descuidarlos".

En esa batalla, la activista feminista reflexiona sobre las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y el oportunismo político. "Esto será un revulsivo importante porque ahí realmente nos daremos cuenta cómo se usa la cuestión de género, de violencia, para la consecución de medidas que ahora no están". Se trata de exigir, razona Ponce, líneas de actuación que deben estar "pero no a las puertas de una cuestión electoral: las mujeres están siendo asesinadas hoy, las medidas se tienen que tomar hoy, no esperar a que esto se convierta en una jugada política".

La lacra de la violencia contra las mujeres, dice, "es una cuestión estructural", de manera que sin inversión en "prevención, en detección precoz y en atención en educación, seguiremos repitiendo los modelos", al tiempo que "si en sanidad no se aplican las medidas para los centros de salud de los hospitales y para la coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, seguiremos teniendo las mismas dificultades". De ahí la urgencia, zanja, de poner en marcha medidas inmediatas que necesariamente deben ir acompañadas por el presupuesto acordado.