La Moncloa lleva casi tres meses sin publicar en la web los ingresos y datos fiscales del presidente Sánchez

El nuevo Gobierno, al menos de momento, patina en transparencia. Ya hace casi tres meses que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y se convirtió en presidente del Ejecutivo, y en ese tiempo ya son varias las polémicas relacionadas con la opacidad de su administración las que lo rodean. Hace unos días se conoció que el Gobierno había declarado clasificada la información relativa al viaje de Sánchez a Castellón para acudir a un concierto el pasado mes de julio, y además el nuevo presidente no hace público –al contrario que su predecesor, Mariano Rajoy– la cifra ni el desglose de sus ingresos anuales y datos fiscales. Asimismo, el Gobierno todavía no ha revelado qué ministros del anterior Ejecutivo han solicitado indemnización por su cese, pese al tiempo transcurrido desde que se produjeron la mayoría de relevos.

2013 fue el primer año en el que los ciudadanos pudieron conocer el desglose de las retribuciones y las declaraciones de la renta y patrimonio de su presidente del Gobierno. En febrero de ese año, acosado por la publicación de los papeles de Bárcenas y las sospechas de que podría haber cobrado sobresueldos en dinero negro, Rajoy ordenó publicar en la web de la Moncloa dicha información, que fue actualizándose puntualmente y a la que aún se puede acceder, aunque los últimos datos corresponden al ejercicio 2016. En total, se pueden consultar en la web los datos fiscales de 14 años (entre 2003 y 2016, ambos inclusive).

Es cierto que la iniciativa de Rajoy se trató de un gesto voluntario del entonces presidente y que la ley no obliga al ocupante del cargo a hacer pública esta información. No obstante, en los ya casi tres meses que lleva en la Moncloa –tomó posesión el 2 de junio–, Sánchez no ha puesto a disposición de los ciudadanos esta documentación, que tampoco consta en la web del Congreso al no ocupar escaño de diputado. La única información sobre el patrimonio de Sánchez puede encontrarse en la web del PSOE, donde está disponible una "declaración de rentas, bienes e intereses" del presidente a fecha de 31 de julio del año pasado en la que se detalla que entonces ingresaba 4.134 euros mensuales netos como secretario general de los socialistas, amén de otros 13.711 euros al año por el alquiler de un inmueble.

Este diario se puso en contacto con Presidencia del Gobierno para conocer la información sobre las retribuciones actualizadas de Sánchez y para saber por qué estos datos no se encuentran colgados en la web de la Moncloa, así como para tratar de averiguar si la institución pondrá esta información a disposición del público en un plazo breve. El equipo de Sánchez no respondió a las preguntas de infoLibre.

Pero los ingresos del presidente del Gobierno no son la única información que el nuevo Ejecutivo no facilita casi tres meses después de aterrizar en la Moncloa. El Portal de la Transparencia, inaugurado en 2014, tiene la obligación de publicar –entre otros datos– las indemnizaciones por cese solicitadas por los altos cargos una vez dejan su puesto –en caso de que la soliciten al carecer de otros ingresos– y las autorizaciones que les son concedidas para trabajar en puestos del sector privado tras dejar la Administración Pública. Pero la información aportada es nula en el primer caso y mínima en el segundo.

Las solicitudes de indemnización

El silencio que guarda Transparencia es especialmente llamativo en el caso de la percepción de indemnizaciones por cese. Según establece la ley, los altos cargos tienen derecho a percibir una cantidad mensual durante un tiempo máximo de dos años tras abandonar el cargo, una percepción que es incompatible con otros ingresos de carácter público o privado.

Tal y como confirmó el Portal de Transparencia a preguntas de este periódico, la Oficina de Conflicto de Intereses –el organismo que gestiona estas indemnizaciones– "ha recibido solicitudes de indemnización por cese de miembros del anterior Gobierno". Pero, por ahora, no se ha publicado ni la cuantía mensual de su percepción ni fecha de inicio de la misma. Transparencia argumenta que "dichas peticiones se están tramitando en este momento y no se hacen públicas hasta que no están resueltas", momento en el cual se difundirán en el portal.

Pese a esta explicación oficial, lo cierto es que no es habitual que las gestiones se dilaten tanto tiempo. Ex altos cargos consultados por infoLibre que han pasado por ese trámite explican que quien esté en situación de solicitar la indemnización únicamente tiene que firmar un documento en el que asegura que durante el tiempo que perciba la paga no ingresará dinero por otras actividades, ni públicas ni privadas, y sostienen que el tiempo que tarda la administración en gestionarlo es mínimo.

De hecho, lo habitual es que los altos cargos que solicitan indemnización comiencen a cobrarla al mes siguiente de ser cesados, sin que exista demora. Por ahora, el último alto cargo del que se conoce indemnización es el exministro de Economía Luis de Guindos, que entre abril y junio (dejó el cargo en marzo para presidir el BCE) cobró 9.382 euros. Guindos cesó en su cargo el 7 de marzo, y comenzó a percibir su indemnización el 1 de abril: ni un mes después. Y lo mismo ocurre con otros ex altos cargos como el ex ministro de Defensa Pedro Morenés –que cesó el 4 de noviembre de 2016 y comenzó a cobrar el 2 de diciembre de ese mismo año– o el ex ministro de Industria José Manuel Soria –que dejó su cargo el 16 de abril de 2016 y empezó a ingresar la indemnización el 2 de mayo de ese año–.

Ni rastro de las autorizaciones

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Y luego están las autorizaciones concedidas a ex altos cargos de la administración pública para comenzar a trabajar en otro puesto tras su cese. Durante dos años, la ley obliga a los exministros a informar a la Oficina de Conflicto de Intereses del puesto al que quieren incorporarse, y ésta tiene la capacidad de vetarlo si dicho cargo está relacionado con el que desempeñó el exministro en el Gobierno.

De momento, ninguno de los últimos ministros de Rajoy aparece en el Portal de Transparencia, pese a que algunos, como Íñigo de la Serna (exresponsable de Fomento) han anunciado públicamente que volverán al sector privado. Transparencia sí recoge las autorizaciones otorgadas a varios altos cargos que perdieron su puesto tras la llegada de Sánchez al Gobierno. Entre ellos se encuentran Julio Rodríguez Gómez-Pomar, ex secretario de Estado de Infraestructuras; Antonio Dorado, ex secretario general de la Administración de Justicia; José Luis Ortiz, ex jefe de gabinete de la exministra Dolores de Cospedal; Ángel Fernández, su homólogo en Fomento; y Valle Ordóñez, ex coordinadora para asuntos relacionados con la Presidencia del Gobierno.

Todos ellos recibieron la autorización para volver a su puesto anterior el mismo día que la solicitaron, un trámite que la Oficina de Conflicto de Intereses solventa más rápidamente que la concesión de una autorización para trabajar en un puesto diferente al que el alto cargo en cuestión ocupaba antes de entrar en la administración. En este último caso, la demora podría estar más justificada, para analizar las posibles incompatibilidades o conflictos de intereses.