Los cambios en las aulas que promete el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La última semana de agosto anuncia el final del periodo estival y con ello el inicio de un nuevo curso escolar. Septiembre es también la fecha en que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumplirá su primer año de vida, con la promesa, entre otras muchas, de cambiar las aulas. Las 23 primeras medidas que contempla el documento, de hecho, tienen que ver con el sector educativo y se engloban dentro de las acciones encaminadas a prevenir y sensibilizar, piedra angular para la definitiva erradicación de la violencia. Pero, ¿cuáles son las medidas que promete el acuerdo estatal y de qué manera cristalizarán en los centros?

Ana López Navajas es profesora, investigadora en la Universitat de València y asesora de Coeducación e Igualdad en la Formación del Profesorado para la Generalitat Valenciana. En conversación con este diario, la investigadora cree que el punto de partida para la prevención de la violencia de género tiene el nombre de educación emocional y sexual, término que se repite enla veintena de medidas propuestas. "Ponerla en marcha en cada nivel, incluirla en tutorías y sobre todo formar al profesorado y tener gente que pueda darla", explica.

La educación emocional, dice, es fundamental para "una visión integral del ser humano" y para, además, evitar la "socialización diferencial", es decir, que las niñas tengan expectativas distintas por motivos de género.

López Navajas se detiene además en la transmisión cultural. Es importante, dice, incidir en que "vivimos en una sociedad donde mujeres y hombres deben tener el mismo reconocimiento social", de modo que los "referentes que conformen una memoria cultural" tienen que incluir y apelar a ambos géneros. Por ello, sostiene, es "urgente ofrecer un relato social y cultural que reconozca la importancia de las mujeres a lo largo de la historia". Sólo teniendo en cuenta esta participación, subraya, "creamos unos referentes comunes donde unas y otros cuenten parecido". De lo contrario, seguirá perpetuándose una visión de las mujeres "como inferiores, menos importantes".

Si bien la medida décima del Pacto de Estado habla de incluir al movimiento feminista en los libros de historia, "eso apenas es nada", considera la investigadora. "Hay que revisar toda la historia y todas las materias para incluir a las referentes femeninas en ellas", con el objetivo de "rehacer una estructura social y una memoria cultural que alimenta las desigualdades y la violencia, transmitidas desde la educación".

Cambio estructural

Pero, ¿cómo poner en marcha los cambios formativos y de contenidos? Lo cierto es que, repara López Navajas, "hay que implementar la necesidad de formación, que haya gente formada que se encargue de cada centro o que se pueda contar con profesionales externos". En comunidades como la valenciana o la andaluza, pone de ejemplo la experta, existe una figura conocida como coordinador de igualdad y convivencia, que opera en todos los centros, "detecta problemas de formación, acoso y puede proponer medidas en relación con la coordinadora de formación". Pero este tipo de acciones, añade, tienen que estar apoyadas por la Administración Central.

El pacto estatal apela a la designación, en los consejos escolares de los centros educativos, de un profesor "responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia".

En todo caso, López Navajas echa de menos una mayor concreción por parte de los ejecutores del pacto. "Que todas esas medidas se tienen que hacer lo sabemos desde hace muchos años", asevera, "pero si no sabemos cómo, es un brindis al sol". Habría, a su juicio, que ver "cuál es la figura encargada de llevarlo a término y qué pasaría si eso se incumple". Aunque la investigadora celebra las propuestas planteadas en el acuerdo estatal y la oleada feminista que observa alrededor, cree que "cuando remita la marea de la moda tienen que haber quedado medidas ancladas" para que los cambios sean reales y efectivos.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, también insiste en que, actualmente, "la intervención en los colegios, en muchos casos, tiene que ver con la voluntad de cada uno de los centros escolares". Y muchas veces, insiste, "sí existe una buena intervención, pero lo que se hace es lo que está en su mano" porque "no ha habido una acción de carácter estructural". Es ahí donde Soleto detecta la principal carencia en materia educativa. "El sistema educativo ha sido el que menos actuación global ha hecho", lamenta, "el que menos cambios estructurales" ha experimentado.

En este contexto, la experta destaca la labor de los consejos escolares estatales, "que deben ponerse en marcha independientemente de que las competencias estén en las comunidades".

Por otro lado, y en cuanto a la formación del profesorado, Soleto coincide en que el principal problema actualmente es, de nuevo, dejar su puesta en práctica en manos del interés individual de cada docente. El profesorado se inclina por la "formación que le sirve para su promoción particular", de manera que la especialización en género debe "servir para el desarrollo de su carrera".

Algunas de las medidas confeccionadas por los autores del pacto caminan en esa dirección. El documento propone "introducir en el máster obligatorio de acceso al cuerpo de profesores y profesoras de Educación Secundaria, un módulo sobre prevención de la violencia de género en el ámbito escolar". Habla, asimismo, de hacer extensiva esta pretensión a la Educación Infantil o Primaria, a través de una materia específica. El pacto también sugiere ofertar en los Programas de Formación permanente del profesorado de las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas "al menos un programa específico de prevención y lucha contra la violencia de género".

Finalmente, plantea un "itinerario formativo" en materia de prevención de la violencia y promoción de la igualdad, "homologable y acreditable por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la autoridad competente del Ministerio de Educación".

Fuentes del ministerio dirigido por Isabel Celaá señalan a preguntas de infoLibre que por el momento el equipo técnico no puede concretar, hasta el inicio del curso escolar, la hoja de ruta a seguir para el cumplimiento de lo acordado.

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Garantizar el cumplimiento normativo

Las medidas recogidas por el pacto también contemplan acciones dirigidas a dos normas específicas: la Ley contra la Violencia de Género (2004) y la Ley de Igualdad (2007). Lo hacen, sin embargo, no con la intención de llevar a cabo revisiones o reformas legales, sino con el propósito de incidir en su cumplimiento, uno de los principales problemas desde su entrada en vigor. Uno de los puntos llama a "impulsar el cumplimiento" del artículo siete de la ley de 2004, dedicado a la formación inicial y permanente del profesorado. El objetivo, señalan los firmantes del pacto, consiste en garantizar que los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales "incluyan competencias relacionadas con la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos".

El acuerdo también llama a "garantizar el cumplimiento" de la ley de 2007 "en la composición de los órganos directivos y colegiados preceptivos en el ámbito educativo", así como ampliar el contenido del tercer artículo de la Ley contra la Violencia de Género, con el fin de que el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género tenga carácter permanente.