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Artur Mas

El Tribunal de Cuentas condena a Mas y a nueve exmiembros del Govern a pagar 4,9 millones por el 9-N

  • El órgano fiscalizador da por probado que se pagaron con dinero público actividades fuera de la ley: acredita que tanto el centro de prensa de Montjuic como los ordenadores portátiles se sufragaron con el único fin de promover la consulta de 2014.
  • Fuentes de las defensas han confirmado su intención de recurrir esta sentencia
  • Torra critica la sentencia contra Mas: "El espíritu de venganza del Estado es insaciable"

Publicada el 12/11/2018 a las 13:14 Actualizada el 12/11/2018 a las 18:31
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El expresidente de la Generalitat Artur Mas (c), la exvicepresidenta Joana Ortega (d) y la exconsellera Irene Rigau (i) a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona

El expresidente de la Generalitat Artur Mas (c), la exvicepresidenta Joana Ortega (d) y la exconsellera Irene Rigau (i) a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El tribunal declara "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos que generó la mencionada consulta, por lo que deben hacer frente al pago de los 4,9 millones de forma conjunta y solidaria. Fuentes de las defensas han confirmado a Europa Press su intención de recurrir esta sentencia.

El Tribunal de Cuenta considera que la ejecución de aquellos gastos no fue conforme a Derecho porque su destino era "financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarios al ordenamiento jurídico". En la sentencia explica que "no se cuestiona que los pagos realizados eran debidos a sus destinatarios, las empresas que prestaron los diferentes servicios a que se refiere la demanda" y tampoco si el proceso de contratación fue regular, porque la clave está en "si los bienes y servicios prestados y pagados se adquirieron y contrataron en atención a alguna finalidad pública comprendida en las competencias de la Generalitat de Cataluña".

"Es preciso atender a la finalidad a la que estaban dirigidos y valorar si dicha finalidad era una finalidad pública lícita comprendida en las competencias de la comunidad autónoma de Cataluña", explica el Tribunal, que descarta este extremo: "Se trata de gastos desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalidad".

La sentencia se detiene en los dos contratos que en el juicio, donde el resto de partidas objeto de la demanda sí se reconocieron como sujetas al 9N, quedaron en discusión: la compra de 7.000 ordenadores portátiles que se estrenaron en los centros de votación -aulas públicas de secundaria- y después se entregaron al sistema educativo, y la puesta en marcha de un centro de prensa el 9N que según los demandados, obedecía a la gran expectación por la jornada.

Sobre los portátiles, el Tribunal descarta la tesis esgrimida por la defensa de Mas y sus exconsellers durante el juicio de que los ordenadores se adquirieron para afrontar necesidades sobrevenidas del sistema educativo y que, ya que estaban a disposición de la Generalitat, antes de entregarlos a las aulas se utilizaron para la consulta y después, fueron a su destino, lo que habría reparado el daño en caso de haberlo. "La necesidad de los 7.000 ordenadores para que pudiera realizarse la votación del 9N está sobradamente acreditada. No puede considerarse acreditado, por el contrario, que fueran necesarios para los centros educativos (*). Lo único que consta es una decisión precipitada, no apoyada en solicitud alguna ni en informes o estudios previos, que únicamente puede explicarse por respuesta a la necesidad de disponer urgentemente de 7.000 ordenadores para el proceso participativo", dice la sentencia.

En cuanto al centro de prensa, dice que, "no se trataba únicamente de facilitar el trabajo de los medios de comunicación en la cobertura de un hecho de relevancia informativa, sino de contribuir positivamente al éxito de los fines pretendidos por la convocatoria procurando que la votación alcanzara la mayor difusión posible". Entiende, de este modo, que "fue una actuación vinculada al proceso de participación ciudadana y se encontraba entre las actividades afectadas por la providencia de suspensión cautelar dictada por el Constitucional", así que "los pagos con fondos públicos" que se hicieron para sufragarlo, están "carentes de justificación".

Mas, la principal responsabilidad

En total, el Tribunal de Cuentas cuantifica en 4,9 millones de euros el gasto público en el 9N, el dinero que deberán abonar de forma solidaria los diez condenados teniendo Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso. En la sentencia, detalla partida a partida como los 74,05 euros que se gastaron en registrar la página web de la consulta o los 806.403,52 euros de los pagos para la campaña de publicidad institucional.

El exconsejero de Presidencia Francesc Homs debe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.

Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán. A Ortega, además, se le considera responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014. Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls.

Para los magistrados, Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza, fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.

Jordi Vilajoana, quien fuera asesor del expresidente, y el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.

El Tribunal de Cuentas sentencia además al exdirector del DOGC Jaume Domingo por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta, aunque no especifica cuál.

Mas recurrirá la sentencia 

En un comunicado de su oficina de expresidente, Mas ha anunciado que recurrirá a la sala de apelaciones y ha cargado contra la decisión: "se encuentra muy lejos de la imparcialidad y pretende ser un escarmiento" para los que organizaron el 9N y un aviso para navegantes, ha añadido.

"Es una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas", ha valorado el expresidente catalán, que ha asegurado que los gastos de la consulta fueron legales, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartó malversación y que la Generalitat no ha expresado sentirse perjudicada económicamente.

Torra critica la sentencia: "El espíritu de venganza es insaciable"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado  la sentencia del Tribunal de Cuentas. "El espíritu de venganza del Estado es insaciable. Los condenaron por el 9-N y ahora quieren quitarles el patrimonio. Todo el apoyo el presidente Mas, a Joana Ortega, a Francesc Homs y a Irene Rigau", ha expuesto en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.
 
El PP pide a Mas que "aprenda" de las decisiones judiciales

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado al expresidente catalán Artur Mas que "acepte" y "aprenda" de las decisiones judiciales" en vez de "persistir en el error". "Esperamos que Sánchez no salga en auxilio de Artur Mas ni de ninguno de los apercibidos por la Justicia que era ya lo que faltaba en España", ha declarado el número dos del PP en una rueda de prensa que se ha celebrado al término de la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido el presidente del PP, Pablo Casado.

García Egea ha asegurado que Pedro Sánchez tiene que "respetar" las decisiones judiciales y ha añadido que en su día ya dijeron a Artur Mas y a los que participaron en aquella consulta "lo menos que le podía pasar era que tuvieran que pagar las urnas". "De ahí hacia arriba porque están quebrantando la Constitución y utilizando fondos de todos para sus intereses espúreos y para romper la unidad y la igualdad de oportunidades de todos", ha enfatizado.

Cs: la condena demuestra que no hay políticos "por encima de la ley"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que esta condena demuestra que ningún político está "por encima de la ley". En rueda de prensa en la sede de la formación naranja tras la reunión de la Ejecutiva nacional, Villegas ha expresado el respeto de su partido hacia esta resolución y que tanto esta decisión del Tribunal de Cuentas como los procedimientos judiciales relativos al proceso independentista ponen de manifiesto que "las instituciones funcionan".

Asimismo, dejan claro que "no hay políticos que estén por encima de la Justicia y de las leyes", pese a que en Cataluña algunos "se han creído que estaban por encima del Estado de Derecho y que no tenían que hacer caso a los tribunales", ha señalado el dirigente de Cs. El mensaje, ha añadido, es que cuando no se incumple la ley, "hay consecuencias".

 
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1 Comentarios
  • jorgeplaza jorgeplaza 13/11/18 09:36

    Ese es el camino. Hay que dar en el punto más sensible que, como todo el mundo sabe, es el bolsillo. Nada de rebeliones, altas traiciones, sediciones, ¡qué cojones!: duro y al patrimonio.

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