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Consejo de Estado

Aprobado por mayoría y un voto en contra la propuesta del Consejo de Estado para reformar los aforamientos

  • La propuesta se remitirá este viernes a primera hora al Gobierno, que aprobará en noviembre su proyecto y lo remitirá a las Cortes

Publicada el 15/11/2018 a las 19:32 Actualizada el 15/11/2018 a las 19:38
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Vista general del hemiciclo del Congreso.

Vista general del hemiciclo del Congreso.

El Pleno del Consejo de Estado ha aprobado este martes por amplio consenso, pero al menos un voto en contra, la propuesta de reforma limitada de la Constitución que le encargó el Gobierno para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores.

El informe se remitirá a primera hora del viernes al Gobierno, para dar tiempo a los consejeros que así lo deseen a registrar sus votos particulares o explicativos a la propuesta. Según ha podido constatar Europa Press, la propuesta contará con al menos un voto particular en contra y previsiblemente varios explicativos a favor.

La anterior propuesta (y único antecedente) de reforma constitucional elaborada por el Consejo de Estado en 2006 también contó con un voto particular en contra, el del expresidente José María Aznar, que ya no es miembro del órgano supremo consultivo del Ejecutivo. Otros dos consejeros presentaron entonces votos particulares reflejando alguna reserva o discrepancia, pero votaron a favor del informe.

Si en aquella ocasión el Consejo de Estado dispuso de más de un año para preparar su informe de reforma constitucional (es verdad que entonces el encargo del Gobierno era más amplio y afectaba a partes más amplias de la Carta Magna), en este caso la comisión de estudios que ha elaborado el informe ha contado con apenas mes y medio para trabajar.

En un primer momento, el Gobierno le dio un mes de plazo, pero el Consejo, debido a la complejidad del asunto, le solicitó una pequeña prórroga de 15 días.

La propuesta del Consejo de Estado indica en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

El Gobierno tan sólo le indicó al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.

Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de trasladar al plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.

El Consejo de Estado sí puede sugerir en su informe, y se espera que lo haga, qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución. Asimismo el Gobierno también espera que le indique si otros aforados del Estado como los parlamentarios autonómicos –protegidos en sus respectivos Estatutos de Autonomía– deberían adoptar la misma línea que fije la reforma.

Otras de las cuestiones que puede abordar la propuesta del Consejo de Estado es si recomienda o no acotar el fuero de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal –por ejemplo el Gobierno es partidario de hacerlo– si bien no se espera que ponga sobre la mesa la modificación del fuero que tiene los más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, ni tampoco el que afecta a los miembros de la Familia Real.

La intención del Gobierno, verbalizada el sábado pasado por el presidente, Pedro Sánchez, es aprobar este mismo mes en el Consejo de Ministros la reforma de los aforamientos. Una vez remitida a las Cortes, el Ejecutivo ve posible tramitarla en tan sólo 60 días.

El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida --y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención-- es obligado proceder a esa consulta.
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