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Corrupción política

El juez reactiva la causa por financiación del PP en la época de Esperanza Aguirre y solicita información sobre dos empresarios

  • El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, también pide información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas S.A y una decena de sociedades
  • El juez, que instruye las macro causas de corrupción Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo mandato de Esperanza Aguirre

infoLibre
Publicada el 21/12/2018 a las 11:47 Actualizada el 21/12/2018 a las 12:58
La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.

EFE
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado información a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras sobre dos empresarios y una batería de sociedades "relacionadas con la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunicad de Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)" entre 2010 y 2014, cuando Esperanza Aguirre presidía la formación.

En concreto, el juez, instado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pide información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, de quien requiere además datos sobre sus sociedades, movimientos en cuentas bancarias y hasta alquiler de cajas de seguridad.

Asimismo, pide información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas S.A y una decena de sociedades, que podrían estar vinculadas a la financiación del partido durante aquellos cuatro años y en particular, con la campaña electoral de 2011.

García Castellón, que instruye las macro causas de corrupción Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo mandato de Esperanza Aguirre, ante indicios que apuntaban a que se sirvieron de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, una entidad pública, para utilizar a una de sus empresas adjudicatarias como vehículo para pagar a proveedores electorales.
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1 Comentarios
  • Azalea Azalea 22/12/18 05:45

    Éste,es otro de los casos " aislados " del PPodrido. A quien tenían que ilegalizar es a ellos , además por obstrucción a la justicia.Gracias , infolibre por vuestra información . Saludos cordiales!!

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