Las personas con discapacidad intentarán que la Junta Electoral anule la "anomalía democrática" que permite cuestionar su voto

Queda poco más de un mes para las elecciones generales del 28 de abril. Y a esta cita con las urnas están llamadas a votar 100.000 personas más que en los anteriores comicios celebrados el 26 de junio de 2016. Se trata de las personas con discapacidad intelectual. El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado 18 de octubre una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impulsada por el PSOE por la que las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo podrán acudir, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, a los colegios electorales. Un mes más tarde la aprobó el Senado y esta reclamación de las asociaciones de personas con discapacidad se hizo realidad: ningún juez ni tribunal podrá decididir si una persona reúne las aptitudes para poder ejercer su derecho al voto. 

Pero de la alegría pasaron a la indignación. Lo que a priori era una buena noticia se ha convertido, ahora, en una polémica. Comenzó este lunes, cuando la Junta Electoral Central (JEC) emitió una instrucción con las principales directrices para cumplir con las modificaciones introducidas en la LOREG. La controversia vino en el artículo segundo: "En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna", recoge el texto. 

La reacción de los afectados no se hizo esperar. Vino de la mano del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que denunció, desde el primer momento, que la instrucción de la JEC estaba cuestionando el voto de las 100.000 personas que, por primera vez, iban a acudir a las urnas el próximo 28A. Por eso instaron al organismo a anular "con carácter inmediato" ese punto. Lo dijeron este martes a través de un comunicado donde criticaron que la redacción se había elaborado "sin participación ni consultas" con las asociaciones y que, además, entra en "contradicción clara" con el espíritu de la reforma aprobada por la totalidad del arco parlamentario. 

Quieren trasladar estas críticas a la propia Junta Electoral. Y por eso han pedido una reunión. La JEC confirma a infoLibre que se celebrará y que, una vez acabada, se decidirá qué hacer: eliminarla o mantenerla. Por el momento no adelantan nada más. Sus fuentes, además, defienden su decisión argumentando que la instrucción da una orden que, al final, se lleva a cabo con todo el mundo. Si se sospecha cualquier irregularidad por parte de cualquier ciudadano, se hace constar su DNI en el acta de escrutinio, explican. Lo mismo que se haría si se sospecha de algo supuestamente irregular por parte de una persona con discapacidad.

"Se señala a un colectivo"

Pero son dos supuestos muy diferentes. Así lo denuncia Jesús Martín, responsable del CERMI para los Derechos Humanos, en conversación con este diario. "Imaginemos que sustituimos el término 'persona con discapacidad' por 'blanco', 'negro', 'católico', 'musulmán', 'mujer'...", dice. El sentido de la instrucción parecería muy diferente, pero el objetivo, al fin y al cabo, sería el mismo: "señalar a un colectivo". "Es otorgar un poder a apoderados e interventores que es una anomalía democrática", añade. La decisión "ha sido un jarro de agua fría". 

Y es que se rompe el espíritu de la reforma que tanta esperanza había dado a estas personas. Con la instrucción, lamenta Martín, "se presupone que las personas con discapacidad y su voto tienen menos valor". "Esconde una crueldad muy profunda, que es estigmatizarnos y catalogarnos como seres depreciados y asistenciales. Contra eso nos tenemos que revelar", continúa.

Porque la JEC, de este modo, está incumpliendo sus funciones. "Debería proteger que todas las personas tengan todas las garantías a la hora de votar, no ocuparse de señalar a ciertos colectivos", asegura. "Estábamos muy contentos todos como sociedad y como país de que ya no haya limbos electorales ni limbos políticos. Pero ahora alguien, no sé con qué intención, decide que no, que estas personas, como son diferentes, hay que vigilar cómo votan", denuncia.

Pero su capacidad es como la de todos los demás votantes. "La capacidad política de una persona no tiene que ver con la capacidad intelectual. A lo mejor, si preguntamos, hay personas que votan a Albert Rivera o a Pedro Sánchez porque les parecen guapos o por simple tradición familiar", remata. 

Apoyo político

A CERMI, no obstante, no le falta el apoyo político. Los partidos políticos se han manifestado ahora en contra de la intrucción de la Junta Electoral. El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iñigo Alli, envió el miércoles una carta a la institución exigiendo que cancele la "sesgada" y "prejuiciada" instrucción. "El derecho a voto de las personas con discapacidad es inherente a su persona, por tanto a su dignidad", escribió, según recogió Europa Press.

Ciudadanos también se manifestó en la misma línea. "Estamos en contra de que apoderados e interventores puedan dirimir si una persona con discapacidad puede o no puede votar", expresaron.

La Junta Electoral se replantea este lunes el permiso que dio a los partidos para anotar el DNI de votantes con discapacidad

Ver más

El PP también. La eurodiputada de la formación conservadora Rosa Estaràs pidió, también el mismo miércoles, la anulación inmediata de la instrucción porque, a su juicio, "permite la posibilidad de cuestionar el voto de determinadas personas sin elementos objetivos, por lo que es inaceptable". 

Pero la formación conservadora tiene que ver con la decisión de la Junta, según denuncia Teresa Arévalo, diputada de Podemos responsable de discapacidad, a preguntas de infoLibre. Y es que la reforma se aprobó con una enmienda del PP que introducía el siguiente redactado: "Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera". "La enmienda del PP dejaba en manos de se sabía quién el poder de limitar la autonomía de las personas con discapacidad", critica. "Ahora ya lo sabemos: interventores y apoderados", añade. 

Así, los conservadores evidenciaban que su concepción de la discapacidad "no es ni garantista ni inclusiva", asegura la diputada de la formación morada. Lo avisaron, dice, antes de que se aprobara la reforma, aunque finalmente la apoyaron hasta con la enmienda por el compromiso que habían alcanzado con el movimiento asociativo. "Avisamos de que se creaba una situación de inseguridad jurídica", añade.