El Gobierno se resiste a ofrecer un puerto al 'Open Arms' a la espera de una reacción de Italia o Malta que no llega

Cinco días lleva 28 millas al este de la localidad italiana de Lampedusa y 60 al oeste de la costa de Malta el buque de rescate español Open Arms con 121 migrantes a bordo sin que nadie en la Unión Europea se haya dado por aludido. Casi una semana en la que la situación de los rescatados, entre los que se cuentan algunos heridos, es cada vez más delicada.

El Gobierno español en funciones presiona para que los países más cercanos, Italia y Malta, asuman su responsabilidad, ofrezcan un puerto y coordinen a través de la Unión Europea un mecanismo de reparto de los migrantes. Una estrategia que comparte el presidente de la ONG catalana propietaria del barco, Óscar Camps: “España sabe lo que tiene en el sur y lo asume”, señaló en referencia a la labor de rescate que lleva a cabo Salvamento Marítimo en el Mediterráneo occidental, “pero Malta e Italia no lo están haciendo”. Ninguno de los dos países está dispuesto a cambiar de política y ya han anunciado que no permitirán la entrada en puerto al Open Arms.

Fuentes de Proactiva Open Arms han explicado a Europa Press que, tal y como establecen los protocolos y la normativa internacional, han contactado con Malta e Italia por ser los puertos seguros más próximos. Por ese motivo, el buque no ha pedido a España poder desembarcar, ya que esa sería la opción en "el peor de los escenarios". Además, han recordado que el buque de salvamento está "bajo amenaza" de multa por parte del Gobierno español.

Pero el tiempo pasa y la Comisión Europea sigue sin recibir la llamada de uno de los Estados miembros que necesita para poner en marcha la coordinación imprescindible que facilite repartir la acogida de los migrantes rescatados.

Para complicar más las cosas, el Senado italiano dio luz verde este martes a un decreto que eleva a un millón de euros las multas para quienes entren en aguas de Italia sin autorización, un drástico aumento desde los 50.000 euros previsto hasta ahora. También prevé la detención de los capitanes y la incautación de los barcos en caso de incumplimiento en un intento de disuadir a los barcos de rescate que intenten llegar a puerto desoyendo la prohibición del Gobierno.

La Comisión Europea ha anunciado su intención de examinar si la norma italiana es compatible con las leyes europeas. El pasado 17 de julio ya instó a los gobiernos de la UE a no criminalizar a las ONG que contribuyen a salvar vidas en el Mediterráneo y reclamó un acuerdo temporal que permita el desembarco y distribución de las personas rescatadas entre países de forma voluntaria.

“Ninguna forma de asistencia genuina a inmigrantes debe ser criminalizada en virtud del derecho de la UE”, defendió el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre la situación en el Mediterráneo a raíz del caso de la capitana Carola Rackete del barco Sea Watch 3, que fue detenida y tuvo que comparecer ante un juez en Italia por desembarcar a 40 inmigrantes en Lampedusa sin autorización.

En estos momentos son varias las ciudades que han ofrecido sus puertos para recibir al Open Arms, entre ellas Barcelona, Valéncia, Nápoles y Palermo, pero la decisión depende de los gobiernos.

Bajo presión

El Ejecutivo español trata de aguantar la presión de partidos, ONG y hasta comunidades autónomas, como la Comunitat Valenciana, Cataluña o el País Vasco, que alienta la acogida del Open Arms, mientras impulsa el esfuerzo diplomático para que Italia y Malta, como países más cercanos a la zona de rescate, asuman su responsabilidad.

Oxfam, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional y la Red Española de Inmigración han pedido en las últimas horas a Madrid y Bruselas que autoricen la entrada a puerto del  barco.

La política migratoria es "responsabilidad de la Unión Europea en su conjunto”, subrayó este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que la UE "la sienta como propia". “No se puede dar la imagen de que España sea el único puerto seguro”, aseguró a su vez el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

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La actitud del Gobierno contrasta con la que guió sus decisiones hace un año, cuando autorizó el desembarco en el puerto de València del Aquarius, un barco de rescate con 629 migrantes a bordo al que Italia y Malta también negaron el acceso a puerto.

En aquellas fechas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, calificaba el ofrecimiento de un puerto español de "obligación legal" que el Ejecutivo "no puede ni quiere eludir”. “No estamos hablando de inmigración, sino de una situación límite y España tiene que responder como país responsable. Es una obligación y una perfecta imagen de lo que un país tiene que hacer”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, en el libro Manual de resistencia que publicó en plena campaña electoral, aseguraba que a él, “personalmente", el haber salvado la vida a 630 personas le hizo pensar “que vale la pena dedicarse a la política”. Sobre el Open Arms todavía no se ha pronunciado.