Derechos humanos

¿Se necesita permiso para salvar vidas humanas? Lo que dice la legislación en un caso como el 'Open Arms'

Un migrante a bordo del barco 'Open Arms'.

Después de 19 días de larga espera en el mar, este martes por la noche por fin pisaron tierra firme los 83 migrantes que aún permanecían a bordo del Open Arms. Horas antes, la Fiscalía de Agrigento (Italia) había ordenado el desembarco y el embargo preventivo del barco tras observar las condiciones en las que se encontraban los náufragos que habían sido rescatados por la ONG. Ahora, previsiblemente, los migrantes serán reubicados en los países que se ofrecieron a hacerlo: España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez anunció su disposición a acoger a parte de los migrantes la semana pasada, días antes de decidir enviar un buque de la Armada a Lampedusa para trasladar a los migrantes hasta nuestro país. Y aunque la situación ha cambiado, el navío Audaz continúa su camino. Mientras tanto, en España, PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia urgente del presidente del Ejecutivo para explicar lo que ambas formaciones calificaron de "bandazos", aunque desde Moncloa defienden su actuación. "Hemos actuado con la coherencia de la seguridad y respeto a los Derechos Humanos, pero nos alegra que la situación de estas personas se haya resuelto", dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una entrevista en la Cadena Ser. Pero también tuvo palabras para la ONG. Advirtió que el Open Arms está sometido "a la ley" y que, además, "no tiene permiso para rescatar". "Tiene una autorización para ayuda humanitaria y esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar", aseguró.

El tira y afloja que han mantenido durante todos estos días el Gobierno en funciones y la ONG ha sido patente. Mientras los segundos acusaban al Ejecutivo de "ponerse de perfil", los primeros recordaban que la organización se enfrenta a multas que podían alcanzar hasta los 901.000 euros. Pero la tensión continúa aun con los migrantes ya en tierra firme. Las palabras de Calvo fueron respondidas desde Open Arms con un simple recordatorio: "Rescatar es una obligación", asegura Riccardo Gatti, jefe de misión de Open Arms y director de la ONG en Italia, en conversación con infoLibre. Una afirmación que certifica Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Si hablamos en términos exclusivamente legales, lo que no está permitido es no rescatar. 

Así lo estipulan las leyes internacionales. Concretamente, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que en su artículo 98 recoge que todo capitán de un barco tiene la obligación de salvar vidas humanas en el mar, siempre y cuando no haya peligro. En la práctica, esto quiere decir que si un barco —sea del tipo que sea— se encuentra con un naufragio, debe acudir al rescate. Lo contrario podría considerarse una omisión de socorro, según Rodrigo de Larrucea. "Si vas conduciendo y ves un atropello, no necesitas ningún tipo de permiso para atender al atropellado. Es más, tienes la obligación de hacerlo", ejemplifica. No obstante, el texto no sólo marca la obligación para los capitanes de los barcos, sino también para lo que se conoce como Estados ribereños. "Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento", indica la Convención. Por este motivo, varias asociaciones de jueces y fiscales plantearon hace unos días la posibilidad de que el Gobierno español llevara a Italia y a Malta ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Según argumentaron, ambos Estados incumplieron flagrantemente esta normativa que, además, fue suscrita por ambos. 

Permiso de "ayuda humanitaria" y vulneración del despacho

Calvo, además de asegurar que el Open Arms no contaba con el permiso necesario "para rescatar", aseguró que el barco "tiene una autorización para ayuda humanitaria". Y si bien la primera afirmación ha sido criticada por la ONG y por el catedrático Rodrigo de Larrucea, la segunda es cierta. El barco de la organización catalana estuvo 100 días bloqueado en el Puerto de Barcelona. La razón es que Capitanía Marítima no le otorgaba el permiso necesario porque, según argumentó el organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, la organización había incumplido la normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano. El Ejecutivo se refería, concretamente, a lo que ocurrió en diciembre, cuando el barco se vio obligado a navegar durante días desde el Mediterráneo central hasta Cádiz con más de 300 personas a bordo debido a la política de cierre de puertos impuesta por la Italia de Salvini y por Malta. 

Finalmente, el Gobierno autorizó al Open Arms a salir del puerto barcelonés. Después de 100 días, Capitanía Marítima de Barcelona permitió que el barco zarpara hacia las islas griegas de Samos y Lesbos para transportar material humanitario. El despacho permitía descargar material, pero no entrar en la región de búsqueda y rescate del Mediterráneo central. Por tanto, impidió a la ONG realizar operaciones de salvamento, a no ser que fueran "de carácter espontáneo u ocasional" y en coordinación con la autoridad de la zona de rescate. De hecho, la autorización indicaba que el buque debía navegar "de forma directa e ininterrumpida" hacia el puerto de Pythagóreion, en la isla de Samos. Tras la misión, regresaron a España, según recuerda Gatti. 

"Después nos invitaron a Nápoles", continúa el director de la ONG en Italia. Fueron a hacer simples labores de sensibilización con motivo del Día Mundial del Refugiado. "Y en lugar de volver a España nos fuimos a la zona de rescate", dice Gatti. El fundador de la ONG dijo entonces que no lo hacían con la visión puesta en llevar a cabo el rescate de migrantes, sino tareas de observación. Gatti admite que no cumplieron la "prohibición vergonzosa" de España. Según dice, "una acción administrativa no puede estar por encima de las convenciones internacionales y del Derecho Marítimo, que es un derecho internacional". "Es como intentar prohibir la ayuda de accidentados en la carretera, evidentemente es omisión de socorro", se queja.

 

Haber actuado de esta manera es lo que podría enfrentar a la ONG a posibles sanciones de hasta 901.000 euros. Así se reflejaba en una carta remitida el pasado 27 de junio al capitán del barco, y firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, según Europa Press. La misiva avisaba de que los incumplimientos constituirían "infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo", que pueden sancionarse "cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente", con arreglo al texto refundido de la Ley de Puestos del Estado y la Marina Mercante.

Pero Rodrigo de Larrucea, no obstante, asegura que, de los tres rescates que realizó el Open Arms durante este mes, dos fueron bajo las autoridades maltesas, por lo que el incumplimiento del despacho tampoco sería total. Según el experto, hay dos tipos de despachos, es decir, de permiso para navegar: los que se conceden por un tiempo determinado o para viajar de un puerto A a un puerto B

¿Y el 'Ocean Viking'?

 

Open Arms asegura no tener miedo ante posibles sanciones: "El rescate es una obligación, no hay alternativa"

Open Arms asegura no tener miedo ante posibles sanciones: "El rescate es una obligación, no hay alternativa"

Algunos de los migrantes que viajan a bordo del 'Ocean Viking'. | EFE

Los migrantes rescatados por el Open Arms ya pisan tierra firme. Pero los rescatados por el barco Ocean VikingOcean Viking, operado por las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, todavía no lo han hecho. Y son muchos más. Las 356 personas rescatadas —entre las que se encuentran 103 menores— que viajan a bordo del buque con bandera noruega ya han cumplido 12 días sin puerto seguro. Su situación, aunque muy similar a la vivida por el Open Arms, tiene algunas diferencias. La primera, precisamente el país de su bandera. Javier de Lucas, senador socialista y catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, recuerda que Noruega no es un país de la Unión Europea y, por tanto, "su licencia no está sujeta a la legislacion europea ni tiene que ver con las operaciones de rescate". "El Ocean Viking tiene el despacho de navegación de la bandera europea", explica, pero nunca irán a desembarcar en ese país. Por eso, lamenta que se encontrará con el mismo problema que el Open Arms, pero salvando la distancia de que la atención mediática no es la misma. 

Las condiciones tampoco lo son, dice. El Ocean Viking es un antiguo buque de rescate y emergencias para plataformas petrolíferas construido en 1986 y de mayores dimensiones que el Open Arms, construido en 1974. "Habría que ver hasta qué punto se podía permitir el barco rescatar a tantas personas", dice el catedrático, que opina que la cuestión de si el despacho ha sido vulnerado o no radica en si Open Arms buscaba náufragos que salvar o se lo encontraba en su caminoOpen Arms . "Pero es difícil de demostrar", admite. 

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