Salvini incumple la legalidad internacional y redobla su presión sobre el 'Open Arms' tras dos semanas sin puerto seguro

15 días a bordo del Open Arms. Esa es la situación de las 147 personas que fueron rescatadas de una muerte casi segura en el Mediterráneo central por la ONG del mismo nombre. Los primeros 13 los pasaron en aguas internacionales, y al décimocuarto pudieron acceder a aguas territoriales italianas, cerca de la isla de Lampedusa. Lo hicieron porque un juez lo permitió. El Tribunal Administrativo regional para el Lazio suspendió este miércoles el decreto de seguridad del Ministerio del Interior italiano aprobado el pasado 6 de agosto y que prohibía a las ONG de rescate de migrantes la entrada, el tránsito o la parada en aguas territoriales sin permiso. En caso de hacerlo, las organizaciones podían ser multadas con hasta un millón de euros. Pero a pesar del revés judicial, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, se mantuvo firme. Pocas horas después de conocerse la noticia, anunció que firmaría una nueva prohibición para evitar que el barco accediera a su territorio. No obstante, ya están en él. Según informó la propia organización a través de sus redes sociales, ya ven tierra, pero todavía no pueden pisarla porque lo que aun no han conseguido es un puerto seguro para desembarcar. Y esto, según los expertos consultados por infoLibre, es contrario a la legalidad internacional y a los Derechos Humanos. 

 

Por ese motivo, lo que no encuentra una solución política sí podría encontrar una solución judicial. Así lo expresaron varias asociaciones de jueces y fiscales, que el pasado lunes emitieron un comunicado en el que pedían al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que "proteja y ampare" de forma "urgente" al barco de bandera española. "España debe velar por el cumplimiento del derecho marítimo y, sobre todo, de los Derechos Humanos", proclamaron los firmantes. Y fueron un poco más allá: reclamaron al Ejecutivo que, en el caso de que Italia y Malta mantengan la política de cierre de puertos, "lleve este incumplimiento al Tribunal del Mar con sede en Hamburgo". El Gobierno podría hacerlo, dicen las asociaciones firmantes —agrupadas en el colectivo Fronteres i Drets—, porque tanto Italia como Malta estarían incumpliendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (Convenio SAR).  No consta, sin embargo, que se lo haya planteado.

El primer texto, según explica Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña, recoge en su artículo 98 que todo capitán de un barco tiene la obligación legal, siempre y cuando no haya peligro, de salvar vidas humanas en el mar. Además, dice el artículo, "todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento". El segundo convenio, continúa el experto, "impone la obligación de que los rescatados sean desembarcados en un puerto seguro". Porque los rescates, explica, no concluyen hasta que los náufragos hayan pisado tierra. Y las 147 personas a bordo del Open Arms son exclusivamente eso: náufragas. "En alta mar no hay inmigración ilegal, es imposible", asegura Rodrigo de Larrucea. 

Las dos convenciones fueron suscritas por los tres países —por España, por Italia y por Malta— y, por ello, los tres están obligados a cumplirlas. "Si como Estado ratificas un convenio, tienes que cumplirlo", critica Montse Raga, miembro del colectivo Fronteres i Drets. 

Autorización española y arbitraje

Pero no lo están haciendo. Según denuncia Francisca Valenzuela, fiscal y también miembro de Fronteres i Drets, el cierre de puertos es ilegal. Y ante las ilegalidades, hay que acudir a la justicia. "Cuando hay una discrepancia en la aplicación del Derecho Marítimo, el Convenio de la ONU prevé que las controversias entre los países se someterán en el Tribunal de Hamburgo", continúa Valenzuela. El procedimiento, según Rodrigo de Larrucea, podría alargarse hasta un año, pero la adopción de medidas cautelares urgentes —en caso de que se solicitaran— no tardaría más de un mes. 

 

Imagen del barco 'Open Arms'. | EFE

"Hay diferentes formas de solucionar las controversias, pero la primera opción es siempre una conciliada", explica Raga. "Es decir, primero acuden a un arbitraje y, si no hay solución pactada, la decide el tribunal. Siempre se tiene que pasar por una solución amistosa porque afecta a la diplomacia y a las relaciones internacionales", señala. Ocurre así porque, según explican los expertos consultados, son los estados los que deben acudir a este tribunal. "La bandera del Open Arms es española, así que la demanda la tendría que interponer España", dice Raga. Y esto es algo que, según Rodrigo de Larrucea, no ocurrirá. 

Sí pasó, en cambio, en 2013 entre Holanda y Rusia. El barco de Greenpeace Artic Sunrise, de bandera holandesa, fue el instrumento de una protesta contra la extracción pretolífera de Gazprom en el Ártico. Pero en el transcurso de la misma fueron detenidos por buques rusos. Los activistas fueron encarcelados y el barco retenido, hasta que el Gobierno holandés decidió interponer una demanda contra Rusia en el Tribunal de Hamburgo, que ordenó la liberación de los activistas y del Artic Sunrise. 

Un doble incumplimiento y crisis en el Gobierno italiano

Pero lo cierto es que, desde este miércoles, la Italia de Salvini está incumpliendo "por partida doble", según Raga. Además de los dos convenios internacionales suscritos por el país, ahora Italia está incumpliendo la orden del propio Tribunal Administrativo de la región de Lazio. Así que la situación es más grave. Según explica Rodrigo de Larrucea, aunque la decisión judicial adoptada este miércoles no fija un puerto seguro para desembarcar, sí indica que los migrantes rescatados que viajan a bordo del Open Arms necesitan atención médica. Por eso, según Raga, teóricamente sí que ofrece la posibilidad de atracar en tierra firme. Pero el ministro del Interior italiano ya ha dicho en varias ocasiones que su intención es, precisamente, que esto no ocurra. "Conmigo los puertos están y permanecerán cerrados a los traficantes y a sus cómplices extranjeros", dijo este mismo jueves, horas después de manifestar su voluntad de firmar una nueva orden que prohíba a las ONG entrar en aguas territoriales del país. Una decisión criticada por la ministra de Defensa italiana, Elisabetta Trenta, perteneciente al Movimiento 5 Estrellas —el partido con el que gobierna La Liga de Salvini—, que junto al ministro de Transporte, Danilo Toninelli, se negaron este jueves este nuevo decreto.

Trenta dio dos motivos para no suscribir la decisión de su compañero de Ejecutivo. Primero, por razones humanitarias; y segundo —aunque más importante, a juicio de Rodrigo de Larrucea—, porque volver a firmar la prohibición contraviene una orden judicial y, por tanto, es ilegal. 

Pero la crisis del Ejecutivo italiano ha ido más allá. El primer ministro, Giuseppe Conte, informó este mismo jueves de que los gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía han contactado con las autoridades italianas para mostrarse "dispuestos" a acoger a los migrantes y refugiados que viajan a bordo del Open Arms una vez hayan desembarcado en puerto. Conte, además, ha publicado en Facebook una carta abierta a Salvini en la que defiende que su intención siempre ha sido la de proteger a los menores. Y ha denunciado que Salvini lo sabía. "Para mi sorpresa, resumiste esta posición y me atribuiste, en términos generales, la voluntad de desembarcar a los migrantes a bordo", dijo. Además, criticó que esta tergiversación forma parte del interés "obsesivo" del titular de Interior para reducir un tema complejo al lema de "puertos cerrados". "Pero hablar como ministro del Interior y alterar una posición clara de su primer ministro, puesta negro sobre blanco, es una cuestión diferente. Es un claro ejemplo de colaboración desleal, la enésima a decir verdad, y no lo puedo aceptar", denunció el jefe de Gobierno. 

El Gobierno español se muestra dispuesto: "Más vale tarde que nunca"

Durante estos largos 15 días a bordo del Open Arms, la ONG ha criticado una y otra vez la actitud del Gobierno español. Una actitud que dista mucho de la adoptada hace ahora un año, cuando el Ejecutivo decidió acoger a los 629 migrantes y refugiados que fueron rescatados por el barco Aquarius. Hasta este jueves, el Gobierno se ponía "de perfil" ante el problema. Y este jueves cambió de discurso. Según fuentes de Moncloa, "nuestro país está dispuesto a participar en un reparto equilibrado de los migrantes alojados en el barco". "El Gobierno de España está trabajando con la Comisión Europea y otros países de la UE para lograr una solución común, europea, ordenada y solidaria a la situación del buque Open Arms, situado en estos momentos en aguas territoriales italianas".

La respuesta de la ONG no tardó en llegar. Y continuó siendo crítica. El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, dijo en declaraciones a RNE que "más vale tarde que nunca", pero criticó que se podrían haber ahorrado "14 días de sufrimiento evitable". El jefe de misión en Italia de la organización, Riccardo Gatti, por su parte, dijo que no se fiaba "mucho" del anuncio. "Lo celebraremos cuando veamos que se cumpla. Hemos visto inacción durante 14 días y ataques por parte miembros del Gobierno español, no nos fiamos mucho", dijo ante los micrófonos de la Cadena Ser. 

Por ahora, Camps anunció que su intención no es entrar a puerto antes de recibir una autorización previa a pesar que tras la decisión judicial ya no les puedan intervenir el barco, puesto que buscan actuar con "la legalidad absoluta". No obstante, la ONG considera que haber ganado el recurso contra Salvini les da "un empujón", pero ahora la pelota está sobre el tejado del Gobierno italiano. No obstante, el fundador de Proactiva Open Arms no descartó entrar a puerto "por un estado de necesidad"estado de necesidad. 

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Evacuación de cinco personas "por causas psicológicas"

A última hora de este jueves, el buque recibió la autorización para la "evacuación urgente a Lampedusa de cinco personas por causas psicológicas, junto a sus acompañantes". En un tuit recogido por Europa Press, la entidad ha informado de que siguen sin tener el permiso para el desembarco del resto de personas a bordo: "No hay derecho".