Náufragos antes que migrantes: el cierre de puertos y el bloqueo de barcos socavan el Derecho del Mar

Ya no queda ningún barco de rescate en el Mediterráneo. El único que continuaba, el alemán Sea Watch 3 de la ONG holandesa del mismo nombre, fue bloqueado por las autoridades italianas en el puerto de Catania, al que llegó para desembarcar a los 47 migrantes que rescató el pasado 19 de enero. La Guardia Costera explicó su decisión argumentando que la “verificación técnica” realizada, en la que se analizó si el Sea Watch 3 cumple la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, detectó irregularidades que impiden que el barco pueda abandonar el puerto “hasta su resolución”. En concreto, las autoridades italianas denunciaron problemas en materia de seguridad y de protección del medio marino, sin entrar en más detalles.

Las autoridades italianas, de este modo, continúan el camino iniciado por las españolas. Y es que los dos únicos barcos de rescate de nuestro país que quedaban en el Mediterráneo también están bloqueados: el Open Arms —operado por la ONG Proactiva Open Arms— y el Aita Mari —de Salvamento Marítimo Humanitario y ProemAid—. Los argumentos esgrimidos entonces por las capitanías marítimas de Barcelona y de Pasaia —dependientes del Ministerio de Fomento— fueron muy parecidos. Según el Gobierno, el barco de Proactiva incumplió la normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano. Lo mismo que le hubiera ocurrido al Aita Mari de haber podido salir camino al Mediterráneo. Su bloqueo, denunció el vicepresidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Gutiérrez, fue preventivo.

Pero hay un concepto que las autoridades, tanto italianas como españolas, ignoran. “Todas las personas que son rescatadas en el mar, hasta llegar a tierra, son náufragos”, afirma Riccardo Gatti, jefe de Misión de Proactiva Open Arms. Como tal, tienen una serie de derechos recogidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que podrían no estar respetándose. Al menos no del todo.

Cuando se produce una operación de salvamento marítimo, todos los titulares indican lo mismo: un grupo de migrantes a la deriva ha sido rescatado. Se les comienza a considerar, en ese momento, personas irregulares o demandantes de asilo o refugio. Pero es inexacto. “Open Arms tiene razón: las personas que rescatan son simplemente náufragos, es decir, personas rescatadas en el mar”, coincide Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Instituto de Derechos Humanos (IDH). “En sentido jurídico, es verdad que aplicar desde el principio la condición de irregular, como hacen los medios, es incorrecto”, añade.

Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de Derecho Marítimo en la Universidad Politécnica de Cataluña, coincide. Los rescates, explica, siempre se producen en alta mar —o, lo que es lo mismo, en aguas internacionales—, es decir, en una zona que no pertenece a ningún Estado. “Por eso, en ningún momento se puede hablar de persona irregular”, asegura. “En ese momento tan sólo son náufragos”, insiste.

Derecho a ser rescatados y conducidos a puerto seguro lo antes posible

Su condición está clara. Pero, ¿y sus derechos? Tal y como explica De Larrucea, en un territorio marítimo en el que ningún país tiene soberanía, la legalidad viene establecida por la Convención sobre el Derecho del Mar. Y esa convención, dice, “impone la obligación de salvar cualquier vida humana en peligro”. Una obligación que debe cumplir cualquier tipo de barco, que debe acudir al rescate de todas las personas, sin discriminación, aunque ello implique un cambio de ruta, explica María Serrano, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional.

“Da igual que se trate de un crucero con turistas a bordo o de una patera. Estas personas deben ser rescatadas por cualquier barco, sea cual sea su país de bandera”, añade Paula Schmid, abogada especializada en Derecho Internacional.

 

Imagen de archivo de los migrantes que fueron rescatados por el Aquarius el pasado mes de agosto. | MSF / SOS MEDITERRANÉE

Pero además, todos los expertos consultados coinciden en que ese rescate de obligado cumplimiento no acaba hasta que las personas náufragas son desembarcadas en un puerto seguro. Ahí empieza el problema. Los puertos más cercanos en la zona de rescate del Mediterráneo central son Libia, Malta e Italia. El primero está vetado por las ONG, puesto que no se considera un país seguro para los rescatados, y los dos segundos han aplicado una política de cierre de puertos total. En consecuencia, los barcos de las ONG se ven obligados a navegar con los náufragos rescatados a bordo, a menudo durante días, hasta que consiguen una autorización para llegar a puerto.

“Objetivamente, hay que llevarles al puerto que les corresponde, al más cercano. Pero si estos no responden entonces habrá que conducir el barco hasta el país de su bandera”, afirma Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e investigadora asociada del GRITIM-UPF. Esto ha ocurrido en varias ocasiones. El pasado 28 de diciembre, 308 personas llegaban a Algeciras a bordo del Open Arms después de siete días de travesía por el Mediterráneo en los que se encontraron la negativa para atracar en los puertos de Francia, Italia, Túnez y Malta.

Pero, tal y como coinciden todos los expertos consultados por infoLibre, estas negativas, en realidad, constituyen una vulneración de la Convención sobre el Derecho del Mar. “Que haya países que cuando hay un barco en esta situación no respondan es gravísimo. Los Estados no los tratan como náufragos, sino como futuros inmigrantes”, critica Pinyol.

Más si tenemos en cuenta que en el año 2004 se formularon las enmiendas al Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo, en las que se incluyó la noción de “lugar seguro”. Lo que indican esas enmiendas, entre otras cosas, es que los firmantes “tomarán las medidas pertinentes para que ese desembarco tenga lugar tan pronto como sea razonablemente posible”, tal y como recoge De Larrucea en su artículo El salvamento marítimo y el derecho humanitario. España, Francia e Italia suscribieron dicho Convenio. Pero Francia e Italia no lo cumplen y España, con sus dos barcos de bandera bloqueados, difícilmente podrá volver a hacerlo.

España, un argumento cuestionable para el bloqueo

El bloqueo del Gobierno español al Open Arms y al Aita Mari se basa en argumentos cuestionables, opinan las fuentes consultadas. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, insistió en ellos durante su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la decisión que habían tomado los organismos dependientes de la institución que dirige. “El cierre de los puertos a buques de ONG en la zona en la que pretenden operar junto con la negativa de estos buques a proceder a su desembarco en Libia hace que los buques de las ONG se vean forzados a desembarcar a España por ser su estado de abanderamiento, lo que significa de facto el transporte de personas”, dijo. Y estos buques, añadió, “no cuentan con los certificados para el transporte de un elevado número de personas a bordo”.

La afirmación, dice De Larrucea, tiene cierta trampa. Y es que estos buques no transportan personas, ni es su intención. Estos barcos, defiende, lo que hacen es rescatar náufragos y cumplir con la normativa que obliga a desembarcarles en un puerto seguro. Y si los más cercanos están cerrados, deben hacerlo en uno de su país de bandera, afirma Schmid. En este caso, España.

“Fomento lo que intenta es buscar una excusa para denegar el puerto en España”, explica la abogada. Como no pueden hacerlo si están en alta mar, la solución que han encontrado es impedir, directamente, que los barcos lleguen a la zona de rescate del Mediterráneo central. ¿Y por qué esta política, tan contraria a la que adoptó Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa? “Por miedo a que Vox se haga fuerte”, asegura. El Ejecutivo “no quiere dar la imagen de que aquí es bienvenido todo el mundo porque la ultraderecha ha ganado mucho poder” criticando, precisamente, eso.

“Se utilizan argumentos administrativos para pasar del cumplimiento coherente de la tarea de rescate”, asegura De Lucas. Pero hay una dificultad, y es que estos barcos no rescatan náufragos que encuentran de forma casual, si no que van a buscarlos. “Pero tengan o no espacio en el barco, la obligación es rescatar”, añade. “Además, Fomento está haciendo un cálculo antes de los hechos, porque tampoco sabe si se va a rescatar a un número elevado o reducido de personas”, critica. De este modo, denuncia, España “dificulta el cumplimiento” de los derechos del mar. 

 

Imagen de archivo de los migrantes que fueron rescatados por el Aquarius el pasado mes de agosto. | MSF / SOS MEDITERRANÉE

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Primero, el rescate; luego, la política

Si Italia y España —como países firmantes de las enmiendas sobre el puerto seguro— no cumplen con la normativa internacional sobre los derechos del mar es porque el problema llega cuando estas personas desembarcan. Es en ese momento, y no antes, cuando se les otorga otra categoría jurídica. Entonces pasarán a ser inmigrantes irregulares o demandantes de asilo o refugio. “Comienza ahí la cuestión de extranjería”, dice Pinyol. Y es cada Estado el que tiene sus propias leyes.

Pero el cierre de puertos y el bloqueo de barcos se hace pensando, precisamente, en este momento. Y es que estos náufragos no son náufragos al uso. “Las ONG van a introducir a esas personas en un territorio, pero ¿en qué condiciones?”, se pregunta Pinyol. “Son náufragos, pero no tienen ninguna intención de volver a su país. Aquí entramos en el problema”, afirma.