Las feministas responden a la "violencia simbólica" de la ultraderecha

La ultraderecha ha irrumpido en las instituciones con el propósito de normalizar su discurso de odio. Una de las principales apuestas del equipo de Santiago Abascal tiene que ver con el veto a las políticas de igualdad. Una estrategia que busca protagonizar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de su rechazo a las declaraciones institucionales contra la violencia en numerosos lugares. Una situación a la que se enfrenta el movimiento feminista, consciente del peligro de la ultraderecha.

Las declaraciones institucionales se formulan como un instrumento para expresar pública y oficialmente una posición consensuada, en este caso la condena a la violencia de género. Requieren unanimidad y de esa condición se ha aprovechado la extrema derecha. ¿Con qué consecuencias? Para la abogada y activista Violeta Assiego, el terreno de lo simbólico es importante porque también ahí se enmarca parte de la reparación de las víctimas. "No hay que restarle importancia", dice en conversación con infoLibre, porque "en el lenguaje de la reparación, es algo muy poderoso".

Para Assiego, lo que propone Vox no es otra cosa que "invisibilizar a las víctimas, no reconocer la violencia de género y lanzar el mensaje de que esa violencia es artificial". Se trata, a su juicio, de un "negacionismo en toda regla". Yolanda Díaz, portavoz de la Plataforma Feminista de Alicante, coincide en que "la ultraderecha niega toda la violencia de género, no sólo los asesinatos machistas". Pero aunque el partido de extrema derecha trate de "sembrar odio, misoginia y xenofobia", seguirá teniendo enfrente al movimiento feminista, "siempre en las calles y reivindicando". La activista subraya que las instituciones cuentan con otros muchos instrumentos para combatir la violencia y apela a los partidos de izquierda para "alcanzar un consenso y que se legisle en favor de proteger a las mujeres".

Díaz considera fundamental "reivindicar las instituciones" y su trabajo, porque las políticas de igualdad "no cuentan con la ultraderecha ni la necesitan". La Plataforma 7N de Madrid llama, en un comunicado, a la responsabilidad de las formaciones. "Ser cómplices de esta barbaridad es una irresponsabilidad y un peligro que significa, ni más ni menos, dejar de señalar la violencia como un problema de ámbito público y devolverla a la invisibilidad del ámbito privado", sentencia.

También Assiego interpela a la izquierda y a las instituciones. "Tienen que condenar estos hechos y calificarlos como lo que son: violencia simbólica". En ese sentido, argumenta, los partidos, los representantes políticos y los alcaldes deben "condenar la violencia simbólica de Vox en materia de violencia de género, porque tiene muchísima gravedad". La abogada recuerda que la violencia machista "viene reconociéndose desde diferentes niveles internacionales" desde la década de los noventa, por lo que resulta "inverosímil" el retroceso que pretende imponer la ultraderecha. "Es importante un mensaje contundente dentro de las instituciones", afirma.

Respuesta feminista

Henar Sastre, activista de la Plataforma 7N de Madrid, reconoce a Vox como un viejo enemigo. En el año 2015, durante la primera gran marcha estatal contra la violencia machista, varios integrantes del partido irrumpieron con pancartas que ya proclamaban que "la violencia no tiene género". La reacción de los manifestantes fue inmediata y los intrusos tuvieron que abandonar la contienda. "Entonces ya padecimos a Vox", rememora Sastre al otro lado del teléfono. "Se ha engordado a la bestia pero para nosotras no son nuevos".

Para la activista, la respuesta feminista debe estar a la altura y "salir del paso con datos cuando sea necesario". En esa misma línea se mueve Assiego, quien entiende que el discurso ultra "plantea escenarios que el feminismo" debe abordar desde "un enfoque de derechos". En ese sentido, reflexiona, el movimiento debe más que nunca emprender una "acción pedagógica, explicar que lo que está haciendo Vox es dañar la memoria y el derecho de reparación de las víctimas". Ese, sostiene, es el reto del feminismo ante la amenaza de la ultraderecha. Para Assiego no se trata de una "lucha emocional de quién es más fuerte". La realidad no puede ser obviada, entiende la abogada: "La violencia de género se está produciendo y es incuestionable. Nos toca explicarlo y poner en el centro a las víctimas".

Díaz, por su parte, saca músculo y pone en valor la fuerza feminista. "Cada vez somos más, somos una ola y estamos en las calles", lanza. Fueron las feministas, recuerda, las que "acabaron con un ministro", en referencia a Alberto Ruiz-Gallardón y la masiva movilización bautizada como Tren de la liberdad. "Ellos también dependen de nosotras".

De Madrid a Avilés

El boicot que ha decidido escenificar Vox está íntimamente ligado al falso discurso que desde su eclosión ha defendido: la violencia no tiene género. Hablan de violencia intrafamiliar y tratan de restar peso a la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, aunque las cifras no les respalden. Las muertes de hombres a manos de sus parejas o exparejas no superan las diez ningún año, desde 2008, y el victimario no siempre es una mujer, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, como consecuencia de la violencia machista, suman 1.027 desde el año 2003.

Pese a ello, el partido de Abascal ha rechazado en el Ayuntamiento de Madrid formar parte de la unanimidad necesaria para sacar adelante la ya tradicional declaración institucional contra la violencia machista que desde el año 2005 venía realizando el Consistorio, con motivo del 25N. Los de Santiago Abascal se mantendrán en esa posición, dicen, "mientras no se hable de violencia intrafamiliar". Exactamente la misma decisión ha tomado el partido en la Asamblea de Madrid, con Rocío Monasterio al frente.

La estrategia se ha reproducido en ayuntamientos andaluces como Jaén o Córdoba. En este último, la declaración institucional ha sido paralizada por primera vez en doce años. En Jaén, los grupos han dado un volantazo para esquivar a la ultraderecha: aunque la declaración institucional no será posible por falta de unanimidad, sí se ha aprobado una declaración de condena bajo la forma de propuesta de la Alcaldía.

En el asturiano Ayuntamiento de Avilés, la concejala Arancha Martínez Riola rechazó la declaración institucional contra la violencia de género de cara al 25N "porque la violencia no tiene género". En Zaragoza, los socialistas han pedido una declaración institucional "contundente" contra la violencia machista para que la representación de la ultraderecha se posicione.

En Toledo, Vox se ha opuesto a una moción presentada por el PSOE e IU Podemos contra la violencia machista. La oposición de Vox también ha impedido sacar adelante una declaración institucional contra la violencia en la Diputación de València, de manera que finalmente se ha tramitado como moción. Y en Castellón, el rechazo de la formación a la declaración institucional era manifiesta desde hace un mes.

Desde su irrupción en las instituciones, los de Santiago Abascal han desarrollado la misma ofensiva también en relación a declaraciones institucionales por el Día de la Infancia, en Murcia, o por el Orgullo LGTBI, en la Comunitat Valenciana.