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El juez investiga a 49 personas por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona

  • Se investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación a diversas organizaciones, algunas de la órbita soberanista y de CDC
  • Los investigadores detectaron supuestas irregularidades en un total de 26 expedientes de subvención tramitados por la Diputación de Barcelona a 13 entidades

Publicada el 04/03/2020 a las 10:12 Actualizada el 04/03/2020 a las 10:13
El presidente de la fundación Catmon, Víctor Terradellas, que presuntamente recibió subvenciones de forma irregular, junto a su abogado, en una imagen de archivo.

El presidente de la fundación Catmon, Víctor Terradellas, que presuntamente recibió subvenciones de forma irregular, junto a su abogado, en una imagen de archivo.

EP

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga a 49 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones de la Diputación de Barcelona, y tiene previsto citarles a declarar en calidad de investigados, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Se investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación a diversas organizaciones, algunas de la órbita soberanista y de CDC, y todavía no se ha fijado la fecha de las declaraciones, según publica El Periódico.

Entre los investigados está el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, fundador de la fundación Igman y presidente de la fundación Catmon, Víctor Terradellas, que presuntamente recibió subvenciones de forma irregular.

También aparece citado el diputado de JxCat en el Parlament Francesc de Dalmases, por su paso por la Fundación Catmon e Igman, sobre quien el juez puntualiza que no procede citarle como investigado porque tiene la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por lo que considera que procede emitir a dicho tribunal exposición razonada para investigarle, una vez finalice el estudio de la prueba documental y declaren los investigados.

El juez Aguirre ha dividido la causa en ocho piezas separadas, una por cada persona física o jurídica que supuestamente se benefició de subvenciones irregulares, en las que aparecen las personas vinculadas, para "simplificar y activar el procedimiento".

El magistrado adopta esta decisión después de recibir un extenso informe de la Guardia Civil en el que aparecían citadas 48 personas, entre ellos excargos de la Diputación, supuestamente responsables del desvío de fondos hacia entidades afines al independentismo.

Entre los investigados está el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve; el diputado adjunto a la Presidencia y director de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2011 y 2015, Joan Carles García, que era alcalde de Tordera (Barcelona); el exjefe de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Jonatan Jorba, y el exdirector de Relaciones Internacionales Jordi Castells, que dimitieron en su día.

Según el informe de la Guardia Civil, Joan Carles Garcia supuestamente colocó a Castells y Jorba, vinculados a CDC, en la Diputación de Barcelona "permitiéndose desde Relaciones Internacionales la autorización de subvenciones cargadas de irregularidades que revertieron en formaciones y fundaciones próximas a la antigua CiU y PDeCAT".

El Instituto Armado constata en su informe que la asociación Igman y la Fundació Catmon de Víctor Terradellas recibieron subvenciones de la Diputación, pero también de algunos departamentos de la Generalitat.

26 expedientes investigados

Los investigadores detectaron supuestas irregularidades en un total de 26 expedientes de subvención tramitados por la Diputación de Barcelona a 13 entidades como CATmón, Igman y Voltia, que suman alrededor de un millón de euros en subvenciones.

En la mayoría de casos no presentaron la documentación requerida, la documentación aportada para justificar el importe recibido era "escasa", con informes copiados de Internet y no se realizaban las actividades propuestas, entre otras.

La Guardia Civil asegura que todas las instituciones que concedieron subvenciones estaban bajo la órbita de la antigua CDC, y afirman que hubo "una trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controlada por una determinada fuerza política en su propio beneficio".

Consideran que parte de estos fondos desviados pudieron presuntamente usarse para financiar el proceso soberanista "a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el procés", como es el caso de Catmon e Igman".

La causa arrancó a raíz de denuncias de técnicos de la Diputación que se plasmaron en un informe de Riesgos Laborales que primero fue enviado de forma anónima al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que investigaba el 3% y posteriormente pasó al juez de Barcelona.

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