Así es el proceso para estudiar una petición de indulto

El indulto es una medida de gracia que conlleva la extinción total o parcial de la responsabilidad penal y que supone el perdón de la pena impuesta por los tribunales. En España, al igual que en muchos países de nuestro entorno, es una prerrogativa que corresponde tomar al Gobierno a través de un decreto, con firma del rey, y siempre se tramita a petición del condenado o de alguien que lo solicite en su nombre.

Este último supuesto es el que llevará al Ejecutivo de Pedro Sánchez a estudiar la solicitud de indulto para los nueve condenados por sedición a penas de cárcel en el caso del procés independentista catalán. Ellos ya habían adelantado que no pedirían la medida de gracia al considerar que han sido condenados injustamente y por motivos políticos, pero esto no ha impedido que otros lo hayan hecho en su lugar.

A principios de año, un jurista registró su petición en nombre de los nueve condenados. Meses después, organizaciones sindicales hicieron lo propio con la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa y este verano han sido varios expresidentes del Parlament los que han reclamado al Gobierno que perdone a Carme Forcadell.

Dado que la primera solicitud es de principios de año y afecta a todos los condenados, el Ministerio de Justicia tramitará todas las peticiones en un mismo expediente, proceso que comenzará la semana que viene, según ha adelantado el ministro Juan Carlos Campo, en una decisión que ha generado un gran revuelo político y mediático, pero que se tenía que hacer antes o después, pues una vez que se recibe una solicitud de estas características, el Gobierno está obligado a estudiarla.

Reactivación de los indultos tras la pandemia

La tramitación de las peticiones de indulto tanto de los condenados por el procés catalán como otras que se han podido registrar este año habían quedado congeladas debido al estado de alarma por la pandemia de covid-19, de modo que es ahora cuando el Gobierno ha decidido reactivarlas, según ha informado Justicia, si bien ha dejado claro que todo el proceso de estudio, lento y pendiente de informes de otros organismos, no suele durar menos de seis meses.

Las solicitudes le llegan directamente al Gobierno, pero éste las remite al tribunal sentenciador, en el caso de los líderes del procés, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la que forman parte los siete magistrados que el año pasado enjuiciaron los hechos ocurridos en Cataluña en el verano y otoño de 2017. De cara a elaborar sus conclusiones, la Sala también puede recabar información de las prisiones en las que los líderes independentistas catalanes se encuentran cumpliendo condena. Y a su vez, el tribunal reenvía a Fiscalía la petición para que exponga su posición al respecto.

Hasta el momento, y en el tiempo que llevan cumpliendo condena firme los líderes del procés, el Ministerio Público siempre se ha posicionado en contra de los permisos que han disfrutado en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, así como del tercer grado concedido por la Generalitat de Cataluña, que tiene las competencias de prisiones.

No tienen por qué encargarse los fiscales del caso

En esas ocasiones, eran los cuatro fiscales del caso –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– los que firmaban los informes, si bien en esta ocasión, y según informan a infoLibre desde el Ministerio Público, en la Fiscalía del Supremo hay establecido un turno de reparto de indultos con un procedimiento reglado, de modo que podría ocurrir que ninguno de ellos se hiciera cargo.

En cualquier caso, los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Público no son vinculantes y el Gobierno tomará su decisión de forma autónoma. Fuentes jurídicas han recordado a infoLibre que no todos los indultos han contado con informe favorable de estos dos organismos; no en vano, el 26,8% de los que se concedieron en 2018 y 2019 –15 de 56– contaban con la opinión en contra de jueces o fiscales, según un informe de Justicia.

Estos datos de los dos últimos años son sustancialmente distintos a los que se registraron en años anteriores, sobre todo si se comparan con los de los primeros ejercicios de la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy: con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, llegaron a concederse más indultos con posiciones en contra que con el visto bueno de todas las partes consultadas.

Caben varias posibilidades una vez el Ejecutivo tenga en sus manos la opinión de tribunal y Ministerio Público: que se rechace la petición, que se estime –y, por tanto, los líderes del procés quedarían en libertad– o que la estime sólo parcialmente, lo que podría llevar aparejada una reducción de la condena. La concesión, en caso de producirse, se acuerda en Consejo de Ministros a través de un Real Decreto que tiene que firmar el rey.

Pocas posibilidades para los recursos

¿Qué es un indulto?

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La decisión puede ser recurrida por la vía de lo Contencioso-Administrativo, también en el Tribunal Supremo, al ser en forma de decreto. Sin embargo, el margen para anular un indulto es muy reducido, sólo posible si se encontraran errores formales en la resolución que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hacía años que el Gobierno no se enfrentaba a una solicitud de indulto presentada por o en nombre de políticos. Para recordar algunos de los casos más sonados habría que retrotraerse al año 1998 y al exministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, a quienes el Gobierno de José María Aznar conmutó la pena cuando sólo llevaban tres meses y medio en prisión por la condena a 10 años por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL.

Más recientemente, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue indultado el expresidente cántabro Juan Hormaechea, condenado por prevaricación y malversación. Y con Rajoy se conmutó la pena, entre otros, a un ex alto cargo de CiU condenado por desviar dinero público en el caso Treballcaso Treball o a un exalcalde y tres ediles conservadores de Abdalajís (Málaga) por delitos continuados de prevaricación urbanística.