La Comunidad de Madrid sigue sin abonar la ayuda al alquiler de 2019 a la mitad de los beneficiarios

La voz de Ana Cuesta denota cierto cansancio al otro lado del teléfono. Por la precariedad laboral, por la eterna burocracia, por los políticos, por las promesas incumplidas. Sin embargo, ella no es de esa clase de personas que se rinden a la primera de cambio. Lo saben bien al otro lado de los teléfonos de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid. Cada dos días, la voz de esta vecina de Carabanchel de toda la vida suena al otro lado del aparato exigiendo explicaciones sobre una ayuda pública que lleva meses esperando. “Hoy no he podido porque he ido al médico, pero mañana en cuanto compre el pan volveré a marcar al 012 y a la Consejería de Vivienda”, asegura con firmeza. Cuesta es una de las beneficiarias de las subvenciones al alquiler de la Comunidad de Madrid de 2019. En concreto, le concedieron 2.226 euros el pasado mes de agosto. Sin embargo, ha pasado más de medio año y el dinero sigue sin llegar a una cuenta bancaria cada vez más seca. Su caso no es único. A día de hoy, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue sin haber abonado las cantidades prometidas a la mitad de beneficiarios reconocidos. En total, dos millares de personas.

La convocatoria de subvenciones a la que hace referencia Cuesta, un paquete incluido dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se puso en marcha hace ahora casi dos años. El 21 de mayo de 2019, cuando quedaban seis días para las elecciones autonómicas, la entonces consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo López, emitió una orden con la que se daba luz verde al inicio del procedimiento. En total, el Ejecutivo madrileño puso sobre la mesa 17,04 millones de euros distribuidos en dos programas: la mitad para determinados sectores de población con escasos recursos y la otra mitad enfocada exclusivamente a jóvenes con limitados medios económicos. Con este plan de ayudas directas, el Gobierno regional buscaba “hacer frente” a la “difícil situación” de familias y hogares “como consecuencia de la crisis económica y financiera”. Un castigo que ahora se ha visto agravado por una pandemia de coronavirus que, para más inri, ha provocado un importante retraso en el abono de estas subvenciones por parte de la Consejería de Vivienda.

Dos años después de que se pusiera en marcha el procedimiento, cientos de inquilinos como Cuesta siguen esperando el prometido respaldo económico para el pago de la renta. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hizo públicos hace unos meses los listados definitivos de beneficiarios. En total, 4.205 personas, de las cuales 2.168 corresponden a unidades de convivencia cuyos arrendatarios tienen edades por debajo de los 35 años y 2.037 a familias numerosas, monoparentales con cargas familiares o unidades de convivencia con determinadas particularidades –con alguna víctima acreditada de terrorismo, con algún miembro con discapacidad o con todos los miembros en situación de desempleo o edades superiores a los 65 años–. Sin embargo, de los cuatro millares de beneficiarios reconocidos, la mitad todavía continúa esperando que le llegue la subvención. “En un primer momento se abonaron de una tacada alrededor de 2.000 ayudas, quedando otras 2.000 pendientes”, explican a infoLibre fuentes del departamento dirigido por el conservador David Pérez.

A cierre de 2020, ni siquiera todas las que estaban a la espera de pago habían superado el procedimiento de fiscalización. Desde la Consejería de Vivienda detallan que a la finalización de ese ejercicio se quedaron “pendientes” de completar el trámite previo al cobro 619 pagos del programa para sectores de población con escasos medios económicos y 392 del paquete destinado en exclusiva a los jóvenes. “Se tramitarán tan pronto se abra el Presupuesto 2021”, dicen. Unas cuentas públicas que siguen en proceso de negociación y que requieren el respaldo de Vox, que ya ha puesto como exigencias para dar su visto bueno la puesta en marcha de un pin parental –algo que Ciudadanos rechaza–, la reducción de gasto político y una bajada de medio punto porcentual del IRPF. En el Ejecutivo regional culpan a la crisis sanitaria de los retrasos en una convocatoria que se puso en marcha hace ya casi un par de años. “Su gestión se ha visto muy afectada por la pandemia, con la suspensión de plazos administrativos durante setenta días y la dificultad de funcionamiento de registros”, apuntan. Mientras tanto, muchos de los beneficiarios tratan de subsistir con lo que pueden.

“Negro no, lo siguiente”

“Lo veo negro no, lo siguiente”, relata Cuesta, quien este lunes se encontraba con una nueva respuesta de la Consejería de Vivienda en forma de carta en la que se le informaba que el abono de su solicitud se tramitaría “a la mayor brevedad, en cuanto se contabilice el documento contable relativo al pago”. El problema es que esta vecina de Carabanchel necesita la ayuda con urgencia. Actualmente, vive con su pareja en un piso por el que pagan 650 euros de alquiler. El mes pasado, los únicos ingresos que entraron en el hogar fueron los 593 euros que cobró él por los días que estuvo como vigilante en el Hospital de Parla. “Con eso, hemos pagado una parte del alquiler y algunos gastos de alimentación”, cuenta. Viven, por tanto, con el agua al cuello. Y con el respaldo que van recibiendo también por parte de los “servicios sociales”. Por eso, dos o tres veces a la semana marca desesperada el teléfono de la Comunidad de Madrid esperando buenas noticias o, al menos, tener una fecha concreta en el horizonte a la que agarrarse. “Es un dinero con el que podemos ir tirando”, insiste.

Sara Rodríguez, con 38 años, también solicitó respaldo económico para hacer frente al pago del alquiler. En su caso, el Ejecutivo regional le concedió una ayuda de 7.200 euros. Sin embargo, a día de hoy todavía no ha recibido de forma íntegra esa cantidad. “En diciembre me ingresaron la mitad, unos 3.600 euros”, señala al otro lado del teléfono. No sabe cuándo llegará el resto de la subvención aprobada. Por eso, la revisión de su cuenta bancaria a la espera de novedades se ha convertido en parte de su rutina mañanera. “Lo más frustrante de todo es que no se nos da ninguna explicación”, dice. Y eso que los afectados, organizados en grupos a través de las redes sociales, no paran de enviar correos electrónicos a la Consejería de Vivienda para intentar enterarse de cuándo va a estar resuelto el atasco. “En mi caso, afortunadamente, he cobrado una parte de lo que se me concedió. Pagos parciales que también han recibido algunas otras personas que conozco. Sin embargo, hay mucha gente a la que todavía no se le ha abonado absolutamente nada”, asevera.

La llegada de la ayuda es fundamental para esta ilustradora, a quien la crisis del coronavirus ha puesto contra las cuerdas. “Antes tenía un sueldo que me permitía ir tirando gracias a los trabajos que hacía cada fin de semana en mercados de arte o para una editorial. Ahora, sin embargo, lo primero está parado y la segunda está cerrada”, relata. En verano, consiguió algunos ingresos haciendo “suplencias en conserjerías”. Un dinero que ahora trata de estirar como puede ante la delicada situación económica que tiene en casa. Mensualmente, entran en el hogar familiar poco más de novecientos euros gracias a la pensión no contributiva de su madre, con quien vive, y el subsidio por desempleo que ella mismo percibe y que está a punto de agotar. El alquiler, sin embargo, se come más de setecientos euros. Les quedan, por tanto, algo más de cien euros, más lo poco que tienen ahorrado, para comer y afrontar otro tipo de gastos. “Tratamos de no poner mucho la calefacción. Sin embargo, hay momentos en los que tienes que recurrir a ella, como cuando fue el temporal Filomena. Imagínate el susto cuando nos llegó aquella factura del gas”, subraya Rodríguez.

También atascadas las ayudas covid

También atascada se encuentra la tramitación de las ayudas para respaldar en el pago del alquiler a los afectados por la pandemia de coronavirus. El Consejo de Gobierno puso en marcha este paquete a finales de mayo con un gasto inicial de 15,9 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo regional siempre consideró “insuficiente” dicha cantidad. Por ello, la fue incrementando poco a poco. Así, por ejemplo, le sumó los 5 millones de euros que se quedó la Consejería de Vivienda por los fondos covid que el Gobierno central fue repartiendo a las distintas comunidades autónomas. En este caso, las subvenciones estaban destinadas a todas aquellas personas que a partir de marzo hubieran pasado a estar en situación de desempleo, en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), hubiesen reducido su jornada por motivo de cuidados u otras circunstancias que hubieran desembocado en una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando el conjunto de la unidad familiar, con carácter general, el límite de 3 veces el Iprem –que puede incrementarse en función de cada hijo a cargo o cada mayor de 65 años–.

La cuantía establecida para esta línea de ayuda puede alcanzar la totalidad del pago de la renta hasta un máximo de 900 euros al mes, sin incluir otras obligaciones que pudieran estar ligadas al contrato, como gastos comunitarios, tasas o impuestos. Y por un máximo de seis meses. Es decir, que en el mejor de los casos el respaldo procedente del Ejecutivo regional puede llegar a los 5.400 euros. El plazo para presentar las solicitudes arrancó el 13 de mayo y se cerró el 30 de septiembre. Sin embargo, a día de hoy el Gobierno de Díaz Ayuso sólo ha desembolsado una pequeña parte. “La convocatoria está aún siendo tramitada, por lo que hasta este momento sólo se ha publicado el reconocimiento de la primera fase de concesión para 268 expedientes y se han efectuado los pagos correspondientes a estos”, explican a este diario desde el departamento que dirige David Pérez. En total, la suma de todas las ayudas concedidas y ya abonadas, según el primer listado definitivo del Ejecutivo madrileño, suponen un desembolso de unos 955.000 euros, lo que equivale al 6% del primer gasto de 15,9 millones que acordó el Consejo de Gobierno a mediados de mayo.

Desde Vivienda, de nuevo, reiteran que el Presupuesto 2021 todavía “está cerrado”. Y “hasta su próxima apertura”, continúan, se está trabajando “en las siguientes fases de concesión y pagos, habiendo resultado admitidas aproximadamente 3.500 solicitudes que se irán pagando en este semestre, según vayan superando la fase de fiscalización por la intervención”, es decir, a medida que se vaya comprobando que todas ellas cumplen con los requisitos establecidos. En el caso del retraso de las ayudas covid al alquiler, el Ejecutivo regional se justifica alegando la dificultad del procedimiento a la hora de interpretar el impacto de la pandemia sobre los solicitantes. “Es complejo porque la documentación para acreditarlo es amplia e interpretable, y en muchos casos debe rechazarse porque no lo justifican. La voluntad es tratar de llegar a más familias, por lo que se establecen fases intermedias de requerimiento de subsanación de la documentación que permitan subsanar y salvar estos defectos”, sentencian las fuentes consultadas. Un laberinto burocrático que está dejando a miles de personas a la espera de un respaldo económico cada vez más necesario.