Una asociación pide a la Audiencia Nacional que anule la venta de una de las viviendas públicas de lujo frente a la Giralda

La venta de viviendas públicas de lujo frente a la Giralda a miembros de la jet sevillana está desde marzo en manos de la Audiencia Nacional. La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) formuló ese mes una demanda de lo contencioso –la que aborda una posible infracción administrativa– para tumbar la adjudicación directa a bajo precio y sin subasta de uno de los cinco inmuebles de cuya venta por el Gobierno del PP ha informado infoLibre. La demanda se dirige contra la enajenación que en 2016 tuvo como beneficiario a un inquilino que al dejar de pagar el alquiler tres años antes se había convertido en "ocupante". Adepa entiende que hubo trampa. 

El antiguo arrendatario y comprador de la vivienda, John Mackay Adam, figuró hasta agosto de 2019 como administrador solidario de una empresa con 1,05 millones de capital social. En mayo de 2013 había dejado de pagar una renta de entre "900 y 1.000 euros",  cuantifica Adepa, para convertirse en lo que buena parte de la población denomina okupa. Porque, paradójicamente, la ley de Patrimonio permite que se le traspase la propiedad al moroso mediante venta directa, sin subasta y sin precisar si sus circunstancias económicas han de operar como factor determinante. Pero esa misma ley supedita a "razones excepcionales" la modalidad de venta directa a un ocupante. En este caso, y así lo subraya la demanda, ni siquiera se mencionaron tales razones en el expediente administrativo. El gran perjudicado, subraya Adepa, fue y es el interés público. Integrada por expertos y miembros de prestigio del ámbito académico, la asociación sostiene que la Audiencia debe revocar como nula de pleno derecho la venta del inmueble, contiguo al Alcázar.

La demanda apunta también hacia un elemento sustancial: que "la fecha en la que comienza a producirse la situación de hecho que provocó la enajenación"  –los impagos de renta con carácter permanente– "coincide en el tiempo con una serie de acontecimientos arqueológicos y políticos que, precisamente, habrían aconsejado guardar un excesivo celo"  a la hora de justificar por parte del Gobierno central que el inmueble carecía de utilidad pública y podía por tanto ser vendido.  Los "acontecimientos arqueológicos y políticos" a que se refiere Adepa se sostienen sobre dos pilares: el primero, que se descubrieron "restos pertenecientes al antiguo alcázar islámico"; y el segundo, que comenzaba a entrar en ebullición el movimiento social y político que, desde hacía años, busca "incluir el Patio de Banderas en parte del conjunto histórico y visita turística al Alcázar de Sevilla".

En el número 11 del Patio de Banderas, plaza desde la que se accede al Alcázar, se localiza la finca urbana vendida a Mackay. Ese inmueble tenía "fundamental importancia para hacer visitable la cripta [del Alcázar]". Y su venta, agrega Adepa, "truncó el proyecto turístico, artístico, histórico y patrimonial" que se estaba barajando.  Y ese proyecto engarza con el tercer pilar que sustenta la importancia que Adepa concede a las fechas: porque, como recuerda la demanda, en octubre de 2013 el Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad pedir al Gobierno central la cesión gratuita de los inmuebles que rodean el Alcázar dentro y fuera del Patio de Banderas. En la lista de casas incluida por el consistorio en su acuerdo figuran las cinco que vendió Patrimonio a inquilinos de ilustre apellido y que llevaban décadas con alquileres a bajo precio. Puedes ver el acta de aquel pleno pinchando aquí. 

Un precio "muy llamativo"

Por la venta de la casa de 415 metros cuadrados construidos que acabó en manos de la familia Mackay, el Estado solo ingresó 682.800 euros en 2016. Como relata Adepa en su demanda, el precio fue "muy llamativo" teniendo en cuenta los "habituales en la zona y las características geográficas, históricas y patrimoniales del inmueble en sí".

Cuando quedó escriturada la nueva titularidad, , habían transcurrido tres años desde que John Mackay Adam dejó de cumplir con el contrato de alquiler firmado en 1962 por decisión discrecional del régimen franquista. A raíz de los impagos, un juez llegó a ordenar en octubre de 2014 que abandonase el inmueble. Lejos de cumplir la orden, Patrimonio le ofreció un nuevo contrato de alquiler o comprar el inmueble: según Adepa, para ello esgrimió como argumento la necesidad de "evitar desahucios". Y Mackay lo compró. En 2014 se produjeron 68.091 desalojos, el segundo peor dato de la crisis que arrancó en 2008. 

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Según las respuestas de Patrimonio a infoLibre, Mackay "abonó 30.539,44 euros en concepto de indemnización por ocupación indebida por el periodo que ocupó la vivienda tras la extinción del contrato de arrendamiento". La cifra que aporta la Dirección General de Patrimonio, adscrita al Ministerio de Hacienda, valida lo que Adepa narra en su demanda: que para Mackay regía una "renta de entre 900 y 1.000 euros en pleno centro turístico de Sevilla, a pocos metros también al Catedral y la Giralda".

La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que la venta se cimentó sobre lo que Adepa considera un auténtico artificio o "fraude de ley": el supuestamente perpetrado para llevar a cabo lo que la vigente ley de Patrimonio permite: que con independencia de las causas del impago, el Estado pueda traspasarle la propiedad a quien no posee ya la condición oficial de arrendatario sino la de ocupante. En el argot inmobiliario, el ocupante es lo que se conoce también como precarista: quien posee, retiene o disfruta en precario cosas ajenas. En eso último -precarista u okupa sin reparos de la propiedad- se convirtió en mayo de 2013 el empresario John Mackay Adam, descendiente del fundador de la primera compañía de aguas de Sevilla y administrador solidario hasta agosto de 2019 de una empresa de turismo. Lo sucedido, relata la demanda de Adepa, afianza la tesis de que estamos ante una venta nula. Porque se utilizaron "los impagos de renta y el procedimiento de desahucio con el espurio objeto de otorgar a quien era simplemente arrendatario la condición de ocupante, lo cual permitía a su vez la enajenación directa".

En este caso, como en el del resto de las viviendas vendidas en esa zona de Sevilla bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, el coste para los compradores fue bajo. Por ejemplo, por tres pisos de 141 y 149 metros cuadrados, los nuevos propietarios pagaron 262.000 euros en los dos primeros casos y 277.000 en el tercero. Pese a ello, los portavoces de Patrimonio aseguran a este periódico que se tomó "como referencia el valor de mercado". Y que no hubo subasta. O sea, ni publicidad ni concurrencia.