Juan Carlos I se revuelve contra la Fiscalía por investigar sus cobros millonarios y la acusa de "conculcar" sus derechos

Trece meses después de abandonar el país y mudarse a los Emiratos Árabes tras el estallido del escándalo por cobros millonarios ocultos y cuentas en paraísos fiscales, Juan Carlos I se ha lanzado al ataque contra la Fiscalía a través del bufete que le representa. La publicación por el diario El Mundode la rogatoria enviada a Suiza el pasado 24 de febrero ha encrespado al rey emérito. En un comunicado difundido al final de la mañana de este viernes, su abogado, Javier Sánchez-Junco, acusa al ministerio público de "conculcar el principio de presunción de inocencia" y de perjudicar "gravemente" al monarca ante la opinión pública con afirmaciones "sin apoyatura alguna". A media mañana, el ministerio público confirmó que la de Suiza no es la única solicitud de ayuda internacional en relación a Juan Carlos I pero lo hizo sin desvelar cuántas ha cursado ni a qué países.c

Aunque la Fiscalía trató de minorar el alcance de la rogatoria –"no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones", dice el comunicado oficial– y de reducirla a "una solicitud de información", su contenido resulta inequívoco: "Los hechos que se investigan (...) presentan indicios de ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública [delito fiscal], cohecho [soborno] y tráfico de influencias". Así lo expone el fiscal del Supremo que investiga el caso, Juan Ignacio Campos, justo antes de solicitar a la justicia helvética "documentación acreditativa" de los movimientos de dos cuentas de la Fundación Zagatka. Es decir, la fundación de Liechtenstein donde Juan Carlos de Borbón figuraba como beneficiario y que había sido creada por su primo lejano Álvaro de Orleans.

La enumeración, en un escrito cursado a otro país, de posibles delitos atribuibles al precedesor de Felipe VI desmorona el argumento central con que el Congreso ha tumbado una y otra vez las solicitudes para investigar la cara B de quien hasta 2014 ocupó el puesto más alto en el escalafón del Estado. Ese argumento se resume así: las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad" que amparaban al monarca hasta su abdicación en junio de 2014 "son absolutas" y "tienen efectos jurídicos permanentes". O sea, que incluso si se hubiera producido un delito fiscal o el cobro de una mordida o el blanqueo de dinero percibido antes de la abdicación, resultaría imposible perseguirle desde el punto de vista penal. Y que, por tanto, el poder legislativo no tiene por qué investigarle. 

Basándose en la información suministrada por el Sepblac (prevención del blanqueo), la Fiscalía transmite a Suiza su convicción de que distintas transferencias que acabaron en cuentas del anterior jefe del Estado y de "miembros de la Familia Real o personas vinculadas a ellos" procedían de la Fundación Zagatka. Y de que el origen del dinero no era limpio: "Existen –se lee en la rogatoria– elementos indiciarios de que esos fondos y otros que también son objeto de investigación provienen de comisiones y de otras prestaciones de similar carácter obtenidas por D. Juan Carlos de Borbón en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". 

De Zagatka, Juan Carlos I "en ningún momento facilitó información" a su hijo, confirmó la Casa Real en la nota que el 15 de marzo de 2020 desató un auténtico terremoto. Esa frase, referida también a una segunda fundación, Lucum, panameña, resultó crucial: porque se incluyó en la nota de la Casa Real a petición del emérito. Y porque al reconocer que "en ningún momento facilitó información" a Felipe VI estaba reconociendo que entre esas fundaciones y su persona existía un vínculo. La rogatoria del fiscal refuerza esa idea al recordar que, "según el Reglamento de dicha Fundación", Juan Carlos de Borbón es beneficiario. Y que lo eran sus tres hijos aunque dejaron de serlo "tras las modificación de dicho reglamento en el año 2018".

La "veracidad" de la regularización fiscal, de nuevo en la palestra

En la solicitud de ayuda remitida el 24 de febrero a Suiza, el fiscal Campos detalla que posee informaciones referidas a que los fondos que el padre del actual rey recibió mediante personas interpuestas –el remitente era el millonario mexicano Allen Sangines Krause y el destinatario el ayudante del emérito Nicolás Murga– y con los que se pagaron regalos y viajes privados del emérito pueden venir de esa fundación. Y lo que la comisión rogatoria persigue es obtener datos para "comprobar la veracidad" de la declaración complementaria efectuada por el rey el 9 de  diciembre de 2020 y en la que pagó 678.393,72 euros. La cifra procede del comunicado emitido entonces por su abogado, Sánchez-Junco. Al igual que en los otros dos comunicados distribuidos por su bufete desde que el emérito abandonó el país en agosto de 2020, aquella nota comenzaba diciendo que Sánchez-Junto había recibido "instrucciones" de Juan Carlos I. La nota difundida este viernes y donde se lanza al degüello contra la Fiscalía evita ese arranque. 

La ministra de Hacienda ya dijo en mayo que Hacienda comprobaría si había sido "veraz y completa" la regularización fiscal hecha por el monarca en dos tandas: la segunda, publicitada el 26 de febrero , implicó el pago de 4,4 millones de euros. Que el bufete que representa al emérito divulgara la existencia de esa segunda declaración justo dos días después de que la Fiscalía enviase su rogatoria a Suiza plantea incógnitas sobre la coincidencia temporal. Y reabre las dudas sobre si todo quedó regularizado o solo una parte.

Casi el 70% de los españoles cree que debería quitarse la inviolabilidad al rey

Ver más

Con su rogatoria del 24 de febrero, la Fiscalía no quiere solo asegurarse de que la declaración del 9 de diciembre fue veraz sino si desde las dos cuentas suizas de la Fundación Zagatka hubo "otras posibles transferencias" adicionales. Por eso pide los movimientos de ambos depósitos entre 2016 y 2019. Que ese último año el rey emérito continuase obteniendo fondos opacos apunta a que nada había alterado aún sus rutinas pese a que el año anterior, 2018, ya habían salido a la luz los audios de su antigua "amiga entrañable", Corinna zu Sayn-Wittgenstein o simplemente Corinna Larssen. En esos audios, Corinna afirmaba que hasta el monarca habían llegado de Arabia Saudí 65 millones de euros como comisionista por la adjudicación del contrato del AVE a la Meca  a un consorcio español en 2011. Ese episodio es uno de los investigados por la Fiscalía. 

Pero sobre la regularización penden más dudas. Tras conocerse el contenido de la comisión rogatoria,  el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha pedido que la Fiscalía del Tribunal Supremo aclare si notificó al rey emérito la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

En declaraciones a Europa Press, Cuadrado ha advertido de que si la notificación fue formal, la regularización no es válida y Juan Carlos I tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa. El presidente de Gestha recuerda que hace unos meses se publicaron unas declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo en las que afirmaba que se habían notificado al abogado del emérito cada una de las diligencias abiertas. Por lo tanto, Carlos Cuadrado cree que la Fiscalía debe despejar esa duda de si finalmente le había notificado formalmente o no las diligencias al Rey emérito. "Y si la notificación no fue formal, la Fiscalía lo tendrá que explicar, lo que implicaría que no habría actuado correctamente", ha concluido.