Entre los ERE y la investidura

En una escena de la tercera temporada de The Crown, el entonces primer ministro británico, el laborista Harold Wilson, le dice a la reina Isabel: “No podemos contentar a todos y seguir siendo fieles a nosotros mismos. Hacemos lo que debemos como líderes. Nuestro trabajo es calmar más crisis de las que creamos”. Corrían los años sesenta del siglo pasado. No existía internet, ni las redes sociales. Apenas empezaba a tener algún impacto la televisión, todavía en blanco y negro. Y sesenta años después, pese a la ligereza y la aceleración que marcan estos tiempos políticos y vitales, hay cuestiones de fondo que permanecen: exigimos a nuestros dirigentes que, al menos, solucionen más problemas de los que crean.

No han pasado aún dos semanas desde las elecciones del 10-N, y sin embargo el debate público alcanza niveles de ruido y complejidad que precisarían un trimestre de digestión. La demoledora sentencia de la pieza política de los ERE retrata una “absoluta falta de control en la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis” por parte de los gobiernos del PSOE en Andalucía durante la década 2000-2009. Establece las penas más duras de prisión e inhabilitación para dirigentes que lo fueron todo en el socialismo andaluz y casi todo en el estatal. Pretender que esas 1.821 páginas del fallo de la Audiencia sevillana están amortizadas políticamente, como parece pretender el PSOE andaluz, es tan ilusorio como intentar colgar la responsabilidad de este vergonzoso asunto a Pedro Sánchez, como pretende el PP apretando el botón del ventilador y equiparando el caso ERE con la Gürtel y el papel de Sánchez con el de Mariano Rajoycaso EREGürtel. En realidad, hay tantas diferencias entre uno y otro caso de corrupción como similitudes en algunos errores cometidos a la hora de gestionar sus efectos.

Es cierto que en esos más de 1.800 folios no hay una sola mención al PSOE como partido, ni indicio alguno de financiación ilegal o de enriquecimiento personal de los dirigentes condenados, mientras el PP ya ha sido sentenciado como “partícipe a título lucrativo” de un entramado empresarial que durante dos décadas utilizaba las adjudicaciones de contratos públicos para desviar fondos a sus campañas electorales y a los bolsillos de cargos públicos e intermediarios, un sistema que incluía el manejo constante y fluido de una caja B paralela a la contabilidad oficial del partido. La gravedad de una corrupción no puede encubrir ni atenuar la de otra corrupción, pero equiparar la responsabilidad de Mariano Rajoy con la de Pedro Sánchez es disparatada. Basta recordar que cuando se puso en marcha el sistema de financiación ilegal del PP, Rajoy era vicepresidente de Aznar, y que dirigió varias de las campañas electorales que se beneficiaron de la trama Gürtel, además de ser él quien ascendió a Luis Bárcenas al puesto de tesorero nacional del partido, con tan buen ojo como el que tuvo Esperanza Aguirre al elegir como delfines en el Gobierno de Madrid a Ignacio González y a Francisco Granados, ambos implicados en distintas tramas corruptas pendientes de juicio. Sánchez era concejal del Ayuntamiento de Madrid sin el menor contacto con el PSOE andaluz durante la década en que funcionaron las ayudas irregulares a los ERE. Susana Díaz era entonces diputada en Sevilla, designada después por José Antonio Griñán como sucesora, cuando él renunció a la presidencia andaluza antes de ser imputado.

Las mayores similitudes entre los ERE y la Gürtel se produjeron en la reacción pública al estallido de los escándalos. Desde ambas filas se habló de “cuatro o cinco golfos”, de “manzanas podridas” o de “un par de ranas”; se intentó dilatar, cuando no obstruir, la investigación judicial o criminalizar las denuncias periodísticas. La bochornosa cutrez también anduvo repartida: si en el PP tenían a un Sepúlveda con Jaguar en el garaje o a un Granados que encargaba “volquetes de putas”, en Andalucía había un Lanzas con “dinero suficiente p’asar una vaca”p’asar o un Guerrero que gastaba “25.000 euros mensuales en coca”. Todo ejemplarmente vomitivo.

Lo que ofrece pocas dudas es el elemento común (aunque lo sea en un grado muy diferente) de la gestión irregular del dinero público. La cantidad final de lo desviado de las arcas de todos de forma ilícita aún está por conocerse, aunque se siembre la confusión con cifras que manipulan la realidad de lo hasta ahora documentado. Parece obvio que el grueso del dinero extraído por la Gürtel o la trama Púnica o Lezo fue a parar a cuentas personales o societarias en paraísos fiscales después (o antes) de cubrir gastos electorales, mientras en los ERE se calcula que la mayor parte de las “subvenciones ilegales” se repartieron entre prejubilaciones, subsidios o despidos laborales lícitos, pero también recibieron lo que no les correspondía empresas y bufetes intermediarios con sobrecomisiones y más de un centenar de “intrusos”, parientes o amiguetes de algunos de los condenados que jamás habían pisado las factorías en crisis. Las responsabilidades sobre ese meridiano “robo” no corresponden a la sentencia conocida esta semana, sino que deben ser dilucidadas en las 124 piezas separadas que según fuentes del TSJA se instruyen en los juzgados sevillanos del total de 270 expedientes irregulares afectados por el caso ERE.

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Que aparezcan en cualquier encuesta los políticos y la política como uno de los principales “problemas” a juicio de la ciudadanía tiene mucho que ver con esa afición partidista y mediática a conectar el ventilador y a confundir y comparar los casos de corrupción. Y tiene que ver también con la ineptitud o ineficacia para recuperar el dinero público desviado. Sabemos que es complejo rescatar de Suiza o de las Islas Vírgenes millones de euros manejados por la trama Gürtel; y que lo será reintegrar los millones cobrados durante una década en Andalucía por empresas que ya no existen o por jetas que ya se han gastado lo percibidojetas. Lo que necesitamos es al menos comprobar que los responsables públicos hacen todo lo posible (y más) para restablecer lo que se ha dilapidado. Por eso es importante en el caso de los ERE aclarar si Susana Díaz hizo lo que debía al retirar a la Junta como acusación en la pieza política juzgada o esa decisión ha contribuido precisamente a que por el momento no se haya señalado ninguna responsabilidad civil (ver aquí).

Se atribuye también a Harold Wilson una frase que han repetido dirigentes de muy distintas siglas e ideologías: “Una semana es mucho tiempo en política”. En la realidad digital, un solo día es muchísimo tiempo. Desde la derecha se ha pretendido que la sentencia conocida el martes tenga efectos inmediatos sobre la (no) formación de un gobierno progresista. Suena más bien a una nueva excusa para esquivar cualquier presión ante la urgencia del desbloqueo político, sobre el que tendrá mucha más influencia lo que ocurra en las filas del independentismo y en las conversaciones entre el PSOE y ERC durante las próximas semanas. Ni Sánchez ni Junqueras deberían olvidar que, efectivamente, lo que se espera de los líderes es que (al menos) resuelvan más crisis de las que provocan.