Tienes un mensaje de Vox

Las hadas que habitan los calendarios han querido que casi a la misma hora de este miércoles 1 de julio se conocieran dos noticias acerca de Vox. Por una parte, la Junta Electoral Central decidía ordenar a Correos que distribuya de inmediato los sobres de propaganda electoral en Galicia y Euskadi retenidos por si los mensajes impresos por la organización de extrema derecha vulneraban derechos fundamentales (ver aquí). Por otro, la Fiscalía Superior de Andalucía anunciaba la presentación de una querella criminal contra el juez Francisco Serrano, a esas horas todavía presidente del grupo de Vox en el Parlamento autonómico, por un presunto delito de fraude de subvenciones públicas tipificado en el artículo 308 del Código Penal (ver aquí).

Esas dos noticias representan dos fórmulas muy diferentes de afrontar los riesgos que el fenómeno del nacionalpopulismo representa para la democracia. Se puede optar por perseguir, ignorar o poner sordina o incluso decretar un cordón sanitario en torno a toda la actividad y discurso de la extrema derecha. O se puede intentar desmontar cada falsedad en la que basan su discurso e investigar a fondo el ejercicio mayúsculo de hipocresía que practican, de modo que no quede en la impunidad una sola de las múltiples irregularidades que cometen sus dirigentes.

No existe a día de hoy una receta contrastada como idónea para minimizar la fuerza de ese populismo extremo y retrógrado que cala en las sociedades democráticas aprovechando las libertades para socavarlas (ver aquí). Alemania, marcada por la terrible historia del nazismo, es el ejemplo máximo de una respuesta contundente, que pasa por la ilegalización de toda ideología que niegue el holocausto o presuma de los principios criminales de los nazis. No se ha conseguido frenar en la misma proporción el auge del nacionalpopulismo. Francia o Italia han pasado por fases diferentes en las respuestas al fenómeno, sin lograr tampoco erradicarlo, o al menos evitar que condicione e influya en los gobiernos a distintos niveles administrativos.

La larga dictadura franquista podría ser un buen motivo para que en España se respondiera a la extrema derecha con las herramientas y argumentos de la democracia germana, dado que son evidentes e indisimulados los gestos y mensajes que desde Vox enlazan, ensalzan y justifican los crímenes del franquismo. Pero la doctrina constitucional asentada y acumulada ha preferido siempre poner por delante el derecho a la libertad de expresión y la protección de las opciones políticas más diversas. Y, humildemente, aunque admito que se trata de un debate absolutamente legítimo, coincido en que el mejor camino para derrotar a estos bárbaros no es estrechar la democracia sino ensancharla, sobre el esfuerzo, eso sí, de desmontar sus falsedades y de llevar a la justicia sus atropellos.

Cada vez que Vox consigue que una de sus provocaciones sea silenciada o bloqueada, utiliza de inmediato el victimismo para multiplicar el eco de una presunta censura o violación de su libertad de opinión política. Es el caso de la decisión de Correos de paralizar el envío de los sobres de propaganda electoral de Vox en Galicia y Euskadi, que contienen mensajes y afirmaciones tan graves como distorsionadas contra otras opciones políticas. La Junta Electoral no ha entrado a analizar si esos mensajes son o no falsos, o si el hecho de manipular la realidad para herir o mancillar el honor de diferentes adversarios electorales es suficiente para prohibir su difusión. Simplemente no ve que se vulneren “derechos fundamentales” y ordena que se proceda al envío de esa propaganda a cada elector. En caso de duda, democracia.

Insisto en la reivindicación y el valor de la duda, y en el hecho contrastable de que no existe una ciencia exacta a la hora de defender la democracia eficazmente frente a quienes, sin mayor disimulo, pretenden debilitarla. Dicho esto, me parece mucho más conveniente un camino quizás más lento, que exige más esfuerzo y paciencia, pero entiendo que puede resultar más eficaz en el objetivo de preservar la calidad democrática e incluso fortalecerla.

Se trata en ese sentido de lo que simboliza la segunda noticia del día citada más arriba. El juez Francisco Serrano, líder de Vox en el parlamento andaluz hasta este miércoles, tendrá que enfrentarse a la querella que ha presentado la Fiscalía por los indicios de delito contenidos en la obtención de una subvención pública de 2,4 millones de euros del ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets (combustible granulado de madera). La concienzuda investigación periodística desarrollada por nuestro compañero Ángel Munárriz en infoLibre fue acumulando datos y documentos que demostraban que el tal Serrano, creador del tan cacareado como insultante término de las paguitas (ver aquí) para demonizar a todas aquellas asociaciones que reciben ayudas públicas por servicios realizados a la comunidad, cobró esos millones sin llegar en ningún momento a construir la supuesta fábrica, ni siquiera a disponer de la maquinaria que decía aportar, ni plantearse jamás devolver la cantidad percibida del erario público (ver aquí el dosier completo). En román paladino: un jeta, uno de tantos que acostumbran en este país a disfrazarse de patriotas, siempre con el látigo preparado para atizar a la izquierda, al feminismo, a la igualdad de derechos, a lo público, al interés común… y siempre dispuestos a echar un capote a la violencia machista, a los franquistas reciclados, al trasvase de fondos públicos al negocio privado sanitario o educativo. Cuesta tiempo, constancia, paciencia, rigor… Pero todo llega. Y finalmente, el ‘juez estrella’ de Vox tiene que apartarse y asumir sus responsabilidades políticas y penales, aunque sin dejar, ¡faltaría más!, el escaño y el aforamiento que conlleva (ver aquí). En caso de duda, periodismo.

No se trata de una doble anécdota. Lo de Correos y lo de Serrano tiene que ver con la sustancia de una batalla cívica por una democracia sana. Se trata de los mismos que durante los meses más duros (hasta ahora) de la pandemia se dedicaron a incendiar las redes, a contaminar las conciencias, a sembrar el odio, a excitar la agresividad individual y colectiva a base de bulos, de distorsiones, de manipulaciones y, no pocas veces, de puras calumnias. Sostienen las encuestas que Vox no ha cosechado resultados de esa siembra, y que tampoco le ha lucido la estrategia al PP en su obsesión por competir con los pirómanos para no ser tachado de “derechita cobarde”. El tiempo dirá si es así. De momento, lo cierto es que Serrano, el de las ‘paguitas’, empieza a pagar por su desfachatez. Y Vox puede seguir ejerciendo su derecho político a la propaganda. Sin más censura ni más límites que la ley. Y procuraremos, cada cual desde su ámbito y su obligación cívica, que hagan el mínimo daño posible a lo que hemos construido, esa misma arquitectura de derechos de la que se aprovechan para intentar reventarla.