Razón de Estado
Si las cosas se hicieron bien, el asunto del espionaje a 65 personas vinculadas al procés no será juzgado mal por la opinión pública española –ni tampoco empeorará más la opinión de los independentistas catalanes, ya extremadamente deteriorada–. Para que las cosas se hayan hecho bien, la secuencia debe haber sido más o menos así: ante el peligro cierto de una ruptura de la unidad de la nación, el CNI dirigido entonces por el general Félix Sanz, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, habría pedido permiso al Tribunal Supremo para poder intervenir unos determinados números de teléfono. Ese permiso lo da desde 2009 un respetable magistrado llamado Pablo Lucas Murillo de la Cueva. El magistrado habría autorizado el espionaje y el CNI habría utilizado un software israelí llamado Pegasus, comprado, según parece, por seis millones de euros. Las escuchas habrían tenido lugar en distintos momentos entre 2016 y 2020, entrando ligeramente en el Gobierno de Sánchez.
La ley establece claramente que esas intervenciones, que implican una suspensión de derechos individuales, tienen que hacerse en esas condiciones de control previo y, además, por tiempos limitados, solo prorrogables con permiso de esas mismas autoridades judiciales.
Para un mayor control, está luego el Parlamento, con su Comisión de Secretos Oficiales, que supervisa en última instancia las actuaciones y controla el trabajo de nuestro centro de Inteligencia.
Si se hizo así, la ministra de Defensa lo explicará en esa misma Comisión y asunto concluido. Porque por mucho que duela a los independentistas afectados –realmente debe ser muy doloroso sentirse espiado–, la tarea central del CNI es hacerse con la información necesaria para proteger el interés nacional. Desde el siglo XVI a eso se le llama “razón de Estado”: la idea es que por encima del interés y de los derechos individuales está el interés colectivo de la nación, del Estado.
No será a gusto de los espiados, y tampoco de una buena parte de la población, claro está, pero en virtud de la razón de Estado puede justificarse, si es autorizado por la instancia judicial, y si es controlado por el Parlamento, que el Gobierno se defienda de los intentos de liquidar la unidad territorial y política de España, proclamada en la Constitución. Para ello podrán utilizarse los mecanismos opacos y oscuros de los servicios de información, muchas veces necesariamente al borde de la ley.
En virtud de la razón de Estado puede justificarse, si es autorizado por la instancia judicial, y si es controlado por el Parlamento, que el Gobierno se defienda de los intentos de liquidar la unidad territorial y política de España
Es más: si en aquellos días en los que los independentistas desafiaban imprimiendo papeletas en secreto, ocultando las urnas y confundiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se hubiera vigilado a los desafiantes, hoy estaríamos probablemente criticando su negligencia.
Algunos lo llaman “cloacas” para señalar el mal olor de esos lugares oscuros en los que se engaña, se simula y se husmea en secreto. Pero para que vivamos cómodamente en nuestras casas y abramos los grifos y de ellos salga agua limpia, alguien tiene que controlar también lo que no se ve: los desagües, las alcantarillas y las depuradoras.
Esa función ha de respetar los controles establecidos. Desde hace años, hemos sabido que el tal Pegasus es utilizado por gobiernos autocráticos para la persecución de los disidentes o de los periodistas críticos. Aquí en España hemos visto también cómo se manejaba información reservada y cómo se espiaba a los adversarios al margen de los controles institucionales. Si el Gobierno no ha incurrido en esas prácticas reprobables, no tendrá difícil justificar las escuchas ante los diputados y diputadas que controlan su actividad, ni ante los tribunales que eventualmente podrían juzgarle.
Ahora bien, quizá lo tenga algo más difícil para justificar su comportamiento ante los espiados, que, mira tú por dónde, son necesarios para la gobernabilidad del país. Si, como parece, esa “congelación” que Pere Aragonès ha anunciado en sus relaciones con el Gobierno de España es una escenificación temporal, no pasará nada; ahora bien, si no lo es, si realmente con el seguimiento de esos teléfonos el Govern piensa de veras que se ha traspasado una línea roja, y responsabiliza a Sánchez de los excesos de su antecesor, el Gobierno podría tener un problema serio de estabilidad. No obstante, la lógica dicta que siempre será mejor para los independentistas catalanes tener a Pedro Sánchez en Moncloa que permitir el ascenso de las derechas.
