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Desde la tramoya

Venezuela en el precipicio

Luis Arroyo nueva.

Hace algo más de un mes, Maduro convocó unas supuestas elecciones legislativas en Venezuela. El fraude fue de tal dimensión que sólo reconocieron el resultado países como Irán, Rusia o Cuba. Ni la Organización de Estados Americanos, ni la Unión Europea, ni ningún estado democrático reconoció legitimidad alguna a ese engaño sonrojante, que pretendía legitimar unas elecciones con los partidos políticos ilegalizados o intervenidos, con una autoridad electoral y unos tribunales al servicio del régimen, y un nivel de persecución política intolerables.

El régimen de Maduro es sencillamente una dictadura, que ya ni siquiera tiene un gramo de la épica que algunos veían en los primeros años de Hugo Chávez. No es solo una dictadura opresora y acusada por Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad, sino también una máquina de destrucción del que fuera el país más próspero de América Latina y que hoy es el más degradado. En solo una década Venezuela ha perdido tres cuartas partes de su producto interior bruto. Aunque tiene las mayores reservas petroleras del mundo, ni siquiera es capaz de suministrar combustible a sus ciudadanos, que sufren constantes apagones, cortes de agua y una vida diaria de escasez, racionamiento, corrupción, criminalidad y lucha por la mera subsistencia.

El mundo libre reconoce como último reducto democrático que queda en Venezuela a la Asamblea Nacional que se constituyó en 2015, tras las elecciones en las que las fuerzas democráticas de oposición ganaron dos tercios de los escaños. Maduro despojó de cualquier competencia a aquella cámara, y constituyó una nueva, que llamó “constituyente”, para terminar manejando a su antojo todas las instituciones del país. Apelando a la Constitución, el presidente de la Asamblea democrática fue proclamado presidente encargado de Venezuela hace ahora justo dos años, y reconocido como tal por el Parlamento Europeo y por más de sesenta estados, entre ellos España. Su labor era compleja pero nítida: llevar a su país a unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Juan Guaidó y los diputados elegidos democráticamente que resisten desde 2015 sólo piden para Venezuela lo que cualquier demócrata defendería: democracia, elecciones libres.

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Por eso, ante la última usurpación de Maduro, el mundo entero debería ponerse del lado de quienes defienden la democracia en Venezuela. Del lado de esos pocos centenares de políticos valientes que arriesgan literalmente su vida y su libertad para mantener viva la esperanza de que su país no caerá definitivamente en las manos del sátrapa, ni en el olvido de la comunidad internacional.

Es comprensible que los estados se muevan también por criterios pragmáticos, y que tenga la tentación de aceptar el hecho de que el régimen controla de facto las instituciones del país y que Guaidó, los diputados de aquella Asamblea legítima y las fuerzas democráticas por ellos representadas, son “solo” un símbolo. Pero sería un grave error abandonar a la población venezolana a las decisiones del dictador. La Unión Europea, a través de Borrell, justo el día de la ocupación de la Asamblea por los diputados del régimen, insistió en desconocer los resultados del fraude de diciembre y en reconocer a Guaidó y a los diputados de 2015 como líderes de la oposición democrática. Se prevé que el Parlamento Europeo vaya aún más lejos la semana que viene, reafirmando su apoyo a la Asamblea Legítima.

España, que es el país más influyente en la Unión Europea en materias relativas a América Latina, debería ser contundente al mantener el apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional de 2015 como institución soberana. No es solo cuestión de geoestrategia, sino también de principios. Solo la presión internacional, el apoyo mundial a la resistencia democrática venezolana, pueden evitar que el país se perpetúe como un estado fallido gobernado por una dictadura cruel.

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