En Transición

Estado de alarma autoritario vs estado de alarma protector

Cristina Monge

Los conceptos son resignificados en cada contexto. Especialmente en la era AC/DC (Antes del covid / Después del covid), donde las ópticas han cambiado radicalmente. El estado de alarma, que en otros momentos podía ser considerado por la izquierda un instrumento de represión y por la derecha una herramienta que justifica el poder del Estado, hoy se ha redefinido de forma sustancial. Mientras los primeros ven en él un instrumento de protección, los segundos lo han utilizado como un arma más para acusar al Gobierno de autoritario y bolivariano.

¿Cómo ha operado este cambio? Mi hipótesis: Por liderazgos en la derecha que no han sabido entender la gravedad de la pandemia y que han pensado —obviando todas las encuestas y estudios de opinión—, que la ciudadanía rechazaría medidas que limitan sus derechos; líderes y lideresas que acaban siendo populistas en tanto creen que la sociedad lo es.

Conforme las prórrogas del estado de alarma se iban sucediendo entre marzo y junio, sus detractores iban subrayando más la dimensión autoritaria y centralista de esta medida, factor que se agravó con un poco empático “mando único” y con la errónea asimilación en el imaginario colectivo del estado de alarma con el confinamiento domiciliario. La mejoría de la situación sanitaria, por un lado, y las enormes presiones económicas, por otro, hicieron que este instrumento, perfectamente legal y previsto en la Constitución, pasara a ser considerado por algunos partidos, entre los que se encontraban paradójicamente los conservadores, la quintaesencia autoritaria, demostración palpable de hasta dónde un gobierno “bolivariano” podía llegar. Eliminada la posibilidad de poder seguir prorrogando el estado de alarma, la gestión de la pandemia quedó entonces en manos de las comunidades autónomas, sin disponer el Gobierno de España de anclajes jurídicos seguros para gestionar muchas de las medidas a tomar, como tampoco había tenido nunca —ni tiene en estos momentos— control de una sanidad pública que siempre ha sido competencia de las autonomías.

Cuatro meses después, volvemos a vivir una situación extrema con un nuevo estado de alarma que pretende extenderse hasta mayo. ¿Lo entenderá la sociedad? Habrá que esperar a las encuestas para tener evidencia, pero algunas cosas invitan a pensar que sí. Para empezar, las medidas que se han ido tomando hasta el momento, pese a suponer restricción de derechos, molestias e inconvenientes, han sido mayoritariamente entendidas por la población, como han ido mostrando tanto el CIS como otros estudios. Pero hay otro dato más significativo: la batalla por el relato la han ganado quienes, ante la evidencia, han sabido entender el estado de alarma como un instrumento de protección, imprescindible ante la deriva de la pandemia. No creo que nadie pueda pensar que a un soberanista como Urkullu o a un independentista como Pere Aragonés les agrade solicitar al Gobierno de España la declaración del estado de alarma en sus territorios. Si lo han hecho ha sido porque no quedaba más remedio, considerando la gravedad de la situación y la necesidad de dar soporte jurídico seguro y solvente a las medidas a tomar.

Por el contrario, quienes hicieron del estado de alarma una batalla oportunista para ahondar en su crítica al Gobierno como “autoritario bolivariano”, no sólo han perdido el relato, sino que se han llevado por delante unos cuantos puntos de confianza en las instituciones.

Las distintas actitudes de las comunidades autónomas en este asunto dibujan un mapa que, más que dividido entre rojos y azules, muestra una neta diferencia entre aquellos territorios donde se cree que el estado de alarma es, hoy, una medida de protección para el conjunto de la población, y aquellos otros en los que tal cosa se niega porque sus gobernantes han decidido hacer de este instrumento jurídico una nueva arma arrojadiza contra el Gobierno. Y subyaciendo, la creencia de que la sociedad es caprichosa e ignorante y no entendería la adopción de medidas que impidieran salir por ahí fin de semana.

Cuando pase el tiempo y se tenga perspectiva será importante evaluar el daño que le hace a un Estado como este, de naturaleza profundamente federal, no disponer de los mecanismos que hagan real y efectiva dicha condición. Es cierto que la Conferencia de Presidentes y la Comisión de Coordinación Interterritorial pueden ayudar a paliar los déficits, pero ha habido que improvisar mecanismos a los que falta mucho engranaje y litros de aceite. Instrumentos como el estado de alarma han sido resignificados por líderes que han visto que no hay alternativas viables de forma inmediata, lo que no quita para que, ahora que la cobertura jurídica de las medidas a adoptar va a estar resuelta, se trabaje en buscar nuevas vías que permitan gestionar emergencias como esta sin necesidad de acudir a instrumentos con aristas tan polémicas.

El Partido Popular necesita entender el nuevo significado que ha adquirido en la sociedad española el estado de alarma. En la actitud que tomen tienen una magnífica oportunidad de mostrar a dónde llega en la práctica ese “hasta aquí hemos llegado” con el que Casado se distanció de forma súbita de la extrema derecha desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

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