Cómo va a ser ciega la Justicia mientras levanta la venda para contar el dinero

Cuenta Heródoto la historia dramática de Sisamnes, un juez prevaricador del reino de Persia que, como castigo por haber aceptado un soborno y dictar una sentencia injusta, fue despellejado vivo y su piel usada para tapizar el asiento en el que había presidido los procesos y en el que, a partir de entonces, tendría que sentarse su hijo y sucesor, que de esa forma tendría muy presente cuáles eran sus obligaciones y lo que le esperaba si las incumplía. Por suerte, la ley no es tan sádica en nuestra época, pero eso ha cambiado más que el comportamiento de algunos magistrados, una minoría, por suerte, que siguen trucando su balanza y dejándose guiar por sus intereses, sus filia y fobias o su ideología. Cuando hablamos de que en sus máximos órganos de gobierno los hay progresistas y conservadores, ya estamos dejando ver que su modo de actuación tal vez no sea ecuánime, dependiendo de si investigan a alguien más o menos cercano a sus ideas políticas. Y cuando, una vez tras otra, tanta gente tiene la sensación de que hay acusados de primera y de segunda categoría, se entiende que la calidad de nuestra democracia empeora. 

Del rey abajo, ninguno, se titula la obra más celebre de Francisco de Rojas Zorrilla, escrita en el siglo XVII pero ambientada en el XIV, durante el reinado de Alfonso XI. Hoy tendríamos que llamarla Del rey abajo, unos cuantos. ¿Por qué a José Antonio Griñán, del PSOE y en relación con los ERE de Andalucía, se le condena por lo mismo que se exonera a Esperanza Aguirre por la Gürtel y demás? ¿No hicieron, en todo caso, lo mismo: consentir o, al menos, mirar para otra parte, o no ser conscientes de lo que era su obligación saber y evitar que ocurriera? ¿Cómo lo que es delito en Andalucía no lo es en Madrid?

¿Por qué a José Antonio Griñán, del PSOE y en relación con los ertes de Andalucía, se le condena por lo mismo que se exonera a Esperanza Aguirre por la Gürtel y demás?

Los casos de corrupción entre los jueces son preocupantes, lógicamente, porque parece el colmo de los colmos que quienes tienen que hacer cumplir el Código Penal se lo salten. El episodio más célebre es el de Luis Pascual Estevill, sentenciado por sus delitos en la Cataluña de Jordi Pujol, que entonces era un santo envuelto en una bandera y hoy ya sabemos quién y qué es. Está el asunto de Javier Gómez de Liaño, inhabilitado por su acoso injustificado al grupo PRISA. Y cuyos recursos fueron desestimados por los tribunales Supremo y Constitucional, aunque fue indultado por el Gobierno de Aznar con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Y luego tenemos a Baltasar Garzón, que más bien parece la víctima de un sistema que no quería que siguiese adelante con su proceso a la dictadura del funeralísimo. Si hay algo sagrado para quienes, en cualquier orden de la vida, se han ido de rositas, es su impunidad.

Hoy día seguimos con manzanas envenenadas en el cesto de la Justicia. Está el juez Fernando Presencia, investigado por la Audiencia por difundir bulos contra sus antiguos compañeros, expulsado de la carrera, condenado dos veces por favorecer a sus amistades y sentenciado a dos años y dos meses de cárcel por denuncia falsa, a quien no se termina de parar los pies. Está el juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental, y pendiente de entrar en prisión desde hace más de doscientos cincuenta días, que asegura trabajar como abogado en el despacho de un exdirigente del Partido Popular de Canarias. Mientras el tiempo pasa, la prensa lo fotografía bañándose en las playas de la isla.

Y está el juez García Castellón, aún en ejercicio, al que se considera tan permisivo cuando se trata de investigar diferentes tramas del PP, al que parece muy cercano y que le nombró en su momento para varios cargos en Europa, como imaginativo —por decirlo suavemente— a la hora de buscarle tres pies al gato de Unidas Podemos. Sobre él pesan sospechas de parcialidad y numerosas llamadas de atención a cargo de instancias superiores. Tanto, que le han reprendido y llamado al orden por llevar a cabo sobreseimientos precipitados o por no practicar diligencias necesarias.

En su historial, no haber querido procesar a Augusto Pinochet o aparecer en las conversaciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como el juez al que quería encargar su caso por considerar que de esa forma saldría indemne. Su primera decisión fue rebajar la fianza que le habían puesto al hermano de González, implicado en el caso Lezo, de cuatro millones de euros a doscientos mil. La segunda, bajarle la suya a cuatrocientos mil para posibilitar que abandonase la cárcel en la que llevaba seis meses. También archivó la causa contra Juan Carlos I y las denuncias contra el presidente de Murcia, no hace casi falta decir que del PP, por su presunta implicación en la trama Púnica. Sus últimos empeños van encaminados a demostrar una financiación irregular de UP que, una y otra vez, es sobreseída por falta de pruebas o por resultar por completo inverosímil.

En muchas de estas ocasiones da la impresión de que además de impartir injusticia se derrochan sus fondos: todo el mundo con dos dedos de frente sabía que la querella contra la ministra Irene Montero, ahora también archivada, era un disparate y una pérdida de tiempo, pero siguió adelante. ¿Cuántos otros asuntos de importancia podrían haber atendido los funcionarios y el juez obligados a dedicar trabajo y recursos humanos y económicos a semejante majadería? La respuesta está en el viento, decía Bob Dylan. En estos casos, me temo que está mucho más abajo, en esa región siniestra que hemos bautizado como “las cloacas”.