Lo llaman el sistema y consiste en que la vajilla sea para unos cuantos y los platos rotos para el resto

“El crimen sin culpable no es una forma de justicia, sino su fracaso”.

Lo contrario de la política es el refranero, que nos dice que no se puede estar en misa y repicando o al plato y a las tajadas, que es imposible nadar y guardar la ropa o soplar y sorber a un tiempo. Pero desde que se inventó en China eso de “un país, dos sistemas”, es decir, que el río tenga una orilla capitalista y otra comunista, porque da igual si el gato es negro o blanco mientras cace ratones y eso hace posible tener a un lado Hong-Kong y al otro la plaza Tiananmén llena de tanques –menos mal que también se llama plaza de la Puerta de la Paz Celestial–, el modelo se sigue al pie de la letra y, en el fondo, el neoliberalismo es justo eso: que los beneficios sean privados y las pérdidas públicas, que la vajilla de porcelana sea para unos cuantos y los platos rotos para el resto.

¡El armador, el almirante y sus oficiales primero!, se grita cada vez que hay un naufragio económico, y eso permite, por ejemplo, que los cinco principales bancos de España, Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank y  Bankinter, hayan ganado en los primeros seis meses del año once mil millones de euros, que su directivos y accionistas se dispongan a repartirse dividendos de entre el treinta y el cincuenta por ciento de esa cantidad y, a la vez, por mucho que parezca mentira que se les permita hacerlo, que ya hayan despedido a más de quince mil trabajadores y se preparen para echar a otros cuantos de aquí a diciembre. La última vez que salió cruz, al venirse abajo las cajas de ahorros, mandaron a la calle a dieciocho mil empleados.

Las noticias que explican que el mundo está partido en dos pero no por la mitad, porque la parte de la minoría es casi todo y lo que le toca a la mayoría es casi nada, abarcan todos los espacios. Si vas a la zona energética, el precio de la luz sigue aumentando y ayer mismo volvió a batir todas sus marcas, pero nadie frena a los oligopolios-vampiro que saquean el país entero, casa por casa, y los sucesivos Gobiernos se dedican a marear la perdiz y esquivar la creación de una empresa nacional de electricidad que les corte las alas a los buitres.

Si te desplazas unas casillas más allá, al campo de la sanidad, te encuentras con que el Comité de Bioética –una pareja de términos inquietante en sí misma–, que es órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Sanidad, avala que la Iglesia declare "libres de eutanasia" sus hospitales, las autoriza a "imponer su ideario" a los profesionales que ejerzan en sus centros y recalca que nada de eso debe influir en las ayudas que reciban ni alterar los conciertos con que se financian. A Dios rogando, con el mazo dando y con el cazo recaudando.

Y qué decir de la Justicia, cuyas últimas decisiones han sido que el tesorero Luis Bárcenas financió irregularmente al PP sin que el PP se enterase y que el comisario Villarejo lo espió para ellos a título personal; o sea, algo del corte de lo que pasó cuando no se pudo demostrar que M. Rajoy fuese Mariano Rajoy, que Ana Mato supiera que tenía un Jaguar sospechoso en el garaje o que la infanta Cristina se hubiese dado cuenta de que vivía en un palacio que era imposible que pagaran su sueldo y el de su esposo. Podrían ponerse tantos ejemplos que no hace falta ninguno más: ya nos los sabemos todas y todos. Pero lo que resulta cada vez más obvio es que aquí se ha inventado el crimen sin culpable, que no es una forma de justicia, sino su fracaso.

Ni siquiera los hay en el caso Kitchen, donde el juez de la Audiencia Nacional encargado de las diligencias llega a la conclusión de que “la operativa era permitida por el secretario de Estado de Seguridad, con el conocimiento del ministro del Interior”, pero no parece que la cosa vaya a ir mucho más allá. Hablamos de una trama en la que se usaron fondos reservados, que es muy dudoso que tengan que existir –son casi veintiocho millones anuales–, cuyo destino, en todo caso, es proteger la seguridad del Estado ante posibles ataques terroristas o cualquier otro intento violento de desestabilizarlo, para convertir a policías en parapolicías, espiar a Bárcenas hasta en la cárcel donde estaba preso, sobornar a su chófer con una paguita de dos mil euros al mes, gastos aparte, o tratar de destruir los documentos y grabaciones comprometedoras que supuestamente tenía en su poder, todo ello con la impunidad y falta de transparencia absolutas que señala el instructor en su escrito, donde consta que “se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control” de ese dinero “que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales." Que eso se quede en nada lo explicaría todo, entre otras cosas el bloqueo del poder judicial por parte del PP. Qué espectáculo.