Militancia política dentro del CGPJ
No ocurrirá, pero el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, tiene motivos de sobra para reprender a los ocho jueces conservadores que acaban de pedir por escrito forzar un pleno extraordinario contra la ley de amnistía vulnerando los límites y funciones del órgano de garantías. Otro asalto más de los conservadores nombrados por el PP con un tema de intensa sensibilidad jurídica como es una amnistía. En el escrito, cuestionan a Pedro Sánchez sobrepasando su rol como vocales, el sistema de mayorías parlamentarias y cargan contra una ley que no conocen porque no está registrada. El pleno además estaría fuera del tiempo y de la forma, porque ninguna institución les ha pedido un informe. Son los mismos jueces que, con impunidad, bloquearon durante meses la renovación del Tribunal Constitucional. Los ocho de los diez conservadores a propuesta del PP desafiaron a Carlos Lesmes y confabularon en un restaurante, de noche, cual logia en rebelión, el bloqueo para amarrar unas mayorías conservadoras en el Constitucional y en el CGPJ, con cerca de 1.800 días sin renovar, vulnerando el mandato de la Constitución.
No han guardado las formas, ni los tiempos. La ley de amnistía se registrará previsiblemente esta semana en el Congreso y empezará su andadura de tramitación parlamentaria. De manera que no es solo el texto actual, sino cómo quede tras su tramitación; si hubiera de pronunciarse el CGPJ, estos ocho vocales conservadores es fácil que fueran recusados para informar sobre un texto del que se han posicionado antes de conocerlo.
El escrito de los conservadores del CGPJ es un acto de pura militancia política porque se excede en el contenido y en sus funciones. Es preocupante que se movilicen políticamente contra la amnistía antes de conocerla, pero es más grave que lo hagan excediendo los límites del Consejo. Nadie les ha preguntado, ninguna institución ha pedido un dictamen. El escrito es un manifiesto más acorde con las movilizaciones convocadas por PP y Vox contra la amnistía que con las formas de un órgano constitucional. Entre sus cometidos está la labor de garantizar la independencia de los jueces, justo lo que vulneran, una función consultiva y de mejora de calidad de la justicia. El pleno extraordinario no entra en ninguno de estos cajones.
El debate de la ley de amnistía tiene una dimensión de tal calado que merece más altura que la de estos ocho vocales conservadores. Si han decidido jugar en el barro de la política en lugar de las alturas judiciales, están desvirtuados de antemano
Los jueces del Consejo no pueden manifestar opiniones partidistas, menos personalizadas, haciendo uso de su puesto. El escrito va más allá y ataca también el sistema parlamentario cuando dice que Sánchez confunde el interés de España con el suyo. “Para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política”. Como si la investidura del PSOE no tuviera derecho a buscar una mayoría de 176 escaños con el mismo derecho que Feijóo tuvo en la suya. Esa “abolición del Estado de derecho” anunciada por los vocales, convierte -dicen- “nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España”. Decir esto es un exceso verbal y valorativo que debería ser sancionado. Porque si los vocales se pueden expresar como en una tertulia o en un bar, igual es el lugar que les corresponde y no el máximo órgano de los jueces.
Este miércoles han señalado a Sánchez, mañana señalarán a Conde-Pumpido. La movilización conservadora del CGPJ va acompasada con la estrategia del PP de difamar al Tribunal Constitucional, poniendo en el punto de mira a la institución. Acusan a Cándido Conde-Pumpido de asesorar en la redacción de la ley de amnistía e intercambiar papeles con el abogado de Carles Puifdemont para después no reconocer las sentencias que emanen del Constitucional. El juez del Supremo de corte progresista José Manuel Bandrés advirtió ya hace meses que “los jueces del CGPJ no pueden ocupar puestos para hacer política partidista”. Pero ahí estamos. O más bien, seguimos.
El Estado de derecho es un todo. Si son los jueces y vocales, máximos garantes de esa pulcritud en las garantías, quienes se saltan esa independencia, con excesos verbales que tapan cualquier argumento de ley, convierten en rifirrafe político lo que debe quedar en deliberación constitucional. El debate jurídico de la ley de amnistía tiene una dimensión de tal calado que merece más altura que la de estos ocho vocales conservadores forzando un pleno. Si han decidido jugar en el barro de la política en lugar de las alturas judiciales, están desvirtuados de antemano. Y la estrategia de descrédito contra Conde-Pumpido se vuelve contra ellos sin ayuda de nadie.
