¿Es la democracia una rémora para las políticas ambientales?

Intervengo en el debate abierto por un artículo de Sánchez Cuenca sobre las relaciones entre los problemas ambientales que constituyen causa de preocupación ciudadana, de un lado, y la democracia política y su funcionamiento, de otro. La cuestión, sumariamente planteada, vendría a ser si la democracia política y sus prácticas y métodos de funcionamiento estaría capacitada para hacer frente a los problemas ambientales o si, por el contrario, un gobierno de expertos no sometidos a la "presión de las urnas" y el tiempo legislativo estaría en mejores condiciones de afrontar los largos períodos de implementación y maduración de las políticas ambientales. Se aduce en apoyo de esta última posición el ejemplo de la UE siempre en la vanguardia de las políticas ambientales, liberada como está la Comisión de la presión de las urnas y el efectivo control del Parlamento. Se trata de una posición que va generando adeptos[1], que sostiene que la democracia no puede identificarse/reducirse a instituciones electivas y que, para su correcto funcionamiento en las sociedades complejas son necesarias otras cuyos criterios de legitimidad son el conocimiento y el saber experto; el BCE suele citarse como el mejor ejemplo al respecto.

Creo necesario, antes de nada, señalar las restricciones que para una adecuada inteligibilidad del fondo del debate representa este planteamiento. En primer lugar por lo que concierne a la equivalencia entre elecciones y democracia seguramente resultado del achicamiento de este último concepto como consecuencia del largo período de hegemonía neoliberal. Para no hacer excesivamente abstracta la discusión utilizaré un ejemplo relacionado con la gestión de las aguas. Basta para calificarla de democrática que la misma esté encomendada a gobiernos salidos de elecciones o sería preciso, además, ¿asegurar la participación efectiva de las poblaciones que viven a lo largo de la cuenca hidrográfica?

Pero no se trata de un mero requisito formal, de asegurar mayor participación para "mejorar la calidad de la democracia", con ser ello importante. A lo que nos enfrentamos con esto que estamos llamando "problemas ambientales" es a un cuestionamiento nuclear de la lógica del sistema económico imperante por los efectos en muchos casos ya irreversibles sobre los procesos ecológicos esenciales que son la condición de posibilidad de la supervivencia de nuestra especie.

Ese conjunto de efectos que la economía convencional había despachado como externalidades y que ha pretendido resolver a través de mecanismos de asignación de derechos de propiedad y mercados de derechos (con los resultados conocidos en el caso de los derechos de emisión CO) cuestiona asimismo la lógica de la gobernabilidad tal y como opera en las sociedades contemporáneas con la separación entre gobernantes y gobernados. Por cuanto afecta al conjunto de las actividades humanas, la crisis ambiental supone un desafío que no puede ser afrontado con sociedades de consumidores pasivos e irresponsables de los efectos y consecuencias de sus actos.

La exigencia democrática, así, desborda su dimensión reivindicadora de derechos para plantearse como una exigencia de responsabilidades. El gobierno de la casa común no es algo que podamos encomendar a este o aquel partido, como contratamos con tal o cual compañía el suministro de gas y electricidad, es algo que nos compromete y demanda nuestra participación activa y consciente.

Por lo demás los gobiernos tecnocráticos no se han distinguido precisamente por su energía en acometer políticas serias para poner el freno a los efectos devastadores de la crisis ecológica. Las ilusiones despertadas por la cumbre de Río en 1992 se han ido apagando y la ausencia de presión de las urnas y los "tiempos largos" de los que disfrutan estos gobiernos no han rendido los frutos esperados. Estos gobiernos no sufren la presión popular pero si la de los mercados financieros; más aún su comportamiento ha sido, en general, más el de vicario de estos mercados que la expresión de esta mirada larga que les atribuyen sus propagandistas.

Es el funcionamiento del sistema económico imperante el que manifiesta efectos incompatibles con los ciclos vitales y los procesos ecológicos esenciales. Ese sistema que para mantener su motor en marcha está obligado a mantener un consumo exorbitado de combustible fósiles: este año hemos alcanzado la cifra récord de gases efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 403 ppm. Y ello es en buena medida debido a que las cadenas de valor se alargan cada vez más, consumimos artículos producidos a miles de ms y cuyo empaquetado mantenimiento y transporte suponen un elevado nivel de consumo de energía y de emisiones CO. El sistema es, así, cada vez menos eficiente en términos de consumo de energía y materiales por unidad de PIB.

Es esta lógica, creo, la que debe ser cuidadosamente evaluada en lo que concierne a su compatibilidad con los procesos ecológicos esenciales. La idea de que las políticas ambientales, científicamente programadas e implementadas, podrían atajar la devastación ecológica en curso ha sido una ilusión vigente en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, pero la propia cumbre de Río evidenció sus limitaciones habida cuenta de la fuerte determinación que los Estados y sus políticas sufrían por la arquitectura económica global y la presión de los mercados financieros.

Como vienen siendo habituales en la historia del neoliberalismo, cada crisis o disfunción en su funcionamiento se ha superado aumentando la dosis de la lógica responsable de tal crisis o disfunción. De tal modo la constatación del alarmante aumento del nivel GEI en la atmósfera dio lugar en el bloque geopolítico más avanzado ambientalmente, la UE, a la puesta en marcha del mercado de derechos de emisiones (MDE), un instrumento que, para decirlo en corto ha servido para que Endesa, principal emisor de CO en España, haya podido vender derechos de emisión generados por sus inversiones en "mecanismos de desarrollo limpio", en la práctica grandes embalses generadores de electricidad y negadores de valles, cultivos y poblaciones en América Latina.

Es verdad que el tiempo de una legislatura es excesivamente corto para la puesta en marcha de eficaces y sostenibles políticas ambientales cuyos períodos de maduración son frecuentemente largos. La cuestión, sin embargo, es que las políticas y las normas que se implementan para luchar contra la degradación ambiental no son políticas neutrales, están determinadas por la ideología del partido gobernante y los intereses sociales que los representan. Un par de ejemplos ilustraran este aserto.

La Ley de Costas de 1988 en aplicación del artículo 132 de la Constitución establece un régimen jurídico demanial en el litoral como elemento de protección de los sistemas naturales que alberga y un régimen de concesiones cuyas condiciones deben adecuarse a la conservación de estos sistemas. Con el acceso del PP al gobierno del Estado, la ley ha sido modificada para atemperar este régimen de protección y permitir la continuidad de determinadas actividades económicas que representan una amenaza para esta conservación[2] en parecido sentido ha operado la modificación de la Ley de Montes acortando el periodo de tiempo durante el cual se prohíben la recalificación urbanística de las superficies forestales afectadas por el fuego. Se trata, en definitiva, de una cuestión determinada por la relación de fuerza entre actores políticos y agentes sociales más, menos o nada comprometidos con la conservación del medio ambiente.

La solución, en pos del objetivo ambiental sería consagrarlo al más alto nivel normativo en la propia Constitución, como un derecho subjetivo asociado a la dignidad de la persona, así como un mandato a los poderes públicos estableciendo una obligación fundamental y garantizando su efectividad mediante el establecimiento de mínimos de dotaciones de recursos en los presupuestos generales del estado.

Pero no se trata de solo de conseguir nuevos derechos y consolidar los existentes. La protección del medio ambiente debe consagrarse como uno de los fundamentos del Estado en la Constitución. A los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político que proclama el artículo 1.1 deberían sumarse o añadirse la armonía con los sistemas naturales que albergan nuestra existencia colectiva.

Por un gestión inteligente de la sequía en España (y II)

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Es hora de reconocer como fundamento mismo de nuestra constitución como pueblo la condición que estos sistemas ostentan de posibilidad de la convivencia colectiva y sacar la consecuencia de que su conservación es una obligación primera para los poderes públicos. Pero no solo para los poderes públicos. La ciudadanía debe suponer, junto a su condición de portadora de derechos, la exigencia de responsabilidad en el cuidado de nuestra casa común. Tal vez fuera esa la definición del patriotismo más acorde con nuestra época. _________José Errejón es administrador civil del Estado.

  [1]Valga como ejemplo el libro de Innerarity “La democracia en Europa”.

[2] Por ejemplo la papelera de ENCE en la Ría de Pontevedra.