No son fallos del sistema: falla el sistema

Vuelve a ser esta una semana horrible. En apenas tres días han sido asesinadas tres mujeres, la hija de una de ellas, y la de otra se encuentra en el hospital con pronóstico reservado. Ya son 1240. De las 54 asesinadas este año, 40 no habían interpuesto denuncia, tan solo 4 tenían medidas de protección vigentes en el momento del feminicidio, y constituyen la parte más dura de las casi 500 denuncias que se producen al día en nuestro país por violencia de género. Esta aproximación estadística simple sirve para explicar cómo el sistema es insuficiente, insostenible, fallido.

Si miramos lo que hay detrás de esas cifras encontramos el miedo a interponer denuncias, y la debilidad de un sistema que exige valentía para acudir al mismo, pero que resulta incapaz de garantizar que va a proteger a las denunciantes, desde el primer momento, sin que lo soliciten, de manera directa y tras una valoración previa de las circunstancias de las victimas y de las mejores formas de mantenerlas a salvo.

También están las que no acuden al juicio porque no se les facilita siempre no tener que encontrarse cara a cara con el maltratador, y tienen que declarar a pocos metros de su peor pesadilla. Es normal también que no recuerden, que se bloqueen, que no quieran revivir o que teman las consecuencias de lo que han de explicar, y no siempre hay un o una fiscal o jueza que se preocupen de solicitar o adoptar de oficio las medidas suficientes, de practicar pruebas, y desde luego de poner al gabinete psicosocial a disposición de la investigación para que desgrane los peligros y permita analizar los riesgos y las coberturas. Tampoco los letrados de oficio, siempre voluntariosos, tienen ni el tiempo ni los medios para poder atender como merecerían estos asuntos que por suceder en la privacidad ofrecen dificultades probatorias. No siempre hay “heriditas” como pruebas de cargo, lo que puede permitir dar carpetazo a procedimientos rápidos y superficiales que no se detienen en lo que hay detrás de cada una de las víctimas.

Es obvio que falta perspectiva de género, formación, medios y compromiso cierto en todas las fases del procedimiento, en todos los operadores policiales, jurídicos, médicos y sociales para evitar crear más sufrimiento

En definitiva, se les pide ser valientes para afrontar un proceso policial y judicial que no lo es a su vez, y que a veces parece tratar en igualdad de condiciones al agresor y a la víctima, como si fueran incompatibles las medidas de protección con la presunción de inocencia. No es que sean cobardes, es que no se les puede exigir lo que el sistema no hace. Tan solo hay 108 juzgados especializados en violencia de género, de los 409 que previó la ley de igualdad 1/2004, y solo 32 de lo penal. Ha habido hombres absueltos, mujeres sin protección que finalmente han sido asesinadas, y ni una sola sanción a quienes intervinieron o tuvieron responsabilidades por acción u omisión en los asuntos. 

Es obvio que falta perspectiva de género, formación, medios y compromiso cierto en todas las fases del procedimiento, en todos los operadores policiales, jurídicos, médicos y sociales para evitar crear más sufrimiento, revictimizar, que continúen las violencias o que finalmente se produzcan más muertes. Falta la intervención de expertas y expertos, seguimiento de los casos, análisis de lo que sucede, información a todas las mujeres de los instrumentos que existen a su disposición. Falta conciencia colectiva de la gravedad de una situación que no mejora de manera relevante, y que levanta el odio y la burla cada vez que se dan pasos en el intento de atajarlo.

En este sentido, es fundamental la educación en los hogares, en las escuelas y también la responsabilidad de los medios de comunicación. No dar voz a los negacionistas, no hacer titulares que blanquean los asesinatos, que ponen el foco en la víctima o que critican la inversión pública en prevención o cualquier política igualitaria que pretenda frenar la raíz del problema: el machismo estructural que empapa todas las capas sociales y para el que no se buscan más culpables que quienes lo ejercen, cuando es una responsabilidad común detectarlo y no permitirlo

La violencia de género es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres. La más grave e importante ruptura del sacrosanto principio de igualdad que efectivamente exige nuestra Constitución como pilar de nuestra democracia. La igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: trabajo, tiempo, conocimiento, poder y salud son mandatos ineludibles de todo nuestro ordenamiento, y su efectividad está lejos de haber sido alcanzada. Por eso no podemos decir que hay fallos en el sistema y mirar hacia adelante. Cada asesinato es único, es una vida rota, es un fracaso colectivo.