El Estado es la cuestión Luis García Montero
La universidad pública o el último Versalles
“Cuidad bien de mi pobre Versalles”, parece que suspiró Luis XVI cuando abandonaba el palacio hacia París. Los que tuvimos que irnos de la universidad pública debido a la crisis podríamos haber pronunciado con aquella misma falta de esperanza “cuidad bien de mi pobre Complutense”, “cuidad bien de mi pobre Autónoma”, porque por desgracia sabíamos ya lo que le esperaba a la universidad pública en manos del PP madrileño.
La situación de la universidad española puede no ser la noticia más urgente del día, pero pocos discutirán que es desde luego importante. La nueva Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid ya se había presentado en septiembre, según la web institucional, “para defender la libertad y excelencia frente al “lastre” de la LOSU”. “Lastre”: así rotulan en la sección de novedades de la acción de gobierno en la Comunidad de Madrid, como en una sección de tertulianos de opinión y no como lo que debería ser un repositorio de acción institucional dirigido a todos los madrileños. Dejando eso aparte, la argumentación de Díaz Ayuso es que la LOSU supone un enorme impacto económico, unos 100 millones para las universidades públicas madrileñas. Lamenta, en una argumentación que anticipó el Rector de la UCM hace unas semanas, que el Gobierno de España no ha aportado financiación. Las competencias de financiación de universidades están transferidas a las comunidades autónomas, pero esto es lo que ocurre cuando se carece de un sistema robusto de inversión pública y no se tiene ninguna intención de solventarlo.
Pero, ¿para qué necesitan dinero las universidades? La LOSU obliga a que el personal funcionario supere el 50% y el personal temporal no supere el 8%. Es decir, funcionario o no, el 92% de los profesores universitarios deben tener un contrato indefinido. Discutible en otros aspectos, este punto de la ley es necesario. No parece tanto pedir ante la nefasta situación de la carrera docente e investigadora en España: hasta ahora, casi la mitad del personal docente era temporal, la media de acceso a la primera plaza docente se acercaba a los 40 años y los profesores asociados constituían una cuarta parte del total del profesorado, cobrando menos de 500€ al mes y en muchos casos en régimen de falsos asociados. Cuando uno habla con colegas europeos de esta situación, no dan crédito.
Las competencias de financiación de universidades están transferidas a las comunidades autónomas, pero esto es lo que ocurre cuando se carece de un sistema robusto de inversión pública y no se tiene ninguna intención de solventarlo
¿Cómo va a lograrse la necesaria estabilización del profesorado que exige la LOSU? Solo en la UCM harían falta unos 30 millones. La situación es tan dramática que ni siquiera se ha presentado un plan plurianual de estabilización y promoción, como era habitual, y se ha limitado a 2024, sin saber todavía cómo va a financiarse. Los presupuestos no cubren los gastos. El gobierno autonómico asfixia a la universidad pública, que en el capítulo de gastos fijos no recibe ni lo suficiente para cubrir el total de los salarios de la plantilla.
Si hablamos de acceso a la educación superior, la perspectiva es igual de desoladora: Ayuso saca pecho con que doblan el presupuesto en becas socioeconómicas (6 millones), pero así solo igualan lo que ya destinaban a becas de excelencia (6,7 millones), que solo alcanzan a los estudiantes más favorecidos, y sigue siendo irrisorio en comparación con otras comunidades. Lo que el PP llama “libertad” ya sabemos lo que significa: continuar con la subvención enmascarada de la educación de las capas más favorecidas, como ya hacen con las becas para Bachillerato en centros privados, o fomentar la explosión de universidades privadas (ya 13 en la Comunidad de Madrid) que en muchas ocasiones no cumplen criterios académicos mínimos.
Los reyes tuvieron que huir de los palacios, pero el PP intenta convertir a la universidad pública en un último Versalles donde atrincherar políticas segregadoras y precarizadoras. Tanto es lo que está en juego.
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Clara Ramas San Miguel es filósofa, política, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y autora del ensayo 'Fetiche y mistificación capitalistas. La crítica de la economía política de Marx' (Editorial Siglo XXI). Acaba de traducir y publicar también una edición de 'El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx' en la editorial Akal.
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