La Europa social avanza con el salario mínimo
La Unión Europea avanza y lo hace con una mirada socialdemócrata. Pese a que esta legislatura el foco informativo se haya centrado en la pandemia y en la invasión de Rusia a Ucrania, hay también buenas noticias y llegan desde Bruselas. De hecho, en las dos principales crisis de estos últimos años, desde el corazón de Europa han llegado principalmente buenas noticias frente a las grandes dificultades que responden a un cambio de paradigma en la política económica de la Unión. Y ahora también en materia de empleo.
Si en 2012 la Comisión Europea, en pleno retroceso hacia la austeridad, recomendaba recortar los salarios y la cobertura de la negociación colectiva, ahora da un nuevo giro histórico en su política laboral. La aprobación de la Directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados supone un nuevo antes y después hacia una Europa más social que prioriza el bienestar de los ciudadanos sobre parámetros cortoplacistas.
Lo pedíamos prácticamente todos los ciudadanos: nueve de cada diez europeos queremos que la UE haga más para luchar contra la desigualdad. Lo pedían los sindicatos, con constantes movilizaciones. Y lo pedíamos también los socialistas como condición para apoyar la investidura de Ursula Von der Leyen: la presidenta de la Comisión Europea se comprometió con nosotros y, por fin, tenemos una norma que tendrá un impacto positivo para 24 millones de europeos, especialmente jóvenes y mujeres.
La Directiva tiene dos objetivos principales. El primero, asegurar que cada Estado Miembro dispone de salarios mínimos adecuados, aquellos que deben permitir a los trabajadores y trabajadoras vivir dignamente fijando criterios para calcular qué es un salario decente en cada país: el poder adquisitivo, el nivel de salarios y su distribución, su tasa de crecimiento y la productividad nacional a largo plazo. La Directiva considera que un salario mínimo adecuado tiene que ser, por lo menos, el 50% del salario medio bruto de un país y el 60% de su salario mediano bruto. La introducción de estos valores de referencia en la Directiva ha sido la demanda clave del Grupo Socialista.
Supone un nuevo antes y después hacia una Europa más social que prioriza el bienestar de los ciudadanos sobre parámetros cortoplacistas
El segundo, reforzar la negociación colectiva para aumentar el número de trabajadores protegidos por convenios colectivos, fijando el objetivo en un mínimo del 80%. Actualmente, solo 6 de los 27 Estados Miembros llegan a una tasa de cobertura de la negociación colectiva del 80% o más, siendo España uno de ellos.
Antes de entrar en vigor, la Directiva ya tuvo impacto. Países con esquemas salariales por debajo de los objetivos como Alemania, Bélgica o Irlanda, ya anunciaron que en los próximos meses o años subirán su salario mínimo. Por lo que respecta a España, nuestro Gobierno ya se adelantó con los recientes incrementos del SMI que nos han dejado por encima de la referencia de la norma europea. Sorprenden todavía los ecos de aquellos que se han opuesto sistemáticamente a ello los últimos años.
Europa ha cambiado y mira al futuro con ambición. Después de los retrocesos de la Gran Recesión hoy se empieza a dar una oportunidad a la Europa social. Una Europa que sí se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos.
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Alícia Homs es eurodiputada balear (S&D - PSOE)
